Más de 250 plazas paralizadas en residencias de mayores de Gran Canaria por el bloqueo del convenio de Dependencia del Gobierno CC-PP

El Cabildo de Gran Canaria acusaba hace unos días al Gobierno regional de CC-PP de llevar la dependencia y discapacidad en la isla al “límite”. El presidente de la corporación, Antonio Morales, señalaba que se había frenado la creación de nuevas plazas sociosanitarias y que el Ejecutivo canario estaba condenando a estancarse este sistema.

La consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, explica a este periódico que la decisión de dar esta rueda de prensa se debe a que se habían agotado ya todas las vías. Mena ya había advertido el pasado año en conversaciones con este periódico de las consecuencias que podría tener no firmar un nuevo convenio de dependencia, donde queda constancia de la financiación del sistema y de las prestaciones que a cuenta del Cabildo y del Gobierno de Canarias.

En diciembre del pasado año dejó de estar en vigor el convenio de dependencia, por lo que los cabildos de todas las islas llevan diez meses operando sin él en vigor. Y ¿qué supone esto para el Cabildo de Gran Canaria? Mena explica que “a nivel administrativo, el cabildo de Gran Canaria ha tenido que adelantar todo el coste de mantener las residencias y los centros de día y los servicios que prestamos a las personas dependientes y con discapacidad abiertos durante todo el año, adelantando todo en dinero, los 120 millones de euros anuales que cuesta. De esos 120 millones de euros, el Gobierno de Canarias pone 84 y el resto lo pone el cabildo de Gran Canaria”.

“Es decir, a lo largo de todo el año 2025, el Cabildo de Gran Canaria ha adelantado los 120 millones de euros sin recibir un solo euro del Gobierno de Canarias. Ha hecho el adelanto incluyendo de todos los servicios municipales para no afectar a los ayuntamientos. Es decir, el Cabildo también ha asumido el pago a todos los ayuntamientos para que ellos no vieran afectados sus propios servicios. Esto es a nivel administrativo obviamente ha supuesto un sobreesfuerzo para las arcas insulares”, explica.

Y ¿cuál es la consecuencia para las personas? Mena expone que a lo largo de 2025 no se han podido abrir nuevas plazas sociosanitarias y que esto se debe que al no haber un convenio en el que esas plazas estuvieran reflejadas, que sustentara jurídicamente en la existencia de esas plazas, no se han podido poner en marcha. 

En el caso de Gran Canaria, eso ha afectado a 256 plazas sociosanitarias que se tenían que haber puesto en marcha en 2025. “Hemos estado esperando por el convenio y hemos llegado a noviembre y llegaremos a final de año sin poder ponerlas en marcha”, lamenta Mena. “Son plazas que podrían estar en funcionamiento y que no se pueden poner en marcha. Pero ya no es una cuestión económica exclusivamente de no haber recibido el dinero. Es una cuestión de que no hay ningún convenio que las sustente”, destaca.

Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, área que dirige Candelaria Delgado, se insiste en que “los cabildos tienen un documento de compromiso que les garantiza la financiación de las plazas concertadas”.

Sobre este punto, Mena apunta que “ellos dicen que el Cabildo tiene un documento que garantiza que nos van a pagar alguna cantidad, que no pone ni plazas nuevas ni nada por el estilo antes de que acabe 2025, cuando se firme el nuevo convenio. Pero eso no sirve para abrir nuevas plazas. Eso como mucho nos ha permitido ir tirando para poder adelantar todo el dinero los cabildos de lo que ya existía. Pero ellos en ese documento no se comprometen a ninguna plaza nueva. Por tanto, no permite abrir ninguna plaza nueva”.

“¿En qué punto estamos hoy? En que en julio del año 2025 se llega a un acuerdo con los cabildos, con los siete, y se aprueba un borrador de convenio. Y en ese borrador de convenio, en el que sí aparecen las nuevas plazas de 2025 y de 2026, es el primer documento oficial que tenemos para nosotros empezar a trabajar”, asegura la consejera del Cabildo de Gran Canaria.

Mena apunta que con ese documento empezaron a trabajar los cabildos, y por eso desde julio ya no habían vuelto a decir nada las corporaciones insulares y han venido trabajado sobre un borrador con la confianza entre administraciones.

“La sorpresa nuestra es que después de llegar a ese acuerdo en julio, de que se nos enviara el borrador a los cabildos, de que empezáramos a trabajar sobre un documento suponía un compromiso entre administraciones. Y basándonos en la confianza entre administraciones. En octubre, hace once días, nos convoca la consejera a los siete cabildos a una reunión, y nos dice que ese borrador sobre el que ya estamos trabajando desde la confianza mutua no se va a aprobar, no se va a ir a definitivo porque no tienen dinero para sustentar ese borrador”, afirma.

Mena afirma que se les ha asegurado que se les enviará un nuevo borrador, pero no se sabe cuándo y “en el que ya nos advierten que no va a haber ninguna plaza en el año 2026, ninguna plaza nueva”. La consejera del Cabildo afirma que para el próximo año había previstas 428 nuevas plazas en Gran Canaria.

131.000 horas y 428 plazas en riesgo

La consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria afirma que también están en riesgo 131.000 horas de servicios domiciliarios, tanto ayuda a domicilio como servicios de la promoción a la autonomía personal, que es un servicio de ayuda a domicilio especializado. “131.000 horas y 428 plazas, pues que eso no va a estar en el convenio”, recalca.

Preguntada por esta cuestión a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, remarca que no es una cuestión de financiación, sino de negociación y de plazos y que lo que se les ha trasladado a los cabildos es que las nuevas plazas para 2026 se concertarán a través de adendas.

Mena asegura que para el Cabildo de Gran Canaria eso no es una solución y se pregunta cuánto van a tardar una adenda, con todo lo que se ha tardado en negociar un convenio. “Si para un convenio llevamos más de un año, que esa adenda esté preparada a final del año 2026, pues entonces en todo 2026 tampoco se podrán abrir plazas, porque hasta que esa adenda exista no hay sustento ni económico ni jurídico para abrir más plazas”, incide.

“¿Qué sentido tendría haber invertido más de 95 millones de euros de dinero público en construir nuevos centros, que es dinero público de ciudadanos y que ahora que están construidos no digan que no los podemos abrir porque no hay dinero para abrirlos?” se pregunta Mena.

“Es que entramos en una situación, y además es una situación insólita totalmente para los cabildos, al menos para el Cabildo de Gran Canaria primero, porque es la primera vez que hemos estado operando sin ningún convenio de dependencia y hemos estado operando en base a un documento que firmó una secretaria general técnica que dice, oye, de verdad que te prometo que en algún momento te pagaré este dinero”.

La consejera también recuerda que las competencias en Dependencia son del Gobierno de Canarias y que los cabildos son colaboradores en prestación de servicios, “pero si no vamos de la mano, el sistema entero se frena”.