Editorial: ¿Puede el poder político seguir ignorando el impacto social de la crisis?

Este editorial es el resultado de una primera conversación entre cuatro expertos en los ámbitos de la sociología, la economía y la opinión pública: Olga Salido, José Saturnino Martínez, Marta Romero y José Moisés Martín. Queremos que sirva para llamar la atención sobre la necesidad de que el impacto social de la crisis en España se convierta en una prioridad política.

El incremento de la desigualdad, que la crisis ha agravado, es la gran tendencia social de nuestro tiempo en España y fuera. Pero este es un fenómeno que viene de lejos, porque tampoco en época de bonanza económica supimos reducir las desigualdades. A diferencia de los años 60, el enorme crecimiento económico de la última década no sirvió para reducir la desigualdad en términos sustantivos. Como ya decía José Moisés Martín en uno de los primeros posts de este blog, tampoco tuvimos un gasto social especialmente alto y probablemente algunas políticas redistributivas aplicadas por la izquierda no lo fueron del todo.

Sobre el impacto social de la crisis vamos obteniendo información con cuentagotas. Una parte del problema actual es que no tenemos datos para saber qué está pasando ahora mismo. Todo lo que sabemos es de tiempo atrás, al menos de un año atrás. El INE publica algunas cifras provisionales en la Encuesta de Condiciones de Vida para 2012 pero, en realidad, sólo tenemos microdatos de 2011 con información de 2010. Estos problemas de medición provocan que los medios de comunicación se estén llenando de conjeturas sobre la gente mayor, los jóvenes u otros grupos sin conocer el verdadero alcance de la realidad. Sin medición, sin datos no podremos construir un relato del sacrificio social de esta crisis. Para ello también es muy importante que los investigadores sociales sumen esfuerzos.

Entendemos que es necesario delimitar la dimensión del impacto social de la crisis porque se están mezclando muchos elementos: cuestiones que tienen que ver con la distribución, con la situación estrictamente financiera de los hogares, con el cambio de los usos sociales de los hogares, con la pobreza, etc.

Distintos indicadores nos permiten analizar las principales causas que están detrás del aumento de la desigualdad y de los efectos de la crisis. Por el lado de las causas, podríamos destacar la globalización, la nueva relación/división entre trabajo y capital que se está configurando, o los fallos en el efecto redistribuidor del Estado del Bienestar, entre otros. Por el lado de los efectos, los indicadores son relativamente independientes. Entre los efectos a los que queremos dar una especial importancia, y sobre el que seguiremos insistiendo, hay que señalar particularmente el cambio en el equilibrio de fuerzas dentro de la sociedad. Los grupos que están en las edades más jóvenes, que son los que tienen que forjarse un futuro, los que tendrían que estar teniendo hijos, los que tendrían que estar llevando sobre los hombros la economía del país, se encuentran descabalgados de la economía. Los que deberían estar en la base de la recuperación están fuera de lugar.

El edificio del Estado del Bienestar recae sobre los que ya se están retirando y ningún país puede funcionar así. Sin olvidar, y ello ha sido objeto intenso de debate en esta conversación, que hay un elemento de clase social muy importante: si analizamos la destrucción de empleo, comprobaremos que está afectando mucho más a aquellos que abandonaron la educación y trabajaron en la construcción. Este debate está en el centro de una elección estratégica que tiene que hacer la izquierda: ¿análisis de renta? o ¿análisis de edad?. No es una elección menor y menos en un contexto de muchas dudas sobre la posibilidad de crecimiento económico. Ello genera la necesidad de una decisión mucho más pensada respecto a quiénes tienen que ser los beneficiarios de las políticas públicas.

Nos encontramos ante una disyuntiva que tiene que ver con elegir un modelo de sociedad. Polarización y precarización versus sociedad decente y equitativa. Pero la elección de un modelo de sociedad no es posible sin un mejor y mayor conocimiento de lo que está pasando en relación al impacto social de la crisis.

Todos los indicadores, tanto macro como micro, apuntan a que nos encontramos en un situación de “economía de guerra” y ello nos recuerda que hace 70 años, en el Reino Unido se encargó el Informe Beveridge.

