La ofensiva judicial de Trump: un camino enrevesado y con pocas opciones

Antes de las elecciones, Trump llevaba meses hablando sin pruebas de un fraude electoral masivo. Ha dibujado un panorama imaginario en el que papeletas con su nombre acaban abandonadas en ríos, en el que los trabajadores del servicio postal venden votos, en el que gente se esconde en habitaciones para firmar papeletas de forma fraudulenta y en el que su rival, Joe Biden, puede haber votado hasta 5.000 veces. Las encuestas y el escrutinio le daban como perdedor y estas acusaciones sin fundamento preparaban el terreno de una ofensiva judicial con el fin último de evitar lo que desde hace varios días parecía inevitable y que finalmente se ha confirmado este sábado tras un recuento agónico.

“Todos sabemos por qué el presidente se apresura a declararse falsamente como ganador y por qué sus aliados en los medios intentan ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, ha afirmado el presidente tras anunciarse su derrota. “Esta elección está lejos de haber acabado”. Trump ya había anunciado desde el primer minuto que enviaría a sus abogados en el mismo instante en que acabasen las elecciones y el presidente ha repetido sin reparos su objetivo: que intervenga el Tribunal Supremo para decidir el resultado final.

Actualmente solo hay un caso relacionado con las elecciones de este año en el Tribunal Supremo y se trata de un recurso republicano a una decisión del tribunal superior de justicia de Pensilvania que admite los votos por correo recibidos hasta tres días después de la jornada electoral siempre y cuando se enviasen como tarde el día de apertura de los colegios. En octubre, el tribunal de máxima instancia del país rechazó tomar una decisión al respecto por la vía rápida, pero indicó que podría volver más tarde sobre el asunto si fuese necesario. Sin embargo, según información de las autoridades de Pensilvania, es poco probable que el número de papeletas recibidas en los tres días siguientes a la jornada electoral sea suficientemente grande como para revertir la ventaja que ha obtenido Biden en el estado, superior a 34.000 votos. 

Pero además, si se diese el peor escenario posible para los demócratas –el Supremo anula los votos recibidos tarde en Pensilvania y eso da la vuelta a los resultados dando la victoria a Trump–, Biden seguiría teniendo una mayoría suficiente de compromisarios en el colegio electoral.

Denuncias sobre cuestiones menores

Más allá de Pensilvania, si el presidente pretende revocar el resultado en otros estados con la intervención del Supremo, el camino empieza necesariamente por tribunales de menor instancia. Hasta ahora, el Partido Republicano y la campaña de Trump han iniciado casos judiciales en varios estados, pero la mayoría son denuncias de pequeña escala con pocas posibilidades de alterar los resultados. El presidente ha asegurado que presentará nuevos casos a partir del lunes.

Kim Wehle, profesor de Derecho en la Universidad de Baltimore, afirma en un artículo de The Atlantic que “las demandas de Trump son política disfrazada de estrategia legal”.

Un tribunal estatal de Georgia rechazó el jueves una demanda que pretendía prevenir “el recuento ilegal de papeletas recibidas tras las elecciones” en Savannah. La demanda denunciaba que 53 papeletas recibidas después de la jornada electoral (algo permitido por ley) se habían mezclado ilegalmente con papeletas recibidas el martes. En Georgia aún no se ha declarado un ganador, aunque Biden encabeza el escrutinio.

En Michigan, una jueza archivó otra demanda de la campaña del presidente que exigía paralizar el escrutinio en el estado ante una presunta falta de acceso de los observadores a los centros donde se cuentan los votos. El asunto de los observadores es algo que preocupa mucho al presidente. En Filadelfia, Trump consiguió que un juez permitiese a estos observadores seguir el proceso más de cerca en los puntos de escrutinio. En Nevada, el equipo del presidente anunció el jueves una demanda asegurando que se habían contado “votantes muertos”. 

El presidente juega también con la baza de los recuentos. Primero anunció que lo solicitaría en Wisconsin y las autoridades de Georgia han informado que lo harán si un candidato lo solicita. Cada estado tiene su regulación sobre la posibilidad de llevar a cabo un recuento y en función de ella, Trump podría solicitarlo donde se lo permitiese la ley. Sin embargo, es muy poco probable que un recuento lleve a un cambio de ganador en unas elecciones.

En las últimas 5.778 elecciones a nivel estatal de los últimos 20 años se han llevado a cabo 31 recuentos. Solo tres de ellos han acabado cambiando el resultado final y en los tres el margen inicial de victoria era menor al 0,05%, según Fair Vote. En Wisconsin, por ejemplo, donde Trump ganó a Clinton en 2016 por más de 20.000 votos, un recuento cambió el margen entre ambos en tan solo en 131 votos más a favor del republicano.

Durante el largo y lento escrutinio, el presidente envió una serie de correos electrónicos a sus seguidores para financiar su ofensiva judicial. Su desesperación era más que evidente conforme pasaban las horas: “Este es tu último aviso. Hasta ahora has ignorado todos nuestros correos en los que te pedimos que te unas a la defensa de estas elecciones”. “Has ignorado al equipo de Trump, a Eric, Lara, Don, el vicepresidente e incluso has ignorado al presidente de EEUU. Decenas de miles de patriotas han dado un paso adelante por primera vez en las últimas 48 horas, ¿por qué tú no?”.

Aunque sea un referente el caso de las elecciones del año 2000 entre George W. Bush y Al Gore en las que el Supremo tuvo un papel decisivo en la victoria del republicano al paralizar un recuento, la situación actual es muy diferente. Entonces Bush obtuvo 271 votos electorales –uno más de los necesarios para convertirse en presidente– y todo dependía de un solo estado, Florida, donde la diferencia entre ambos candidatos era de 537 votos.