La banca debe devolver las ayudas

Durante los últimos días hemos recibido dos tipos de noticias difíciles de conciliar. Por una parte, se ha conocido que con la venta de NCG Banco al grupo venezolano Banesco por 1.000 millones de euros, el Estado, es decir, los contribuyentes, solo recuperarán una décima parte de los 9.226 millones de la ayuda pública concedida a esta entidad. Esta operación confirma de forma específica lo que las autoridades ya habían anticipado de manera general cuando dieron por perdidos 36.939 millones de las ayudas globales concedidas al sector.

Al mismo tiempo que trascendían estas desmesuradas pérdidas, las entidades anunciaban un fuerte aumento de sus beneficios en 2013. Durante los primeros nueve meses del mismo año, las entidades financieras obtuvieron unas ganancias de 6.702 millones de euros, lo cual representa un aumento del 98% respecto al año anterior. Los ciudadanos cargan con unas pérdidas de las que no tienen responsabilidad alguna y los banqueros vuelven a los grandes beneficios como si no hubiera pasado nada. Este balance es intolerable. Primero la banca debe devolver las ayudas.

La sumisión del Gobierno y los supervisores a los banqueros no puede ser más vergonzante. España es realmente una excepción en el panorama internacional por la manera en que se han administrado las ayudas públicas durante la crisis financiera. En Estados Unidos, el Gobierno ha recibido de los bancos asistidos 273.000 millones de dólares en concepto de pagos, dividendos e intereses, lo cual supone unos 28.000 millones más que los 245.000 millones de ayudas públicas inyectadas. En el Reino Unido, Gordon Brown, el primer ministro que tuvo que afrontar la crisis, decidió expresamente sanear la banca mediante aportaciones de capital en lugar de préstamos con el propósito de recuperar el dinero de los contribuyentes cuando las entidades se restablecieran. El Estado posee el 84% del Royal Bank of Scotland y el 32,7% del Lloyds. Con la venta del 6% de este último, el Tesoro británico ha obtenido una plusvalía de 60 millones de libras que destinará a reducir deuda.

El relato de la gestión de las ayudas a la banca en España ha sido completamente distinto. Las promesas del presidente Mariano Rajoy y demás miembros de su Gobierno de que el rescate bancario “no costaría un euro a los ciudadanos” han quedado en palabras vacías. No es solo el incumplimiento de un compromiso. Lo grave es que el Ejecutivo ha contraído una seria responsabilidad al regalar a la banca unas sumas astronómicas sin consentimiento de los contribuyentes.

En el caso de NCG, por ejemplo, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tenía una participación del 62,75%. Si ahora no era posible obtener un precio mejor, el Gobierno debería haber mantenido una parte de sus acciones esperando un mejor momento para la recuperación del valor a fin de recobrar la mayor parte posible de la ayuda. Seguramente veremos la misma dejación de la defensa de los contribuyentes en las futuras ventas de los bancos nacionalizados. La participación del Estado, a través del FROB, en Bankia es del 68,4%; en Catalunya Banc, del 66%, y en BMN, del 65%.

La realidad es que este no ha sido el único regalo que ha obtenido la banca española. El Banco Central Europeo (BCE) ha proporcionado a las entidades financieras unos 250.000 millones de euros a un tipo de interés privilegiado que ha oscilado entre el 0,25% y el 1%. Buena parte de este dinero lo han invertido en deuda soberana española con un rendimiento cercano al 4%, lo cual les ha proporcionado unos beneficios de unos 12.000 millones de euros entre 2012 y 2013. El presidente del BCE, Mario Draghi, ya ha dado a entender que está dispuesto a prolongar la prebenda en los años siguientes con ciertas condiciones.

Por si todo esto no fuera suficiente, el Banco de España acudió el pasado enero en defensa del sector financiero limitando los rendimientos de los depósitos de los ahorradores al 1,75% a un año y al 2,25% a dos años, lo cual se ha traducido en un notable beneficio directo para las entidades.

Todo esto ocurre en un país en el que la banca con el respaldo/exigencia de Bruselas ha esquilmado con 14.750 millones de euros a cientos de miles de pequeños ahorradores titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada. Otros cientos de miles han sido víctimas de las abusivas “cláusulas suelo”, que han impedido a los titulares de hipotecas beneficiarse de la rebaja del precio del dinero. Y otro amplio colectivo ha sido expulsado de su vivienda por imposibilidad de pago, pero sin poder liberarse de la deuda.

El mayor problema es que, a pesar del trato privilegiado recibido, estamos ante una banca ineficiente incapaz de dar créditos, hecho que está originando una fatal asfixia para numerosas empresas. Las empresas y familias disponen actualmente de 390.000 millones de euros menos en créditos que en 2008, lo cual supone una reducción de más del 20%.

¿Para qué nos sirve una banca tan costosa que, a pesar de los apoyos recibidos, no atiende las demandas de crédito? Es el momento de plantearse un nuevo sistema financiero que incluya una sólida banca pública y apoyar a las cooperativas de crédito, que no han costado un euro a los ciudadanos y han aumentado el crédito a las empresas y familias.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]