Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra no ven legal prorrogar los conciertos y avalan el cierre de aulas

Los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra consideran que no tiene encaje legal la moratoria de un año que han propuesto UPN y Geroa Bai, socios de los socialistas en el Ejecutivo foral, al cierre de 33 aulas de Educación Infantil (19 en la red pública y 14 en la privada) anunciado por el consejero Carlos Gimeno por el descenso de la natalidad. “No es ajustado a derecho conforme al Decreto Foral 416/1992”, ha afirmado el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. En paralelo, el Parlamento de Navarra, por su parte, ha aprobado una moción de Geroa Bai en la que insta a Educación a “no proceder al cierre de las aulas de educación Infantil”, ni pública ni concertada, durante “el proceso de planificación del próximo curso escolar”.

La medida de renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (siete en ikastolas) ante el descenso de la natalidad anunciada por el Departamento de Educación, tuvo una fuerte oposición tanto de los partidos de derecha (UPN y PP), como de ala nacionalista (Geroa Bai y EH-Bildu). El consejero Carlos Gimeno explicó que la bajada de natalidad ha afectado más a la escuela pública, que ha perdido 54 aulas frente a 8 de la privada desde el curso 2014/2015 por el sistema de renovación de conciertos, que es cada cuatro años, cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente. Así, aunque ambas redes han perdido alumnos de forma similar (22% frente a 20%), en la pública se han cerrado muchas más aulas que en la concertada. Para equilibrar la situación, Educación ha anunciado que no renovará 14 líneas de la concertada el curso que viene y así compensar el cierre de 19 en la pública.

Remírez ha señalado que el Gobierno de Navarra actúa “con la regla de derecho y con plena seguridad jurídica” con el objetivo de defender “la educación pública de calidad”, mismo argumento que esgrimió el consejero Gimeno, y la “necesidad de planificar” para adaptarse al reto demográfico. “Tenemos que conjugar lo que es la decisión política del Gobierno con el cumplimiento estricto de la normativa y su ámbito competencial”, ha apuntado.

El portavoz y vicepresidente primero del Gobierno ha indicado que la moratoria, “como tal, no existe en la normativa”, sino que esta supone “una prórroga de un año en los casos en los que un centro concertado solicite un nuevo concierto”. Sin embargo, “no se le puede prorrogar porque no tiene ninguna unidad dentro de ese concierto que aplique y tenga la demanda suficiente”, pues si las clases que propone el centro no tienen suficientes alumnos, no cumplen los requisitos y no se puede mantener el concierto.

La única moratoria que los servicios jurídicos del Gobierno navarro sí ven legal aplicar es la de la ikastola Ibaialde de Lodosa, a la que se le ha denegado la renovación del concierto por falta de alumnado y se le quiere conceder un plazo extra de un año para adaptarse a su nueva situación. “Lo que dice el decreto foral 416/1992 es que en el caso de que a un centro no se le haya concedido el concierto, es decir, ninguna de las aulas adscritas a ese concierto, sí se permite una prórroga de un año para que se puedan aclimatar a la situación que genera la inexistencia del concierto”, ha afirmado el portavoz, caso en el que se circunscribe a esta ikastola.

Por ello, sobre la proposición de ley foral presentada por UPN que pretende evitar el cierre de aulas en centros públicos y concertados estableciendo una moratoria de un año, Remírez ha señalado que, si bien lo están “estudiando”, la ley tiene “graves fallos de técnica jurídica” y que la propuesta va alineada con las medidas que “el Partido Popular y Vox” implantan en otras comunidades autónomas. “Obedece más a un criterio más empresarial que de defensa de interés público”, ha criticado, y añade que a su juicio la pretensión de UPN es “congelar todo durante un año”. “Entonces nos preguntamos, ¿y después, dentro de un año, qué aplicamos; el criterio actual, otra moratoria nueva?”, ha apuntado para resaltar que las medidas “tienen que tener la capacidad de planificación”.

“Desde que este Decreto foral entró en vigor en el año 1992 se está aplicando de forma pacífica sin ningún cambio por ninguno de los gobiernos”. Además, ha continuado, “esta proposición de ley crea una grave situación de inseguridad jurídica, porque plantea un cambio en la duración de los conciertos educativos y la duración de los conciertos educativos no se marca en la norma foral, se marca en la normativa estatal básica, en concreto, en la ley orgánica de Educación, que dice que los conciertos educativos tienen que tener una duración máxima de cuatro años, con una posibilidad de prórroga”.

Las ikastolas navarras se concentran contra el cierre de aulas

También han mostrado su rechazo al cierre de aulas la red de ikastolas de Navarra, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera, que ese miércoles se han concentrado frente a la sede del Departamento de Educación para reclamar al consejero que “rectifique” y no cierre siete líneas en Infantil de esta red. “Es una decisión injusta que hace mucho daño a nuestra red”, ha lamentado Oier Sanjurjo, presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra.

En la concentración han estado presentes cientos de familias de diferentes ikastolas navarras. Han criticado  que “de forma unilateral” Educación “ha cerrado las puertas al diálogo y han impuesto recortes que afectan a siete ikastolas”. “La decisión de imponer recortes a las ikastolas no es una decisión técnica, es una decisión arbitraria. Han utilizado como pretexto un año de una natalidad extraordinariamente baja. La verdad es que si se hubieran aplicado los mismos criterios que se venían utilizando y se hubiera mantenido el principio de igualdad, no solo se hubieran mantenido los conciertos que teníamos, sino que se hubieran ampliado. Entonces, ¿por qué se nos castiga?”, ha criticado Sanjurjo.

El presidente de la Federación Navarra de ikastolas ha anunciado que seguirán con movilizaciones para tratar de que el Departamento “rectifique” y revierta el cierre de aulas anunciado para “no dar pasos atrás en la educación navarra”.