Europa-Catalunya-España: un decálogo para la interdependencia

¿Es posible la independencia de Catalunya? Sí, sin duda. ¿Es posible la desconexión entre Catalunya y España?, no sin terminar en resultados catastróficos para ambas sociedades. ¿Es posible la independencia sin desconexión?: Sí, en el marco de la Unión Europea. Este decálogo intenta presentar algunas razones por la cuales la convivencia entre Catalunya y España es posible, desde el reconocimiento de la interdependencia mutua, y en el seno de una Unión Europea cada vez más integrada.

Con independencia o sin ella, España y Catalunya están condenadas a entenderse. De nada sirve –salvo por motivos estrictamente de movilización electoral- encender los ánimos porque todos los protagonistas de lo que pueda suceder son conscientes de esta realidad.

Para una Catalunya independiente, España sería el primer socio comercial y el primer inversor extranjero. El nivel de interdependencia de Catalunya y España en términos económicos, energéticos, de transportes, financieros, culturales, es tal, que es inviable a fecha de hoy una desconexión. Por poner algunos ejemplos: Vueling, la compañía aérea con base en Barcelona que apuntalaba el proyecto estratégico de El Prat como Hub de transportes, ha sido integrada en IAG, la fusión de Iberia y British Airways. La bolsa de Barcelona lleva años integrada en Bolsas y Mercados Españoles, y las principales empresas catalanas cotizan en el IBEX 35. La catalana Gas Natural adquirió la española Unión Fenosa y es el principal operador gasístico de la península. Las derivadas industriales, financieras y comerciales son tales que sólo la Unión Europea puede dar el marco adecuado para gestionar el actual nivel de integración.

En términos macroeconómicos, Catalunya, probablemente, no gane demasiado con la independencia. Parte de los recursos fiscales que recupere deberán ser utilizados en mantener su propia estructura de defensa (cabe aquí preguntarse si la Catalunya independiente sería miembro de la Alianza Atlántica), sus relaciones exteriores, y el nuevo entramado institucional que deberá crear, necesariamente, para tener “estructura de Estado”. Al mismo tiempo, con una renta per cápita cercana al 130% de la media de la Unión Europea, Catalunya sería contribuyente neta a la Unión Europea, y tendría que pagar sus propias cuotas en los organismos internacionales, como Naciones Unidas y su sistema. Por su parte, España pasaría de tener una Renta Per Cápita del 99% de la media de la UE a tenerla del 95%. En términos fiscales, y dejando al margen el tema de la distribución de la deuda pública, el impacto sería mayor, ya que el mecanismo de transferencias fiscales de las regiones ricas a las pobres se vería muy afectado, pero sin duda esta realidad se vería compensada con mayores transferencias por parte de la Unión Europea a las regiones más perjudicadas. En última instancia y a falta de otros acuerdos, una parte del mecanismo de compensación territorial seguiría subsistiendo a través del presupuesto de la Unión Europea.

La separación de los fondos de bienestar social (desempleo, pensiones) sería un aspecto muy delicado de negociar, pero se debería garantizar la futura viabilidad de ambos sistemas, el catalán y el Español, o mejor aún, explorar posibilidades de mantener la caja única con una gestión compartida por ambos países. En el peor de los casos, los mecanismos de compensación ya existentes en el marco de la Unión Europea en materia de seguridad social y sanidad podrían ser de aplicación inmediata, evitando de esta manera fricciones innecesarias.

Es poco probable que se perdiera la unidad de mercado. España y Cataluña tienen un nivel de integración que, puesto en términos intergubernamentales, puede ser un valor añadido de cara al mercado único europeo. El mutuo reconocimiento de estándares técnicos, de licencias de operación, y de cooperación en materia tributaria, por poner sólo unos casos, sería imprescindible, ya que forman parte del acervo comunitario y son condición indispensable para participar en la Unión Europea.

Al mismo tiempo, Catalunya podría reforzar sus vínculos de cooperación con su espacio natural en el arco mediterráneo, favoreciendo la cooperación en materia de transporte, medio ambiente y aspectos sociales, culturales o lingüísticos. En esta lógica, el Rosellón podría incorporarse a este proceso de cooperación, conjuntamente con la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. De nuevo, la Unión Europea ha mantenido un fuerte compromiso con la cooperación transfronteriza y éste sería un caso clave, al tratarse el eje mediterráneo de uno de los vectores de crecimiento más importantes de la geografía de la Europa del sur.

La participación catalana en las instituciones europeas formaría también parte del debate. Con siete millones de habitantes, le corresponderían alrededor de 10 diputados europeos, ningún comisario, y probablemente, 7 votos en el Consejo de la Unión Europea. España vería también sus pesos institucionales revisados, aunque menos que proporcionalmente, por lo que las mayorías y minorías se modificarían.

La resolución de cuestiones de ciudadanía sería compleja pero no imposible. Catalunya debería permitir que vivieran en su seno, si así lo decidieran, aquellos ciudadanos que no optasen por la nacionalidad catalana. Sus derechos deberían ser definidos en el marco de la ciudadanía europea y de la libertad de circulación, residencia y trabajo, incluyendo, al menos, el voto en las elecciones locales. Al mismo tiempo, el Censo de Españoles Residentes en el Exterior se ampliaría tanto que quizá debería pensarse, llegado el caso, en realizar una circunscripción electoral para el exterior. También se podrían arbitrar, desde el principio, las modalidades de doble nacionalidad que fueran convenientes. En cualquier caso, y con bastante probabilidad, una Catalunya independiente seguiría siendo una nación bilingüe. La población castellanoparlante seguiría siendo una parte importante de la población catalana.

Cabe recordar que, en el caso de que llegara la independencia, España seguiría siendo –automáticamente- miembro de la Unión Europea, pero Catalunya debería firmar un tratado de adhesión. Nada impide que este tratado de adhesión se canalice por la vía más rápida posible, ya que a fecha de hoy Catalunya cumple todos los requisitos y tiene todo el acervo comunitario integrado en su legislación. La cuestión, de nuevo, no es técnica, sino de voluntad política. Incluso se podría pensar en un acuerdo a 28 (España-Unión Europea-Catalunya) en el que se estableciese un régimen transitorio lo más breve posible mientras Catalunya tuviese a punto todas sus instituciones. Este régimen transitorio podría establecerse en el marco del Área Económica Europea –lo cual supondría un estatus muy similar al Noruego o al Islandés-, con mantenimiento del Euro como moneda –similar a Mónaco, que usa la moneda única sin participar en su toma de decisiones.