Una jueza imputa a los dos informáticos despedidos por espiar a senadores

El juzgado de instrucción número 45 de Madrid ha llamado a declarar como imputados a los dos informáticos despedidos del Senado el año pasado por acceder de forma ilegítima a equipos de parlamentarios y trabajadores de la Cámara Alta, según ha confirmado elDiario.es de fuentes jurídicas. Ambos deberán comparecer el próximo 24 de junio ante la jueza, quien abrió la causa por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las citadas fuentes. La magistrada ha puesto en marcha el procedimiento a instancias de la Fiscalía, que presentó una denuncia el pasado 22 de enero por un presunto delito de descubrimiento de secretos tras investigar los hechos de forma reservada durante seis meses. El auto de apertura de diligencias por parte del juzgado está fechado el pasado 15 de abril.

El escándalo salió a la luz en mayo de 2025, cuando el Senado despidió a dos empleados por acceder sin permiso a ordenadores personales de parlamentarios y otros trabajadores. El PP, que domina la Cámara Alta con mayoría absoluta, intentó desmontar desde el principio las acusaciones de espionaje y trató de circunscribir la actuación de los dos informáticos, que están casados, al intento de asegurarse sendos ascensos en el escalafón interno.

Esa fue la conclusión que defendió el PP, apoyado en los informes de los servicios internos de la Cámara, con la letrada mayor, Sara Sieira, al frente. La Cámara Alta aseguró que los trabajadores no accedieron sin permiso al ordenador de ningún parlamentario y que solo obtuvieron “información específica sobre los procesos de promoción interna” en equipos de la Secretaría General. Pero la resolución definitiva del expediente sancionador que sirvió para despedir a ambos sí constata “accesos indebidos” de ambos “a los portafirmas” de otros empleados, de “diversos senadores” y de “la letrada mayor”.

Los técnicos informáticos, que formaban parte de la plantilla del Senado como personal laboral, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para tratar de anular el despido, ya que consideran que no existió infracción laboral alguna. Fuentes de su defensa aseguran que ese pleito todavía no se ha resuelto. 

La investigación interna tampoco justificó por qué los dos trabajadores habían accedido a equipos que poco o nada tenían que ver con el proceso de promoción interna abierto y para el que, supuestamente, querían obtener ventaja. De hecho, el director del Departamento de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Senado, Manuel Pereira, dijo haber detectado accesos ilegítimos de ambos trabajadores desde marzo de 2024, pero el concurso se convocó en septiembre. Incluso aunque en el seno de la Cámara se supiera que se iba a poner en marcha el proceso, algo habitual, los méritos no se hubieran tenido que aportar hasta después de la convocatoria oficial. 

“Un alto riesgo”

La Mesa del Senado, a petición del PSOE, trasladó por unanimidad lo ocurrido a la Fiscalía y a la Agencia de Protección de Datos. El órgano administrativo cerró de plano las pesquisas porque, según explicó, el Senado tomó las medidas adecuadas para evitar que se replicara el ataque, y que este no entrañó “un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

La Fiscalía sí abrió una investigación para determinar si existía algún indicio, por leve que fuera, de la comisión de algún delito. En un escrito remitido en septiembre del año pasado al presidente del Senado, Pedro Rollán, se aseguraba que los “hechos podrían ser, en su caso, constitutivos de infracción penal”. Las pesquisas las dirigió la fiscal Eva Calafat, de la Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Madrid. Se trata de una unidad especializada en las investigaciones criminales vinculadas a la ciberdelincuencia y a la utilización de las nuevas tecnologías y de internet. 

La Fiscalía acabó judicializando los hechos y su denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 45 de Madrid que preside Luisa María Prieto Ramírez, quien abrió diligencias por un delito genérico de ataque a sistema informático, de acuerdo a las fuentes consultadas. La denuncia de la Fiscalía se presentó el pasado mes de enero. El Senado fue informado y el asunto se debatió en la Mesa del 16 de febrero, según consta en el acta oficial de la reunión.

La secretaria general explicó que no se les había trasladado copia de la denuncia “porque el Senado no es parte en el proceso”. Ante las quejas de uno de los representantes socialistas, el secretario cuarto, José Manuel Fajardo, Sieira aseguró que “a su entender” la Cámara “ya no tiene ningún papel ni interés en el proceso”, según se puede leer en el acta de la reunión. En todo caso, Sieira planteó al PSOE que dirija un escrito para que la propia Mesa, controlada por el PP, debata si la Cámara debería personarse en la causa.

Fuentes del Senado aseguran a elDiario.es que la Cámara “no es parte ni está personado en la causa penal”. Y no lo quiere estar, salvo que la Mesa decida lo contrario. Desde el Senado apuntan que “la auditoría interna concluyó que no hubo ningún acceso a los ordenadores personales de los senadores ni a ningún dispositivo de estos”. “Tampoco existió ningún acceso ilícito a ninguna documentación ni portafirmas electrónico de senadores ni miembros del personal o personal al servicio de los grupos parlamentarios”, apuntan las mismas fuentes, pese a que los expedientes internos afirman lo contrario. “No hubo suplantación de la identidad de ningún senador, nadie utilizó los usuarios ni las claves de los Senadores para realizar ningún acceso ilícito”, concluyen las fuentes del Senado.