Un acusado defiende el mayor contrato de Emalsa con la filial de sus socios privados: “Era mejorar el servicio”

“Continúo pensando que era una buena decisión, era mejorar el servicio”. José Manuel Calderero, uno de los acusados en el juicio por el presunto quebranto de 23,4 millones de euros a Emalsa, ha defendido en la sesión de este jueves la adjudicación del contrato de mantenimiento de la red de alcantarillado a Sercanarias, la filial de los socios privados (Saur y Sacyr-Valoriza) de la empresa mixta de aguas de la capital grancanaria.

La Fiscalía considera que ese contrato ocasionó el mayor perjuicio para las arcas de Emalsa. Lo cuantifica en 11,1 millones de euros. En su escrito de acusación, el Ministerio Público expone que el importe anual ascendía a 1,9 millones de euros, pero que con posterioridad se aprobaron modificaciones que incrementaron esa cuantía hasta los 2,6 o 2,8 millones y sostiene que, entre 2009 y 2012, Sercanarias facturó un exceso de 1,4 millones y apenas cumplió un 10% de sus obligaciones de saneamiento de la red.

Calderero, exdirectivo de Saur y exconsejero de Emalsa, ha sido el primer acusado en declarar, tal y como había solicitado a la Sala su abogada, Noelia Afonso, aduciendo cuestiones personales de su representado.

El acusado ha explicado que es ingeniero civil, que lleva 17 años jubilado y que la última década de su carrera profesional ejerció en tareas vinculadas con la gestión integral del agua. Como director del área internacional de Saur, “llevaba doce empresas en ocho países”. De ellas, “cinco o seis” eran concesiones similares a la de Emalsa.

Calderero fue consejero de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria hasta octubre de 2008. A partir de ese momento, no tuvo “ninguna relación más” con Emalsa. Dejó Saur en noviembre de ese año.

La mayor parte de su intervención se ha centrado en el contrato de mantenimiento de la red de alcantarillado. Calderero explicó que hasta diciembre de 2007 ese servicio lo prestaba Urbaser. En enero de 2008, el Consejo de Administración de la empresa mixta decidió “no reconducirlo” con esta subcontrata porque “había problemas técnicos” y que fuera la propia Emalsa quien lo asumiera “de forma provisional y con la ayuda de Sercanarias (filial de Saur y Sacyr-Valoriza)” mientras se adoptaba “una solución definitiva”.

Sin embargo, Emalsa se topó con “un problema económico”. No tenía personal para asumir el contrato, para “alinear” las necesidades del servicio con la plantilla y los sobrecostes que ello implicaba. Así que decidió “trasladar el contrato” a Sercanarias, con quien ya trabajaba “a menudo”. “Los técnicos de ambas entidades se conocían y coordinaban bien. Además, (Sercanarias) estaba formada por los socios privados y tenían el Know-how (saber hacer) para resolver problemas relevantes”, ha aseverado el exdirectivo.

“La otra subcontrata (Urbaser) dependía directamente del Ayuntamiento y tenía problemas relevantes y con esta (Sercanarias) Emalsa continuaba teniendo la sartén por el mango”, ha relatado a preguntas de su abogada, a la única que ha contestado.

Calderero sostuvo que en esas reuniones del Consejo de Administración de 2008 se planteó la legalidad de los contratos entre Emalsa y Sercanarias. “El conjunto de los consejeros, incluidos los del Ayuntamiento, estaban de acuerdo con esa decisión porque daba soluciones”. Sin embargo, su presidente, el entonces alcalde Jerónimo Saavedra, quería “una evaluación jurídica y legal” y “se aceptó”. De esta manera, se contrató a un despacho de abogados externo, Gómez-Acebo y Pombo, para que dos catedráticos elaboraran un informe que concluyó que esa adjudicación a dedo “era completamente legal”. “El presidente no cuestionó el informe”, precisó el acusado.

Calderero también fue cuestionado por las prestaciones especiales que recibían los socios privados de Emalsa. La Fiscalía cifra en 4,5 millones de euros el perjuicio que Saur y Sacyr-Valoriza habrían causado a la empresa mixta de aguas de la capital por estos pagos que considera no justificados. En concreto, cada uno de los socios privados percibía 450.000 euros anuales por “asesoramiento técnico”. En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que esas facturas “no describen ni la prestación que se está abonando ni el personal al que se hace el abono”, por lo que “no es posible determinar si esa prestación que se califica de especial tiene o no esa consideración”.

“En todas las empresas que he dirigido es completamente normal. Suele acordarse una suma y estaba dentro de las auditorías”, ha afirmado Calderero sobre unas prestaciones especiales que, según ha dicho, consistían en una “puesta a disposición” de directivos de los socios privados a la empresa y, en consecuencia, de sus conocimientos sobre la materia, sobre la gestión integral del agua.

