Permítanme que empiece este post de una forma un poco heterodoxa, recurriendo a las nociones de la física sobre los cambios de estado de la materia. Éstos se definen como cambios que sufre la materia en su forma, volumen o en su estado, sin alterar su composición o naturaleza. Así, se pasa del estado sólido al líquido, como hace el hielo cuando se derrite por efecto del calor; o del líquido al sólido por el efecto del enfriamiento. En estos casos, se conoce exactamente cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la materia pase de un estado a otro. ¿Pero qué ocurre cuando queremos aplicar estas nociones a los cambios en el estado de la sociedad? ¿Está tan claro cuáles son esas condiciones?
Sabemos que el termómetro social lleva registrando una “temperatura anormal” desde hace varios años. Para comprobarlo tenemos los “síntomas demoscópicos”: niveles récord de desconfianza hacia los políticos, descrédito generalizado de las instituciones e insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y también son evidentes los “síntomas electorales”: la fuerza de un nuevo partido, Podemos, que genera una gran capacidad de atracción entre los que quieren (en un número creciente) un caballo de Troya que sirva para cambiar el actual estado de cosas.
Tan atípica es la actual “temperatura social” (o el estado de ánimo político de la sociedad española) que los institutos demoscópicos encuentran cada vez más difícil ofrecer estimaciones de voto; hasta el punto de que en algunos casos han optado por dar a conocer los datos brutos (intención directa de voto), en lugar de dar los “resultados cocinados” (véase al respecto la última encuesta realizada por Metroscopia para El País).
En todo caso, la reacción ante los síntomas, en forma de regeneración democrática, ha sido una de las mayores demandas que se han venido escuchando, por parte de diferentes sectores sociales, en los últimos años, y especialmente desde la celebración de las pasadas elecciones europeas. Es verdad que en los últimos meses se ha producido una cierta reacción institucional ante el descrédito político. Pero no parece que se esté haciendo al ritmo ni, muchas veces, en el sentido requeridos.
La mejora del sistema democrático se ha convertido en una suerte de eslogan que todos los partidos y políticos invocan de forma recurrente. El Partido Popular, como partido gobernante y bajo la alargada sombra del caso Bárcenas y de la trama Gürtel, ha anunciado en numerosas ocasiones medidas para combatir la corrupción y regenerar la democracia, al tiempo que presume de haber aprobado la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Buenas palabras y aparentes buenas intenciones que, no pocas veces, han quedado desacreditadas por otro tipo de acciones y medidas tomadas, como el infructuoso intento de cambiar el sistema de elección de los alcaldes en su propio beneficio electoral o el cuestionado nombramiento, por su falta de imparcialidad, del que hasta hace poco ha sido director de Telemadrid, José Antonio Sánchez, como nuevo presidente de RTVE. En las filas socialistas, también la distancia entre las buenas palabras y los hechos ha sido notoria en numerosas ocasiones. Por ejemplo, y tal como ha señalado recientemente Soledad Gallego, ¿tiene sentido que los socialistas madrileños se comprometan a suprimir el Consejo Consultivo de Madrid -órgano de dudosa utilidad pública más allá de servir de retiro dorado para ex presidentes de la Comunidad de Madrid y otras personalidades- si ganan las próximas elecciones autonómicas, mientras votan con el PP en la Asamblea de Madrid a favor de que éste siga existiendo?
Inexplicablemente los principales partidos parecen seguir abonados a la estrategia del regarte corto, sin entender, o querer entender, que la crisis política ha entrado en una nueva fase. El escándalo de las “tarjetas opacas” de Caja Madrid ha supuesto un nuevo punto de inflexión en la ya deteriorada confianza de la ciudadanía en los políticos, en la política (tradicional) y, lo que es más grave, en las instituciones. Este caso ha puesto en cuestión el argumento de que la corrupción, el fraude y los comportamientos poco ejemplares se circunscriben a casos aislados y a personas concretas. Y es que, si bien es cierto que, al calor del incesante goteo de escándalos conocidos en los últimos años, se ha afianzado la opinión de que la corrupción política y el fraude fiscal -no en vano considerados el segundo problema del país por los ciudadanos- están muy extendidos en nuestra democracia, el caso de Caja Madrid ha supuesto traspasar la frontera hacia la percepción de una corrupción institucionalizada.
