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Se acumulan los problemas

La renovación democrática exige de ciudadanos responsables que entiendan la democracia como una forma de convivencia

Es inconcebible que se repita una y otra vez que no se puede poner coto a los paraísos fiscales mientras se mantienen leyes como las relativas a la rentabilidad de activos en el extranjero que legalizan las prácticas más insolidarias

Sin un plan para la Unión Europea, las propuestas de política económica para España siempre estarán sometidas a la autorización de otros

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Se acaba el año aunque parecía que este momento no iba a llegar nunca. Y se acaba a lo grande, con elecciones generales. Esta circunstancia que en otros momentos no ha supuesto ninguna emoción especial, este año la tiene y mucha, casi exagerada.

A ello está contribuyendo la aparición en los sondeos de importantes novedades en cuanto a los contendientes, sus líderes y su forma de hacer política. O eso nos dicen quienes se ocupan de contarnos lo que todos vemos. Se presenta como novedad la aparición de nuevas ofertas políticas, cuando en eso debiera de residir el debate democrático, en la permanente renovación de las propuestas antes la perdurabilidad de los problemas o la aparición de otros nuevos. Que se renueve el liderazgo de los partidos políticos no es ninguna sorpresa, quizá lo sorprendente haya sido la continuidad de alguno de ellos desde los años ochenta hasta la actualidad, pero no su renovación. Y lo de nueva forma de hacer política parece tener más relación con el uso de las nuevas formas de comunicación social que con los contenidos mismos.

Es decir, más que novedoso, digamos que, como corresponde a una sociedad avanzada, se han renovado las caras y las formas, pero ¿algo más? De lo visto y oído hasta la fecha, parece que se está produciendo un debate sobre tres puntos que, unos más a gusto y otros más forzados, se están incorporando y asumiendo en las distintas propuestas: la regeneración democrática, la persecución de la corrupción y la atención a las políticas sociales. Todas ellas tienen relación directa con un problema: el distanciamiento de la gente respecto de la política, motivado por la sensación de inutilidad de la participación en los asuntos públicos. Este distanciamiento se explica por la sensación de que las decisiones políticas obedecen más a intereses particulares que a los generales. Con un resultado a la vista de todos: las puertas giratorias. Bienvenido sea este esfuerzo.

Es obvio que la sociedad democrática valora la renovación del liderazgo, al igual que se aprecia la transparencia en la gestión de los asuntos públicos y también de los privados de quienes ocupan, por decisión colectiva, cargos públicos. Menos obvio resulta la negación a rendir cuentas en los periodos electorales –tanto por parte de los gobernantes como de sus opositores-, cuando sin ello la democracia queda inevitablemente deteriorada.

Hay sin embargo un conjunto de asuntos de distinto alcance que nunca se discuten o no con la profundidad que merecen. Por seleccionar algunos de ellos, participan de esta condición la visión sobre la Unión Europea, la renovación económica relacionada con la innovación tecnológica y la viabilidad del estado de bienestar. No se quiere decir que no se señalen, pero no son temas sujetos a discusión.

El contexto europeo

La Unión Europea es el marco institucional y contractual en el que se diseña la política económica de España. Es una obviedad que el euro es la moneda española, es como lo es que el Banco Central Europeo es el banco central de España, ¿es también una obviedad que las decisiones del Baco Central Europeo son las que necesita España?

Los presupuestos de la economía española son “supervisados” por la Comisión Europea. ¿Solo cabe admitir los criterios de supervisión de este organismo de funcionarios? ¿No se puede pretender modificarlos? ¿Se ha de renunciar a una estrategia para la Unión Europea desde la perspectiva de cada una de las formaciones políticas españolas?

Desconozco cómo se pueden admitir las propuestas programáticas de impacto presupuestario y con exigencia en cuanto a su compatibilidad con la política monetaria del BCE sin incorporar propuestas que las haga posibles desde el propio acuerdo de integración europea. Por tanto, hay que reconocer que sin un plan para la Unión Europea, las propuestas de política económica para España siempre estarán sometidas a la autorización de otros. No se trata de un asunto menor ni técnico, se trata de la gestión de los recursos económicos de una nación desde sus propios intereses colectivos, representados en su Parlamento.