“Con 40 euros no daba ni para pipas”

En la sesión de este jueves, la cuarta de la vista oral, también ha comparecido en calidad de testigo Justino Sagredo, que fue director de Urbaser en Canarias cuando los servicios de mantenimiento de la red de alcantarillado y de transportes de lodos de la capital estaban en manos de esta empresa. Antes, por tanto, de que pasaran a Sercanarias.

Sagredo explicó las razones que llevaron a Urbaser a renunciar a seguir prestando el servicio de transporte de lodos. El testigo ha explicado que, después de que venciera un contrato de dos años, Emalsa le pidió que presentara una oferta con el precio de cada uno de los viajes entre la depuradora de Barranco Seco y el vertedero. A cambio, esta empresa reclamaba que se le garantizara un número mínimo de viajes por día para que el servicio fuera rentable. Como Emalsa no lo garantizaba, Urbaser no presentó oferta.

“A lo mejor pagaban 40 euros por viaje. Eso no daba ni para pipas. Era un precio muy apretado. Si se hacían dos viajes por día, con 80 euros no daba para mantener a dos conductores y dos camiones”, señaló el exdirector de Urbaser en Canarias.

Sagredo apuntó que, cuando prestaban este servicio, los camiones los ponía Emalsa y que el mantenimiento y los consumos (todo excepto los seguros) los asumía Urbaser. “La depuradora sacaba lodo continuamente. Dependiendo de cómo viniera la carga de agua, se sacaba más o menos. Si había mucho lodo, se trabajaba hasta las once de la noche. No era frecuente, pero pasaba con cierta regularidad” y, en estos casos, había que pagar a los trabajadores las horas extra.

El testigo manifestó que en un principio los lodos se llevaban al vertedero municipal de Salto del Negro (hoy complejo ambiental) y, después, al de Juan Grande, en el sur de la isla.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que esos trabajos (cada viaje) podían durar dos horas. Sin embargo, Sagredo aclaró este jueves que se podían extender “tres o cuatro horas”, sobre todo cuando había que transportar los lodos hasta Juan Grande, tanto por el tráfico como por “el atasco en el vertedero”, cuando había “entre 15 y 20 camiones esperando”.

Contrato de mantenimiento

Urbaser también prestó el servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado de la capital entre 1991 y febrero de 2008. Primero, de forma directa al Ayuntamiento. Y “los últimos cinco o seis años”, a Emalsa. Sagredo relató que a principios de los noventa estos trabajos se dividían en tres zonas. La del Cono Sur, entre Guiniguada y Jinámar, la asumían los propios servicios municipales. La del centro, del Guiniguada a Las Alcaravaneras, Urbaser. Y la del Puerto, de Las Alcaravaneras a La Isleta, la empresa Federico Torres.

Según el testigo, ese contrato tenía una parte fija (los equipos y el mantenimiento preventivo y correctivo de la red) y una parte variable (las obras). Cuando Urbaser asumía sólo la zona centro de la capital, el importe era de unos “70 millones de pesetas”. Cuando se hizo con la totalidad, después de que Federico Torres entrara en concurso de acreedores y de que el Ayuntamiento constatara la imposibilidad de seguir prestando el servicio con medios propios, esa cantidad aumentó hasta los 1,9 millones de euros (sin IGIC). La parte variable dependía de lo que se facturara.Unos 80 trabajadores prestaban este servicio, ha dicho.

Según Sagredo, mientras el servicio estuvo en manos de Urbaser “no había una obligación contractual” con respecto al número de kilómetros que se debían mantener de forma preventiva. Eran los técnicos (primero del Ayuntamiento y después de Emalsa) quienes estipulaban qué zonas había que limpiar. “A algunas había que ir todas las semanas”, como por ejemplo a la zona de Bravo Murillo a Juan XXIII. A otras, como Escaleritas, no fueron nunca. “Dependía del estado de las redes, de la pendiente, de las averías, de las cargas de sólidos…”

Hay que recordar que la acusación sobre el contrato de mantenimiento se centra en el supuesto incumplimiento del sucesor de Urbaser, Secanarias (los socios privados de Emalsa), del 90% de sus obligaciones de limpieza de la red de alcantarillado de la capital.

En su intervención de este jueves, Sagredo también afirmó que su interlocutor con Emalsa para estos contratos era su entonces director general, Gerard Thierry, uno de los acusados, y que conoce a otro de los procesados, Pablo Abril Martorell, porque trabajó en Urbaser, como director de internacional, antes de irse a Valoriza, uno de los socios privados de Emalsa.

Durante la sesión de este jueves estaba prevista la reproducción de la declaración que prestó durante la fase de instrucción quien fuera interventor de Emalsa, el funcionario municipal Rafael Bolívar, ya fallecido. Ese testimonio es clave para las acusaciones. Sin embargo, una de las defensas solicitó no reproducirla en el plenario porque ya obra en las actuaciones. Ninguna de las partes puso objeciones y la Sala la dio por reproducida.