Se ha producido, además, un salto cualitativo en un contexto de austeridad en el que la sociedad española encuentra intolerable que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas, mientras se piden públicamente sacrificios sin predicar precisamente con el ejemplo.
Sin distinguir de ideologías (de izquierda y de derecha) y salpicando la imagen de varias e importantes instituciones y actores políticos, cabe pensar que la lista de las 86 personas implicadas en el (ab)uso de estas tarjetas, más que sorpresa entre la ciudadanía, ha generado inquietud. ¿Cómo ha sido posible mantener ese “opaco” sistema durante nueve años, escapando al control de los órganos auditores y fiscalizadores? ¿Podemos encontrarnos sólo ante la punta del iceberg? ¿En qué medida éstas u otras prácticas poco ejemplares y/o fraudulentas pueden ser habituales en instituciones y organismos financiados con dinero público, mientras fallan los mecanismos de control? Estas son algunas de las preguntas incómodas que este caso genera, además de abonar el terreno de los que contraponen una “España oficial” (la de los sobresueldos y los privilegios) a una “España real” (la de los infrasalarios y los sacrificios).
Evidentemente el tsunami producido con este escándalo ha conllevado reacciones inmediatas. A modo de cortafuegos, los partidos han optado por suspender o dar de baja a los miembros de sus organizaciones que han estado implicados en este escándalo o elevar la presión para que éstos lo hagan voluntariamente. Asimismo, en las últimos días hemos sabido que el Ministerio de Hacienda reforzará el control sobre el gasto de los demás ministerios o que el Tribunal de Cuentas, salpicado también por escándalos de prácticas poco ejemplares como es el nepotismo, se someterá a una evaluación externa de otros tribunales de cuentas europeos. Por su parte, la organización de inspectores de Hacienda del Estado, entre otras iniciativas, ha propuesto reformar la Ley de Protección de Datos para hacer públicas las declaraciones de la renta, empezando por políticos y empresarios.
Bienvenidas sean todas las medidas que refuercen los sistemas de control frente a la corrupción, el fraude y los comportamientos poco éticos. Habrá quien plantee que el sistema democrático funciona porque la justicia hace su trabajo y los casos presuntamente delictivos terminan aflorando. O quienes, como en un reciente editorial de El País, argumenten que éstos fueron cometidos en una época pasada (en la España de la bonanza y los excesos) y, por ende, asistimos a “un ajuste de cuentas con el pasado”, y no a la extensión de prácticas abusivas y fraudulentas.
¿Pero nos debemos conformar (sólo) con la respuesta judicial? ¿Hasta qué punto no es necesario una reacción política (proactiva) ante la nueva etapa de la crisis institucional que vivimos?
No se trata, o no sólo se trata, de que los ciudadanos valoren mal a los partidos políticos (o, más exactamente, peor de lo que lo hacían hace unos años, ya que en España éstos siempre han aparecido en los últimos puestos del ranking de valoración). O que los sindicatos y la patronal tengan una mala imagen. Las principales instituciones están tocadas. Resulta paradójico que en un país como España que sufrió durante casi cuarenta años una dictadura militar, las únicas instituciones que, según los últimos datos del CIS correspondientes a abril, gozan y mantienen la confianza de los españoles sean el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (ver gráfico). Si bien, es muy probable que, pese a no disponer de datos del CIS para confirmarlo, los jueces sean otro de los colectivos que no generen tanta desconfianza o incluso hayan visto mejorar su imagen en estos últimos años por el papel que han jugado en la paralización de los desahucios y en la lucha contra la corrupción.
Desde hace tiempo, los indicadores políticos exigen una reacción contundente por parte de quienes han terminado por reconocer, al menos en el plano discursivo, la necesidad de regenerar la democracia y hacer cambios. Ahora esa reacción es urgente. El principal adversario de los que defienden el actual orden político no es Podemos. La irrupción de Podemos es, en gran medida, fruto del inmovilismo y de la falta de reflejos de los dos grandes partidos para hacer frente al (progresivo) deterioro de la situación política. Esa falta de reflejos sigue siendo el principal adversario de los defensores del “establishment”.