Apuesta por el conocimiento

De otra índole es, sin duda, el problema del modelo productivo: ¿cómo queremos que sea la economía española?. Lamentablemente, parece que estamos retrotrayéndonos al modelo de los años sesenta: emigración (ahora bien formada aunque en su mayor parte se ocupa en empleos no cualificados fuera de España), turismo extranjero (inglés y francés) y exportaciones de coches, productos agrícolas y alimentos, y derivados de petróleo, y en más del 60% a la Unión Europea. Muy bien, estamos en la UE y nos aprovechamos de ello. Pero la dinámica internacional va por otros derroteros, aparecen nuevos polos de actividad, particularmente en el Pacífico. Y sobre todo, la innovación tecnológica amenaza a los sistemas tradicionales de producción y con ellos a los empleos.

Parece que el único problema sea el abandono escolar o la posición en el ranking PISA, cuando se ha de plantear con urgencia la necesidad de que sea el conjunto de la sociedad española la que asuma la necesidad de apostar por el conocimiento. Este se ha de prolongar durante la vida de todo individuo y sobre el debe descansar no solamente la competitividad económica, sino sobre todo la cohesión y el bienestar social. Es increíble el escaso empeño que se pone en la difusión de estos asuntos en los medios de comunicación, aunque no falta el canto al emprendedor y a la necesidad de asumir el fracaso. La fundación Agencia para la Ciencia, es un instrumento necesario para el desarrollo científico pero insuficiente frente al reto que se ha de afrontar en los próximos años que es, como se ha dicho, la creación de conciencia colectiva y compromiso social sobre el futuro a construir.

Reconstruir el estado de bienestar

El tercer punto señalado hace referencia a la viabilidad del estado de bienestar. Apenas iniciada su construcción según criterios de modernidad se ha iniciado su desmantelamiento. Las inquietudes van desde la mejora de alguna prestación a la inclusión de algunos colectivos todavía mal atendidos. Nada más demoledor que observar los efectos de las últimas políticas sobre la situación de las personas dependientes y sus familias –recodemos que según nos han dicho, por aplicación de políticas pactadas en la Unión Europea-. Sin embargo, el sostenimiento del estado de bienestar exige recursos. ¿De dónde obtenerlos? ¿Se puede mantener la fiscalidad favorable a determinadas actividades y empresas o niveles de renta particulares y mantener el estado de bienestar? ¿Es sostenible en una economía de empleos basura? ¿Es compatible el incentivo a la creación de empleo con el deterioro de la capacidad financiera de la Seguridad Social? ¿Y el envejecimiento? ¿Debe haber una edad de retiro obligatorio? ¿Qué derechos pasivos se deben de reconocer? Son preguntas que precisan de respuestas complejas, pero por ello mismo deben ser respondidas con políticas públicas fiables y solventes. Aunque lo peor es que, tratando de dar satisfacción a problemas particulares, las propuestas lleguen a ser contradictorias.

Íntimamente unido a este problema está, como se ha señalado, la fiscalidad. Es inconcebible que se repita una y otra vez que no se puede poner coto a los paraísos fiscales mientras se mantienen leyes como las relativas a la rentabilidad de activos en el extranjero que legalizan las prácticas más insolidarias, y es casi un insulto que quienes se benefician de ellas sean interlocutores privilegiados de los sucesivos gobiernos.

Hay otros temas que sí ocupan lugar en las propuestas programáticas y en los debates, si bien de manera muy imprecisa como la cacareada reforma de la administración, del sistema educativo, del sector directamente a intereses largamente consolidados – e incluso representados en las Cortes Generales- , por lo que cualquier propuesta debiera de identificar los obstáculos a su realización, sean del tipo que sean, desde bloqueos gremiales a grandes corporaciones o simplemente de incapacidad institucional.

No se trata de desalentar el interés por la política, ni desanimar a la participación electoral, se trata de recordar lo obvio: la renovación democrática exige de ciudadanos responsables que entiendan la democracia como una forma de convivencia, imprescindible para que la interpretación técnica y ocasional con la que se nos presenta en cada cita electoral sea mucho más que un mecanismo de elección entre pretendidas soluciones a problemas urgentes.

El artículo refleja la opinión del autor. Economistas sin fronteras no coincide necesariamente con su contenido.

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