Begoña Gómez alega en su último escrito ante el juicio que colaboraba con la Complutense cuando Sánchez no era cargo público

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes el escrito de defensa en el que solicita su libre absolución ante su posible juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho argumenta que los hechos investigados no son constitutivos de ningún delito: “No procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase”. Además, la defensa solicita que se impongan las costas procesales a las acusaciones de extrema derecha que han impulsado la causa por actuar con “temeridad y mala fe”.

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

Su defensa recuerda, sin embargo, que su vinculación con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Tras codirigir varios másteres, en 2020 asumió la dirección de la Cátedra Extraordinaria en “Transformación Social Competitiva”, un término “que ella inventó, que antes no existía y que de ninguna manera estaba registrado por la Universidad en registro alguno”, recoge el escrito.

El letrado recuerda asimismo que este cargo no conllevaba “retribución económica alguna” y afirma que su nombramiento cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el centro universitario. Sostiene que fue el rector, Joaquin Goyache, quien le planteó en una reunión de julio de 2020 la posibilidad de que dirigiera una cátedra extraordinaria dada su experiencia con la codirección de dos máster.

El juez Peinado otorgó total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos, como la citada con el rector. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos. En su escrito, la defensa de Begoña Gómez alega que cuando se produjo esa reunión, la Complutense estaba cerrada por la pandemia y que, desde 2018, el Palacio de la Moncloa es su residencia familiar.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el letrado afirma que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense “para la medición del impacto social y su cuantificación”.

Las aportaciones económicas de las empresas colaboradoras ingresaron directamente en el patrimonio de la universidad, y fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. La defensa recalca que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

Así, subraya que la esposa de Sánchez registró el dominio de internet y los símbolos de la marca “Transformación Social Competitiva” siguiendo las instrucciones expresas de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTRI) del centro universitario. Esto se hizo para evitar que terceros se apropiaran de ellos, dado que la normativa universitaria impedía registrar el producto a nombre de la Complutense hasta que estuviera totalmente finalizado.

Por otro lado, el escrito se refiere a las tareas de la asistente Cristina Álvarez, quien tenía un puesto “habitual en la historia de nuestra Democracia desde sus inicios” de gestión de la agenda y la seguridad de la esposa del presidente. La defensa indica que su ayuda “ocasional” mediante el envío de “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales” a Begoña Gómez no afectó sus funciones ni supuso un “menoscabo de recursos públicos”.