La preocupación crece en los países europeos. En Alemania tienen el Informe sobre pobreza y riqueza elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que hemos conocido esta semana por haber sido maquillado por el propio Gobierno. En el Reino Unido, el potente sector privado de las ideas también estudia y reflexiona sobre el impacto social de la crisis. Un ejemplo a tener en cuenta puede ser la Commission on Living Standards de la Resolution Foundation.

¿Cuál es, en cambio, la situación en España? El Banco de España tiene una Encuesta Financiera de las Familias de 2005, 2008 y 2011. ¿Dónde están los resultados de la de 2011? Este es el resultado de la búsqueda en la web del Banco de España. Estamos ante una falta de responsabilidad muy importante por parte del poder político sobre la obligación de mostrar de forma transparente los datos financiados con dinero público.

Respecto a los datos también nos llama mucho la atención el poco interés que hay para saber qué es lo que está pasando. Un ejemplo es la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde encontramos la referencia a la inclusión social en un pequeño apartado dedicado a “Familias e Infancia”. Este es el lugar, tan poco destacado, que el poder político le está dando a la desigualdad social. El hecho de que, en estos momentos, no haya una Comisión en el Congreso de los Diputados para el estudio del impacto social de la crisis es muy significativo. Más aún si tenemos en cuenta que hay dos subcomisiones sobre el sistema financiero o una comisión para el estudio del cambio climático y otra para el problema de las drogas. En el mismo sentido cabe decir que el último estudio del CIS específicamente dedicado a la percepción de la desigualdad social en España es de principios de los años 90.

Exigimos transparencia e información. Cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en el 2000 empezaron a desaparecer encuestas, y a hacer más opaca la difusión de datos económicos y tributarios, dando lugar a lo que se conoció como “apagón estadístico”. La Encuesta Básica de Presupuestos Familiares, que se realizaba cada década, fue sustituida por la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares, de menor tamaño y con cuestionarios no coincidentes, rompiendo una serie básica para conocer aspectos cruciales del bienestar de las familias. Otras, como la Encuesta Sociodemográfica, que se había realizado por primera vez en 1991 acompañando al Censo de Población sobre una muestra de 157.000 individuos, simplemente no tuvieron continuación. Como resultado y a diferencia de la mayoría de países de nuestro entorno, en España no disponemos de una fuente estadística fiable y de tamaño adecuado para el estudio de la movilidad social, esto es, para el estudio de la reproducción de las desigualdades sociales de generación en generación.

Ahora mismo hay una oportunidad para llamar la atención sobre ello. Los desahucios están despertando la conciencia social sobre la desigualdad como aspecto crucial para la cohesión social y el progreso de nuestra sociedad, y ello se observa ya en las encuestas. También el poder judicial está reaccionando. Pero junto a la conciencia social y la de los investigadores, también hay que despertar la conciencia política. Los poderes públicos, como es el poder judicial, están empezando a reaccionar. El problema es que el poder político está siendo más reactivo, está reaccionando de forma tardía.

Si no cuantificamos el sufrimiento social que está causando esta crisis, este quizá será menos visible pero no serán menos dañinos sus efectos sobre la calidad de nuestro sistema político. Por eso, tenemos que despertar la conciencia de los políticos para que estudien realmente cuál es la realidad social y lo hagan desde una perspectiva integral. Sólo así se podrá hacer frente con eficacia a la creciente insatisfacción que se detecta en las encuestas con el funcionamiento de la democracia. El vínculo es directo. Si la democracia en España está asociada con el progreso económico que genera riqueza y que la distribuye, la perpetuación de la desigualdad no sólo alimentará la desafección democrática, sino que puede quebrar las bases de nuestra cultura democrática. Ha llegado la hora de que el Congreso de los Diputados se haga eco de esta situación y cree una comisión parlamentaria que elabore un informe útil, amplio, detallado y de calidad sobre el impacto social de la crisis en nuestro país. Queremos un Informe Beveridge para España.