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El cementerio del mar

Una madre y su hijo rescatados en el mar tras el hundimiento de su barco en el Mediterráneo, mayo de 2011 © UNHCR/F. Noy

Cuando el crucero Costa Concordia quedó encallado frente a la costa toscana en enero de 2012 murieron 32 personas. Los medios de comunicación informaron ampliamente de la trágica pérdida de vidas. Y volvieron a hacerlo exactamente un año después de la catástrofe.  No cabe duda de que 32 muertes evitables eran algo que no debía olvidarse.

No ocurrió lo mismo, en cambio, el 6 de abril, cuando se cumplieron dos años de un terrible naufragio ocurrido frente a la isla italiana de Lampedusa. En medio del conflicto de Libia, había partido de este país un barco de gran tamaño, cuyos pasajeros iban en busca de seguridad en Europa. Nunca conoceremos su número exacto, pero se cree que había entre 200 y 300 personas a bordo. Eran familias enteras de países como Somalia y Sudán, decididas a hacer el peligroso viaje a Europa porque no les quedaba otra opción. Desaparecieron todos los pasajeros, salvo 51

¿Acaso vimos algo sobre este suceso en las noticias del día siguiente?  ¿O ha aparecido acaso información sobre su conmemoración en nuestros feeds de Twitter? La verdad es que probablemente no, porque no se ha conmemorado, y ni siquiera una búsqueda en Google desvelará muchos datos. 

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Gran Premio de Fórmula 1 en Bahréin: ¿qué pasa fuera del circuito?

Fernando Alonso en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin. 22 de abril de 2012. Copy: Ryan Bayona CC-BY-2.0

Este fin de semana vuelve a Bahréin el circo de la Fórmula 1 de automovilismo, con sus luces y sus sombras. Entre las primeras, la de un nuevo fin de semana de emoción y diversión para los millones de aficionados en todo el mundo, entre los que me incluyo, por seguir esta incruenta pelea de máquinas y pilotos, por ver si “nuestro” Alonso consigue volver a ser campeón, para reconciliarnos con Hamilton, o para seguir con interés las disputas entre Webber y Vettel… Pero como todos los circos, también tiene sus sombras tras la gran carpa. Rodeando al circuito de Fórmula 1 y al inevitable ambiente de lujo y despreocupación que reina en sus tribunas, una gran parte del pueblo bahreiní sufre y protesta por la situación en su país, por la fuerte represión con que el gobierno de Bahréin reprime las protestas que surgieron en febrero de 2011 en la llamada “primavera árabe”.

El circuito Sakhir de Bahréin se construyó para albergar la Fórmula 1 desde 2004, por empeño personal del príncipe Salman bin Hamad Al Jalifa, con el objetivo de convertirlo en una especie de símbolo nacional para proyectar internacionalmente una imagen moderna de Bahréin. El año 2011, apenas un mes después del inicio de las revueltas políticas, la carrera fue suspendida, pero el pasado 2012 volvió a celebrarse pese a las protestas (por la falta de seguridad según algunas escuderías de coches; por la falta de respeto a los derechos humanos, según muchos activistas bahreiníes), en las que incluso murió un manifestante.

Dos mujeres protestan contra el premio de Fórmula 1 en la autopista de Budaiya (Manama, Bahréin) el 12 abril de 2012. Copy: Hamel Alrayeh CC-BY-SA-3.0

Dos mujeres protestan contra el premio de Fórmula 1 en la autopista de Budaiya (Manama, Bahréin) el 12 abril de 2012. Copy: Hamel Alrayeh CC-BY-SA-3.0

En un reciente informe de Amnistía Internacional se hace referencia al precio tan alto que se está pagando por la libertad en Bahréin. Se pone de manifiesto como, dos años después del inicio de las protestas populares de 2011, los presos de conciencia continúan en prisión y se sigue encarcelando a los activistas sólo por expresar sus opiniones en las redes sociales o en marchas pacíficas.

El pasado mes de enero, una delegación de Amnistía Internacional visitó Bahréin, donde se reunió con siete presos de conciencia recluidos en la cárcel de Jaw. Todos ellos habían sido encarcelados por cargos falsos o en aplicación de leyes que reprimen derechos básicos. De hecho, no se presentaron pruebas fehacientes que justificaran estas condenas. Aparentemente, todas las personas afectadas fueron perseguidas por sus opiniones contrarias al gobierno y por haber participado en protestas pacíficas. Además, muchos de los presos de conciencia fueron presuntamente torturados en las primeras semanas de detenciones y algunos se quejaron del tratamiento médico que recibían.