Mientras las protestas sociales, aunque multitudinarias, se mantenían en la calle y de forma dispersa y difusa, los principales partidos podían estar relativamente tranquilos. Las diferentes mareas de protesta no terminaron por converger en un tsunami social, pero sí lo están haciendo en uno político. El malestar social ha encontrado la forma de canalización política en Podemos que, tal y como aspiraba, se ha convertido en una fuerza política transversal que atrae a diferentes y variados tipos de electores, cuyo nexo de unión es la indignación y el consiguiente deseo de cambio. Obviamente esto es más peligroso para los defensores del status quo, que son plenamente conscientes de que no hay un problema de desafección política (pasividad), sino de indignación (activismo). Llama la atención, en este sentido, que la inquietud de las élites políticas, mediáticas y financieras ante el fenómeno de Podemos se traduzca en ataques y en el intento de desacreditar a esta formación a toda costa, algo que podría surtir el efecto contrario. Sería en cambio mucho más efectivo si los esfuerzos de estas élites se centraran en demandar una reacción política ante el grave deterioro institucional que sufrimos.
Como ya he señalado en otras ocasiones en este blog, en el Congreso de los Diputados el sistema financiero ha “merecido” la creación de una subcomisión parlamentaria (“subcomisión de reestructuración bancaria y saneamiento financiero”). No se presta, sin embargo, una atención similar al estudio de la situación social generada por la crisis, ni a la mejora del sistema democrático. Se puede cuestionar la utilidad de las comisiones parlamentarias, pero al menos sirven para indicar prioridades políticas.
Si todos los partidos políticos que están representados en el Congreso están de acuerdo en la necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia, aunque discrepen en el cómo, ¿por qué no crear una subcomisión para tratar este tema? La mayoría absoluta del PP no sería un obstáculo insalvable, si este partido temiera sufrir una castigo electoral por no hacerlo. Ya desde las pasadas elecciones europeas, los populares han dado alguna muestra de entender que la mayoría parlamentaria y la mayoría social no siempre van de la mano.
El primer cometido de esa subcomisión debería ser el encargo de una auditoría democrática externa, en la que todas las instituciones y organismos financiados con dinero de los contribuyentes, fueran evaluados por expertos independientes, y se propusieran recomendaciones de mejora tomando como ejemplo los casos de otras democracias. Esa auditoría permitiría tener una visión de conjunto del sistema político, de sus fortalezas y debilidades, y constituir la base para poder afrontar un debate serio e integral (funcionamiento de las instituciones, lucha contra la corrupción, mejora de los mecanismos de representación y participación política, etcétera) sobre la regeneración democrática. Un debate en el que fuéramos capaces de discernir entre los elementos coyunturales y estructurales que hay detrás de la mayoritaria demanda social de mejora de la democracia.
Nada parece indicar, no obstante, que quienes pueden impulsar este tipo de iniciativas lo vayan a hacer. Pero a poco más de medio año de la celebración de las elecciones locales y autonómicas, y de un año de las generales, parece claro que el inmovilismo democrático pasará factura. Cuantos más paños calientes o parches se quieran poner, más rupturistas se mostrarán los votantes. Y no sólo debería preocupar la gobernabilidad política ante una potencial fragmentación electoral, sino el que muchos ciudadanos perciban las opciones rupturistas como las únicas posibles para mejorar el sistema democrático.
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Nota al gráfico: Media (Escala 0-10 donde 0=Ninguna confianza y 10=Mucha confianza). No están incluidos en el gráfico los datos relativos a la confianza en la Guardia Civil y el Consejo General del Poder Judicial en octubre de 2006 porque el CIS no preguntó por esas instituciones. La forma en que se plantea la pregunta a los encuestados es: “A continuación, me gustaría que me dijese el grado de confianza que tiene Usted en una serie de instituciones, utilizando una escala de 0 a 10, en la que 0 significa ninguna confianza y 10 mucha confianza”.
