Las prioridades que oculta la crisis catalana

Una de las consecuencias más lamentables de la crisis política de Catalunya es que ha aparcado otros asuntos que constituyen las preocupaciones de fondo de la parte más vulnerable de la ciudadanía. La intensidad emotiva del pulso secesionista ha eclipsado los debates y las propuestas necesarias sobre el desafío que representa para muchas personas, especialmente los jóvenes y los mayores de cincuenta años, encontrar empleo.

La crónica oficial enfatiza que ya llevamos más de tres años de crecimiento económico, por encima de la media europea. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viene repitiendo desde 2014 que en muchos aspectos la crisis es historia. Esta perspectiva oculta, sin embargo, la gran transformación social que ha producido la crisis, los efectos  de los avances tecnológicos y la globalización en el mundo del trabajo. La sociedad emergente configura un nuevo modelo social, con más desigualdad  y cronificación de la pobreza. 

La realidad es que el paro sigue siendo la preocupación principal para más del 66% de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Esta percepción social es un claro reflejo de la situación del mercado de trabajo. Faltan todavía 1,7 millones de empleos para alcanzar el nivel de ocupación que teníamos antes de la crisis. Existen todavía 3,7 millones de parados, 2 millones más que antes de la crisis, a mediados de 2007. 

La fotografía es incompleta si no precisamos dos características relevantes de la actual situación laboral. Por una parte,  sólo la mitad (55%) de los parados perciben una prestación, cuando en 2010 la recibían un 78%. Por otra parte, tener un empleo tampoco es garantía de dejar de ser pobre. Un 20%  de los jóvenes ocupados obtienen unos ingresos tan bajos que no logran  salir de la pobreza. 

El deterioro de las condiciones laborales queda patente también en otros indicadores como el de los contratos temporales, que representan el 91% de las nuevas contrataciones y cuya duración media es cada vez más corta (51 días). El se hace notar también en la caída de los salarios. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que en 2016 el salario medio cayó por primera vez desde antes de la crisis  y se situó en 1.878 euros brutos mensuales. Sin olvidar que un tercio de los trabajadores tienen ingresos inferiores a 1.000 euros al mes. Mientras, se mantienen las desigualdades entre hombres y mujeres que perciben un 20% menos de salario y entre los jóvenes y los mayores de cincuenta y cuatro años. La devaluación salarial sufrida por los empleados entre 2008 y 2015 ha sido del 7,6% según Comisiones Obreras.

La Fundación FOESSA confirma esta percepción social al señalar que “el 70% de los hogares no han percibido los efectos de la recuperación económica”.  Materias como el  empleo, los salarios y  las condiciones de vida de los parados no constituyen el núcleo del debate político, como tampoco lo es el de las pensiones. 

Vemos con asombro que la caída de los salarios y sus efectos negativos para el conjunto de la economía se están considerando ahora con inquietud por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE). Sorprende porque estas mismas instituciones fueron las instigadoras de las políticas de austeridad y en buena parte responsables del empobrecimiento de amplias capas de la sociedad en aras del mantenimiento de la estabilidad de las instituciones financieras. 

En este clima de desorientación ha decepcionado  la  declaración de los líderes europeos en la pasada cumbre de Gotemburgo sobre el tercer pilar de derechos sociales. La solemnidad en la proclamación de 20 nuevos derechos sociales es inversamente proporcional a su efectividad real. De poco sirven las proclamas del estilo: “deberá garantizarse un salario mínimo adecuado que permita satisfacer las necesidades del trabajador o su familia” si sólo son simples recomendaciones. ¿No sería más convincente establecer un solo nuevo derecho social, pero de cumplimiento  tan obligatorio como el déficit público?  

La crisis ha laminado este país. Millones de ciudadanos han sido golpeados directamente. Unos han perdido el  empleo, otros la vivienda, una parte de sus ahorros o son víctimas de contratos bancarios con condiciones leoninas. Gobiernos y legisladores esquivan estos asuntos y trasladan su resolución a los jueces, cuyo  amparo fundamental es el de la legisación y jurisprudencia europeas. Los cambios en la economía son tan rápidos que urgen nuevas respuestas para proteger a los expulsados del sistema productivo. Como señala Javi Creus en la entrevista que publicamos en nuestro número de diciembre, ante la incapacidad para proporcionar todos los empleos necesarios la prioridad es “garantizar unos ingresos para todo el mundo”.

El desarrollo de  modelos alternativos como las distintas formas de economía social y colaborativa exige una actitud más activa de  los poderes públicos, que no pueden escudarse en la falta de recursos. Hay que  recordar que  España es el país que ha perdido más dinero en salvar  bancos (48.000 millones de euros) y que, por ejemplo, es  el undécimo más bajo de Europa en gasto público en vivienda. El distanciamiento entre los asuntos que ocupan a  gobernantes  y legisladores  y  las necesidades  reales de los ciudadanos tiene graves riesgos.

[Este artículo es el editorial del número de diciembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]