El conocido informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin presentado en noviembre de 2011, con sus claras conclusiones -aceptadas por el Rey- y recomendaciones -que el gobierno se comprometió a cumplir-, sigue siendo papel mojado: Dos años después del levantamiento de Bahréin, y tras la fanfarria de reforma subsiguiente, en los últimos meses, no sólo no se han liberado a los presos de conciencia, sino que más personas han sido encarceladas simplemente por atreverse a expresar su opinión, ya sea via Twitter o participando en marchas pacíficas. Los tribunales bahreiníes parecen más preocupados en ceñirse a las directrices del gobierno que en ofrecer un tratamiento justo y efectivo para todos los bahreiníes y en garantizar el cumplimiento de las leyes.

Podemos citar, por ejemplo, el caso de Zainab Al-Khawaja, de doble nacionalidad, bahreiní y danesa, que estuvo en huelga de hambre del 17 al 29 de marzo de 2013 como protesta por la decisión de las autoridades de la prisión de prohibirle la visita semanal de su familia por negarse a llevar el uniforme de presa. Su padre, el destacado activista de la oposición Abdulhadi Al-Khawaja (uno de los siete presos de conciencia antes mencionados), también se declaró en huelga de hambre para apoyar su protesta. Zainab Al-Khawaja puso fin a su protesta debido al deterioro de la salud de su padre, quien también suspendió su acción. Según su familia, el 2 de abril se negó al cónsul danés el acceso a ella.

A Zainab la detuvieron por primera vez en diciembre de 2011 junto con otra activista, Ma’suma Sayyid Sharaf, y la dejaron en libertad al cabo de unos días. Ambas fueron acusadas formalmente de "concentración ilegal" y de "incitar al odio al régimen" tras disolver la policía una manifestación pacífica en una glorieta a las afueras de Manama utilizando gas lacrimógeno y bombas sonoras. Cuando la policía la detuvo, era la única persona que quedaba en la glorieta, donde se encontraba sentada. Unas imágenes de vídeo de la detención muestran a dos mujeres policías que la esposan y la llevan a rastras hasta un vehículo policial situado unos metros más allá, haciendo que se golpeé reiteradamente la cabeza contra el suelo. Tras quedar en libertad, Zainab al-Khawaja ha sido detenida, juzgada y condenada por periodos cortos de prisión en varias ocasiones, hasta llegar a la situación actual que comento.

Dos menores de edad, Jehad Sadeq Aziz Salman -de 16 años- y Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad -de 15-, fueron condenados a 10 años de prisión el pasado día 4 de abril, junto a otros tres adultos que recibieron también condenas iguales o superiores.

Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad (15 años) detenido el 23 de julio de 2012. Copy: Particular

Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad (15 años) detenido el 23 de julio de 2012. Copy: Particular


Estos dos niños y los tres adultos fueron detenidos el 23 de julio de 2012, durante una manifestación contra el gobierno celebrada en Bilad al-Qadeem, al oeste de Manama. Se les aplicó el Código Penal y la legislación anterrorista de Bahréin, la Ley 59 de 2006, relativa a la protección de la comunidad contra los actos terroristas, y fueron declarados culpables de “tentativa de asesinato”, “incendio de un vehículo policial”, “concentración ilegal y disturbios”, “lanzamiento de cócteles Molotov” e “intento de robo de un vehículo policial”. Según uno de los abogados de los menores, su sentencia condenatoria estuvo basada en presuntas confesiones que les obligaron a firmar sin la presencia de un abogado ni de un miembro de la familia y de las que se retractaron durante el juicio.

Aunque, según la legislación bahreiní, la edad de responsabilidad penal son los 15 años, ambos tienen menos de 18 años, así que deben ser considerados niños y ser tratados de acuerdo con las normas y principios de la justicia de menores.

Y aún más recientemente, el pasado domingo el Consejo de Ministros bahreiní, presidido por el primer ministro y el príncipe heredero, recién nombrado viceprimer ministro, aprobó una enmienda al artículo 214 del Código Penal que eleva la pena por ofensas al rey Hamad bin Isa al Jalifa o a la bandera y otros símbolos nacionales. Esta medida adoptada por el gobierno de Bahréin, que permite imponer hasta cinco años de prisión a toda persona que resulte culpable de injuriar al Rey de Bahréin supone un nuevo intento de reprimir la disidencia con antelación al Gran Premio de Fórmula 1. No olvidemos que, como subraya el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es legítimo que las figuras públicas, incluidas las que ejercen la máxima autoridad política, como los jefes de Estado y de gobierno, sean objeto de críticas y de oposición política.

Ojalá este fin de semana, el ruido y la emoción -para algunos- del moderno circo de la Fórmula 1 no silencie ese otro clamor popular por la libertad y la justicia, que se oye valiente, pese a todo, fuera del circuito. Y ojalá también que desde la comodidad de nuestro salón también tengamos tiempo para mirar lo que pasa allí fuera, y elevemos nuestra voz ante el gobierno y el rey de Bahréin para protestar por sus repetidas violaciones de los derechos humanos.

