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El franquismo del PP

La derecha española es heredera, familiar, social e ideológicamente, del franquismo, por lo que reconocer sus crímenes la obligaría a una renuncia imprescindible para reparar una Historia culpable de la que así son cómplices

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El otro día, en una fiesta de cumpleaños muy divertida, una joven artista me contó que su padre, que no había cometido otro delito que el de ser comunista, había pasado veinte años en una cárcel franquista. Me contó cómo la vida de su familia había sido truncada por el dictador y que su padre, una vez en libertad, nunca llegó a recuperarse del todo. Después seguimos bailando. Pero esa cifra, veinte años, vuelve desde entonces a mi cabeza una y otra vez. Y, con ella, los 500.000 encarcelados por el fascismo español. Y los 550.000 exiliados que huyeron del terror de ese fascismo. Y los 300.000 niños robados a sus madres por rojas. Y los cientos de miles de desaparecidos. Y los cientos de miles de depurados, despedidos de su trabajo y despojados de sus bienes por ser republicanos.

También, con esa cifra, vuelven los 80.000 republicanos asesinados entre 1936 y 1939. Y los 115.000 antifranquistas asesinados entre 1939 y 1975, año en que el general Francisco Franco murió en la cama de la impunidad. Con esa cifra vuelve también la tía abuela de Ismael Serrano, que aún sigue en una fosa común, como bien  recordó el cantante en un tuit a Pablo Casado (que se burló de quienes quieren recuperar de las cunetas los restos de sus familiares para darles digna sepultura y luego los suyos lo nombraron vicesecretario de Comunicación del PP). Y vuelve Emilio Silva Faba, fusilado por republicano en la comarca del Bierzo y cuyos restos fueron los primeros de un represaliado del franquismo identificados por una prueba de ADN. Su nieto, Emilio Silva Barrera, es el presidente de la  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que hace dos meses recibió en Nueva York el premio ALBA/Puffin al Activismo en Derechos Humanos, uno de los más prestigiosos del mundo.

Podría llamar la atención que este premio venga de Estados Unidos mientras en España la tarea de la ARMH es despreciada o, peor, obstaculizada. Pero no sorprende: la derecha española es heredera, familiar, social e ideológicamente, del franquismo, por lo que reconocer sus crímenes la obligaría a una renuncia imprescindible para reparar una Historia culpable de la que así son cómplices. Si el franquismo aplicó el terrorismo de Estado, los descendientes del franquismo que no lo condenan justifican o defienden ese terrorismo. Mientras organizaciones e instituciones internacionales reconocen el esfuerzo de los hijos y nietos de la injusticia, ese esfuerzo es ninguneado en la España donde los herederos del franquismo han podido ganar elecciones democráticas. "No es casual", señala Emilio Silva Barrera, "que este premio venga de Estados Unidos o que la causa que hay abierta contra el franquismo, a raíz de la querella que promovimos el 14 de abril de 2010, esté en un juzgado argentino". La ARMH no ha recibido aún reconocimiento alguno por parte del Estado español ni de la Unión Europea: "Decirle al viejo continente que tiene pendiente la resolución de graves violaciones de derechos humanos sería algo así como una falta de respeto, tratándose de este continente civilizado", ironiza Silva.

La ARMH denuncia que 'los padres de la Constitución' dejaron en las cunetas a muchos abuelos y reclama el fin de un olvido y un silencio que aún fomenta el PP. Ante el anuncio de Manuela Carmena de la posible sustitución de nombres franquistas de calles madrileñas, la Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha mostrado su oposición con un razonamiento tan pobre y sospechoso como insultante: "Se aprende de lo pasado". Claro que se aprende de lo pasado, señora Dancausa, precisamente para eso es necesaria una memoria capaz de juzgar qué de ese pasado merece reconocimiento y qué merece repulsa. Pretender que una calle que lleva el nombre de un general franquista o que conmemora a los caídos de la División Azul (división de soldados franquistas y falangistas que se unió al ejército nazi) sea una forma de aprender lección alguna supone una burda manipulación. No hay que ser muy lista para comprender que poner a una calle el nombre de algo o de alguien lleva implícito un reconocimiento. Así que es fácil deducir que las motivaciones de Dancausa poco tienen que ver con ilustrar la verdad y mucho con el franquismo heredado por su partido.

La ARMH lo considera una humillación a las víctimas. Una humillación que nos alcanza si "una representante de un Gobierno democrático defiende los honores en espacios públicos a militares golpistas, criminales de guerra y miembros de una dictadura que obligó a exiliarse a medio millón de personas, asesinó a más de cien mil civiles cuyos cuerpos siguen todavía desaparecidos, secuestró las elecciones durante cuatro décadas, convirtió a las mujeres en ciudadanas de tercera clase y persiguió a los homosexuales como delincuentes".

Como no podía ser otro modo, a los planes de Carmena también se ha opuesto Esperanza Aguirre, rabiosa perdedora de la alcaldía de Madrid que se ha tenido que mal conformar con ser portavoz del PP en el Ayuntamiento. Ha anunciado que los populares se opondrán a las intenciones de la alcaldesa, pasándose por el forro que ese cambio venga avalado por una Ley de Memoria Histórica que ya lo marca y que, simplemente, no se ha cumplido. Tras una reacción como la de Aguirre, solo puede haber mucho franquismo -familiar, social e ideológico- presente. Tanto franquismo como para que ella, la lideresa en descomposición, aún quiera ir más allá: pide la derogación de esa Ley. Es decir, desaparecerán los nombres franquistas de las calles, pero acechará el espíritu antidemocrático mientras no salgan de las instituciones residuos tóxicos como Aguirre o el diputado del PP Rafael Hernando, que  se atrevió a escupir que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones" (y luego los suyos lo nombraron portavoz parlamentario del PP). Porque "ser demócrata", recuerda la ARMH, "significa ser antifranquista, así como oponerse al uso de la fuerza en el ejercicio del poder".

Más de 170 calles enaltecen aún en Madrid a responsables y símbolos de la dictadura franquista. De cumplirse la Ley de Memoria Histórica a través de la iniciativa de Carmena y su equipo de Gobierno, Madrid se convertiría en el primer municipio que obedece a la normativa y hace un gesto para reparar una injusticia que, desde la muerte de Franco, suma cuatro décadas de impunidad a las cuatro anteriores de violencia del dictador. Ochenta años de víctimas abandonadas por la Justicia. Lección del pasado sí será, como propone la ARMH, que la retirada de esos nombres y esos símbolos vaya acompañada por la correspondiente explicación de quién, qué y por qué no merece estar en el callejero de nuestras ciudades.

Se lo debemos a Emilio Silva Faba, a la tía abuela de Ismael Serrano y a todos los españoles que, como el padre de la joven artista que conocí en un cumpleaños, fueron víctimas de un terrorismo de Estado que, mientras no se repare con el respeto debido, deslegitimará la Transición e impedirá que este país avance hacia una verdadera democracia.

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