La derecha unida en el Congreso contra el pueblo

En un indignante bloqueo cuyos destinatarios principales son los de abajo, PP, Vox y Junts han decidido que la factura de su juego parlamentario la pagan los pobres, las pensionistas y las familias vulnerables. Han tumbado en el Congreso el decreto que incluía la revalorización de las pensiones y la prórroga del llamado “escudo social”, es decir, las medidas que protegían a las personas vulnerables frente a desahucios, cortes de suministros y pobreza energética. Qué mala gente.

El decreto rechazado contemplaba una subida del 2,7% para las pensiones en 2026, además de incrementos mayores para pensiones mínimas, no contributivas e Ingreso Mínimo Vital, lo que beneficiaría a más de 13 millones de personas. También prorrogaba los descuentos en la factura de la luz para hogares vulnerables y la prohibición de cortar suministros básicos a quienes no pueden pagarlos. PP, Vox y Junts, que juran defender a los pensionistas y a “la gente trabajadora”, han votado exactamente en contra de todo eso.

Esa gente del PP, Vox y Junts dice que está a favor de la revalorización de las pensiones, pero vota 'no' al único instrumento que la hacía efectiva ya. Esa gente dice que se preocupa por el coste de la vida, pero bloquea los descuentos de la luz y el escudo frente a los desahucios. Esa gente con la que ya no se trata de una discusión técnica sobre la forma jurídica de un decreto, sino que toma decisiones políticas muy claras sobre quién debe asumir los costes de la crisis, quién debe salir perdiendo siempre, quién es moneda de cambio en su guerra contra el Gobierno. Esa gente.

La excusa de las derechas es conocida: el Gobierno “mezcla cosas” en un mismo decreto, falta al respeto al Parlamento y somete a los grupos a un “chantaje”. Es la coartada perfecta para encubrir un cálculo sencillo: hay que provocar una derrota al Ejecutivo aunque el precio lo paguen pensionistas, inquilinas vulnerables y familias que dependen del bono social eléctrico.

Pero, ay, la hemeroteca: los mismos partidos que hoy claman contra los “decretos ómnibus” votaron en el pasado, cuando les convenía, paquetes de medidas variadas, incluidos textos con ayudas locales o pactos presupuestarios. El problema no es la técnica legislativa, sino el sujeto beneficiario: si son los fondos, los grandes propietarios o las élites económicas, no hay escrúpulos; si es la gente que vive al día, entonces, de pronto, se acuerdan del purismo parlamentario.

Lo de Junts y la obsesión antiokupa merece capítulo propio. Su portavoz ha justificado el 'no' en nombre de los “propietarios okupados” y de la imposibilidad de actuar si “te okupan el piso y no pagan”, pese a que la protección antidesahucios afecta principalmente a grandes tenedores, es decir, con más de diez viviendas, y prevé fondos de compensación. Es decir, utilizan casos límite y un discurso de alarma para tumbar medidas que blindan a miles de personas en situación de vulnerabilidad real.

Cuando un partido que se dice soberanista se alinea con PP y Vox para dejar sin escudo social a familias de su propio territorio, el mensaje es diáfano: la prioridad no es la soberanía social, sino la defensa de intereses patrimoniales y la erosión del Gobierno central. La “libertad” que defienden es la de poder desahuciar sin obstáculos y cortar la luz a quienes no llegan a fin de mes. La libertad ayusista.

PP y Vox repiten casi palabra por palabra la retórica de defensa de los pensionistas mientras bloquean su subida inmediata. Dicen que el Gobierno puede traer otro decreto “limpio” en un mes, como si millones de personas pudieran también bloquear su alquiler, su nevera y su factura eléctrica hasta que cuadre la aritmética parlamentaria. La realidad es que han convertido a los pensionistas y a los hogares vulnerables en rehenes de su miserable estrategia de desgaste.

Ese es el verdadero sentido de este voto conjunto: PP, Vox y Junts han formado un bloque político homogéneo para tumbar la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social. Luego cada cual construirá su relato —la defensa de la “seguridad jurídica”, la lucha contra la “okupación”, la pureza parlamentaria—, pero la realidad es la misma: menos protección para los débiles, más margen para los fuertes.

Lo que han puesto en juego con su vergonzoso voto no es solo un decreto, sino el sentido mismo de una democracia social. Si las mayorías parlamentarias pueden bloquear sin coste político un aumento de pensiones y unas medidas básicas de protección frente a la pobreza, es que los representantes del pueblo en el Congreso se han desvinculado sin sonrojo de la justicia social. El mensaje para quien cobra una pensión mínima, vive pendiente del bono eléctrico o teme un desahucio es devastador: tu vida diaria es moneda de cambio en el mercado del tacticismo parlamentario.

Por su parte, una izquierda mínimamente coherente no debe normalizar este tipo de decisiones ni envolverlas en el lenguaje neutro de la “gobernabilidad”. Llamar a las cosas por su nombre es un deber político: PP, Vox y Junts han votado para recortar derechos concretos a quienes menos tienen, mientras protegen, en su discurso y en su práctica, a los grandes propietarios y a los beneficiarios del modelo desigual que nos ha traído hasta esta situación de, cada vez más, mayoritaria vulnerabilidad social.