La mala fama de la justicia
La ínfima valoración de la Justicia por la opinión pública es un hecho. Mala fama aventada por tirios y troyanos.
Sin embargo, la Justicia no es un problema ni mucho menos esencial para los ciudadanos. En junio de 2011, tenía una puntuación problemática del 1,4% mientras que el paro era del 81,1%. En marzo de 2014 ha evolucionado hasta el 2,3%, mientras que el paro sigue en todo lo alto centrando con 82,3% las preocupaciones. Echando la vista atrás, en enero de 2006 los porcentajes eran respectivamente del 1,5 y del 48,9%. En este barómetro de hace una década, el paro era seguido de la inmigración (32,4%), el terrorismo de ETA (28,4%) y la inseguridad ciudadana (23.2%). Puede contemplarse toda la serie histórica desde junio de 1988 en que oscila en torno al 1,5%. Estos guarismos permiten sostener que, sea cual sea la situación del país, la Justicia no es un problema ni mucho menos importante para la ciudadanía; de ahí quizás algunos males seculares.
En La Justicia ante el espejo: 25 años de estudios de opinión del CGPJ. La Justicia vista por sus usuarios (Segunda parte) se manifiesta una contradicción. Referido al periodo 2001-03, la mayoría de los usuarios consideran que la Justicia está mal o muy mal; sin embargo, la mayoría consideraron, no sólo haber sido bien atendidos por el personal de servicio y que los jueces conocían la causa, sino, incluso los perdedores del pleito, se consideraban amparados judicialmente.
Tal como reseñan los medios, los poderosos que han de visitar la Justicia se suman gozosos a la diatriba sistemática y, con éxito por lo que se ve, pues hacen recaer en los defectos judiciales (lentitud, ritualismo, alejamiento de la realidad, etc.) su incómoda situación. Con ello hacen olvidar que esos males tienen un culpable como ponen de manifiesto todos los estudios independientes al respecto: estos no son otros que ellos mismos, es decir, las estructuras de poder.
Solo dos datos tomados del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE para 2014. La inversión destinada a Justicia ha bajado en picado (aunque se reconoce la ausencia de datos de las Comunidades autónomas y del CGJP, ello es irrelevante dado lo exiguo de sus inversiones reales). Así es, se ha pasado de 90€ habitante/año en 2010 a 25€ en 2012. Por otro lado, España sigue con un número ridículamente bajo de jueces por cada 100.000: 10,1, cuando la media europea es superior a 19 por 100.000. Una Justicia no puede funcionar así en una sociedad avanzada, antaño casi octava potencia económica del mundo. No puede funcionar porque no se quiere que funcione.
No solo se le niegan medios y capacidad de organización al servicio público de la Justicia, sino que el auxilio necesario por parte de otros sectores públicos para su funcionamiento se ralentiza, se entorpece y se jibariza. Pensemos en los casos de corrupción: ¿cuánto tardan en completarse los informes de las diversas oficinas de Hacienda, de la Intervención, de la ridícula contribución del Tribunal de Cuentas? Observemos también como unidades de policía y de inspectores fiscales especialmente asignadas a los Tribunales son desmanteladas y/o sus miembros reasignados a otros servicios.
Pero no solo son responsables de esta lentitud exasperante aquellos poderes públicos. La contribución de las grandes corporaciones en la colaboración de la justicia, incluso cuando no son responsables de los hechos, hace tiempo que sobrepasó la línea de la resistencia a colaborar con la Justicia. Si un Juez de Instrucción, harto de recibir la callada por respuesta, ordena una entrada y registro en la sede de una entidad bancaria, además de aparecer como por ensalmo los documentos cuya existencia se negaba o más sibilinamente se decía desconocer, ese juez es tildado de estrella, sediento del foco publicitario. ¿Es ello casual? Me temo que no.
A este estado de cosas, que la mayoría del público desconoce, en parte, solo en parte, tiene uno de sus orígenes en los propios jueces. De todos modos, los jueces han tardado en darse cuenta de una característica esencial de la Justicia: su independencia. Cuando han empezado a cobrar conciencia y han actuado en consecuencia en asuntos de calado –no en el robo de gallinas-, se ha cortado el grifo de la inversión y ha entrado en vigor la nueva normativa que pretende cortar las alas a los jueces; lo que supone una suerte de politización. Por politización no me refiero ni al CGPJ ni al TC. Este úlitmo no es un órgano de la Justicia, sino un órgano constitucional, de control político-jurídico que intenta, aunque no siempre lo logre, hablar en Derecho. Por su parte, el CGPJ, pese a su reforma inconstitucional –acatada por todos los grupos políticos a cambio de colocar vocales de su cuerda en él-, afortunadamente no dicta sentencias y, como órgano de gobierno, es un órgano político. Por fortuna también la selección, promoción y disciplina de los jueces están sometidas al principio de legalidad. En fin, por ahora, su injerencia en la Administración de la Justicia, aunque se intente, es ínfima.
El juez en España, en aforismo germano, ha dejado de ser criado del poder. Eso asusta … al poder. El poder es, por tanto, el primer interesado en contribuir al descrédito de los jueces. No es de extrañar que según el citado informe de la UE, basado a su vez en el The Global Competitiveness Report 2013–2014, la percepción de falta de independencia judicial sitúa a España en el puesto 72 de entre los 148 estados analizados. Sucede algo similar a lo que acontece con la corrupción: un cosa es la percepción y otra la realidad, tal como ya sostuve en estas mismas pantallas.
Tanto en la lucha contra corrupción como contra el terrorismo de estado, la Justicia española exhíbe un palmarés sin igual, al margen de la ejecución penitenciaria y del indulto, que corresponden al gobierno. Las condenas por el GAL, que dieron con un ministro, un secretario de estado y directores de seguridad y de la policía, el más condecorado general de la Guardia Civil, comisarios superiores, inspectores e innumerables agentes de policía en la cárcel con penas severísimas, ahí están. Recuérdense los casos del final de la Baader-Meinhof, de los 4 de Gildford o el asalto a Gibraltar (no hay una sola condena en el Reino Unido a policías por maltrato de presuntos o reales terroristas) o del atentado de la Piazza Fontana, y compárense. Más recientemente, pese al caso NASEIRO (el máster fallido que tanto nos enseñó), FILESA, que tanto contribuyó al descrédito del gobierno de la época, o Roldán (y sus cómplices): todos acabaron entre rejas varios lustros. Ello sin hablar ahora, entre otros, de la hidra de Gürtel, Matas (con dos condenas), Urdangarín, los ERE, Marbellas varias, Pokemon, las ITV o los ya juzgados casos Turisme o Treball. O la imputación de la infanta Cristina y su esposo. Compárese con el resto de Europa: Italia, Francia, Grecia, o Alemania, sin ir más lejos. Recordemos los juicios civiles: preferentes y análogas o el giro en las hipotecas. La hoja de servicios, ciertamente con huecos y huecos importantes, es impresionante; otros no pueden, ni en sueños, decir lo mismo.
