El fiscal concluye que Kitchen tenía “una finalidad bastarda”: “boicotear” el caso de la caja B y “proteger” a dirigentes del PP

El fiscal Anticorrupción César de Rivas expone esta mañana sus conclusiones del juicio Kitchen. De Rivas considera que en el juicio se ha acreditado la “finalidad bastarda” del operativo de vigilancias a la familia Bárcenas y robo de documentación por un grupo de mandos policiales con el objetivo de “boicotear u obstaculizar” la investigación de la caja B del Partido Popular y “proteger” así a los “dirigentes” de la formación política.

De Rivas también da por acreditada la dirección del operativo que mantuvo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de acuerdo a los mensajes que envió a su número dos, Francisco Martínez, y que este protocolizó ante notario. El propio hecho de que Martínez acudiera con ellos a un notario y luego los borrara ya tiene un carácter “incriminatorio”, según el fiscal.

El fiscal De Rivas ha destacado que en las dos actas notariales se identifica un mismo teléfono, que Martínez guardaba como de Jorge Fernández Díaz, y “se ha acreditado que esa línea pertenecía en 2013 al Ministerio del Interior y en 2019 pasó a la titularidad del exministro”. También ha destacado que los pantallazos que se extranjeron del chat entre ambos fueron obtenidos descendiendo entre los muchos mensajes que contenía el intercambio y cuando, al descender, se encontraron de forma espontánea.

Ya en los primeros momentos de su intervención, el fiscal Anticorrupción ha descartado la tesis de las defensas de que Kitchen se trataba de un “operativo de inteligencia”. El fiscal ha dicho que el dinero escondido por Bárcenas ya había aparecido en Suiza y que los seguimientos y el robo de dispositivos no casan con una “operación de inteligencia”.

De Rivas ha planteado que dificilmente sus protagonistas podrían estar contribuyendo al esclarecimiento de unos hechos si no informaron al juez del caso de la caja B en ningún momento y tampoco a la UDEF, que actuaba como “policía judicial” en la causa de la Audiencia Nacinonal, tal como detalló en el juicio el inspector jefe Manuel Morocho, al frente de la investigación policial de los casos del PP, a las órdenes directas de Pablo Ruz. “Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que necesitara ser completada el caso Gurtel”, ha rematado.

El fiscal ha puesto también en valor la declaración del jefe policial de la investigación de Kitchen, el inspector jefe Gonzalo Fraga, en especial cuando defendió ante el tribunal la veracidad de las anotaciones de Villarejo en su agenda privada. “Villarejo no se engaña a sí mismo”, dijo Fraga y ha reproducido hoy el fiscal, que está citando los manuscritos durante su intervención para apuntalar la responsabilidad de cada una de las siete personas para las que Anticorrupción pide pena de cárcel.

Como ha realizado Asuntos Internos y la Fiscalía durante toda la macrocausa Villarejo, el fiscal ha ido tomando las anotaciones de Villarejo y cotejándolas con hechos públicos y notorios para acreditar su veracidad. De acuerdo a esos papeles ya aparece el interés de los mandos policiales por la información que pueda retener el tesorero desde principios de 2013, meses antes de que comenzara en verano la operación Kitchen.

El fiscal ha expuesto con detalles las bases sobre las que se construye la acusación contra los acusados. En este sentido ha puesto de manifiesto la confesión en fase de instrucción del comisario García Castaño, quien se inculpó en actividades delictivas tales como el volcado de teléfonos robados por el chófer Sergio Ríos a la familia Bárcenas o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias. También los mensajes entre Francisco Martínez y el cura Silverio Nieto donde este habla con naturalidad de esos hechos y Martínez no los niega, incluida la participación del ministro.

El fisal ha ido desgranando durante horas los indicios contra todos los investigados. Por ejemplo, contra los “controladores” del chófer pagado con fondos reservados pese a tratarse de una operación ilegal. Primero, Enrique García Castaño, que no logró captar a Sergio Ríos; después, Villarejo, que lo estuvo manejando hasta que, según el fiscal, El País desveló las cuentas en el extranjero del policía y se le retiró de esa misión; y, por útlimo, por Andrés Gómez Gordo, el policía asesor de Cospedal que conocía al chófer desde hacía años porque habían trabajado juntos en la Comunidad de Madrid.

Además de Martínez, los comisarios e inspectores jefe ponían sus avances en conocimiento de Eugenio Pino, de quien recibían órdenes, ha dicho el fiscal del antiguo director operativo de la Policía. De Rivas también considera que varios testimonios de policían han acreditado la participación de la Unidad de Asuntos Internos que dirigía Marcelino Martín-Blas, también en el banquillo de los acusados.