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... Y Mam Sonando recuperó la libertad

Una imagen de la comunidad del Lago Boeung Kak, al este de Camboya, tras sufrir la demolición de algunas casas y el desalojo forzoso de sus habitantes en septiembre de 2011 © Nora Lindström

Hacía calor –mucho calor– cuando llegué la semana pasada a la casa y emisora de radio de Mam Sonando, situada en una polvorienta calle de Phnom Penh, la capital de Camboya.

Me recibió en la puerta principal. “Gracias”, dijo. Con una amplia sonrisa, hizo un rápido gesto con la mano derecha: su característica V de la victoria. Tras pasar ocho meses en prisión, había quedado en libertad y ya no le esperaban 20 años entre rejas.

Preso de conciencia
Mam Sonando tiene 72 años y es un periodista popular. Propietario de Beehive Radio, una de las escasas emisoras de radio independientes que hay en Camboya, preside además la Asociación de Demócratas, que promueve los derechos humanos y la democracia y presta ayuda a comunidades pobres.

El 11 de septiembre de 2012, cuando comenzó su juicio ante el Tribunal Municipal de Phnom Penh, llevaba dos meses detenido a causa de las afirmaciones del primer ministro de Camboya, que lo acusó públicamente de ser el organizador de un complot que pretendía la secesión –la separación del país– de una localidad del este de Camboya.

La realidad es que los habitantes de esa localidad llevaban mucho tiempo en conflicto con una poderosa empresa, y el denominado complot de secesión no fue más que un pretexto para desalojarlos por la fuerza.

Y la detención de Mam Sonando se produjo cuando transmitió a través de Beehive Radio información sobre una denuncia ante la Corte Penal Internacional, que acusa al gobierno camboyano de desalojar por la fuerza y desplazar a miles de personas.

Mam Sonando salió de prisión el 15 de marzo de 2013. Copy: Amnistía Internacional

Mam Sonando salió de prisión el 15 de marzo de 2013. Copy: Amnistía Internacional


Mam Sonando, junto con otras seis personas, fue acusado de delitos contra el Estado. Estuve presente en una sala atestada de gente durante los cuatro días que se prolongó la vista, junto con sus familiares y simpatizantes, activistas de los derechos humanos, diplomáticos y periodistas. No se presentaron pruebas de que hubiera hecho algo indebido, así que la sentencia, que se anunció el 1 de octubre, se recibió con consternación e incredulidad. Mam Sonando fue declarado culpable y condenado a 20 años de cárcel por “instigar a la insurrección” y otros delitos.

Según me contó, “en la cárcel pensaba en las personas que me quieren y me echaban de menos, incluidas las personas a las que había ayudado a través de mi asociación. Las echaba mucho de menos. Las quiero, y quería abrazarlas. Son lo único que me importa”.

Amnistía Internacional consideró a Mam Sonando preso de conciencia, encarcelado por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Junto con otras organizaciones, camboyanas y extranjeras, hicimos campaña para que lo dejasen en libertad. Activistas de la organización enviaron Acciones Urgentes e hicieron un llamamiento al gobierno de Camboya. Pedimos a gobiernos extranjeros que planteasen el caso al de Camboya, y lo convertimos en elemento central de nuestro trabajo de incidencia durante la visita a Camboya del presidente estadounidense Barack Obama y otros líderes para las cumbres de la ASEAN y del sudeste asiático en noviembre de 2012.

Puesta en libertad
La condena generalizada dio sus frutos. El 14 de marzo de 2013, el tribunal de apelación camboyano anuló las declaraciones de culpabilidad de los delitos más graves contra el Estado y la condena a 20 años de cárcel impuesta a Mam Sonando. Aun así, fue condenado a cinco años de prisión por delitos relacionados con los bosques. Ya había cumplido ocho meses de prisión, y se le impuso una condena condicional para el resto del tiempo.

Oír a los simpatizantes en el exterior de la sala del tribunal y verlos en el interior, incluidos diplomáticos y organizaciones de derechos humanos, me dio muchos ánimos. No sólo me apoyaban a mí; estaban mostrando su apoyo a la democracia y los derechos humanos”, me dijo Mam.

Quiero dar las gracias a todo el mundo por unirse para conseguir mi libertad. Gracias a los miembros de Amnistía Internacional por proteger mi libertad.”

El 15 de marzo, Mam Sonando salió de la prisión de Prey Sar, en Phnom Penh. Le esperaban unas 1.000 personas alborozadas, que le subieron a una silla a modo de trono e iniciaron un vistoso desfile para llevarlo hacia la libertad.

La pesadilla de las acusaciones falsas y el encarcelamiento se había convertido en un sueño maravilloso; lo malo había acabado bien, y me permitió ver el corazón de la gente y comprobar que al mundo le importa la justicia.”

Mirando hacia el futuro
¿Va a recurrir contra la decisión de confirmar algunas de las condenas que se le han impuesto, y la nueva condena por delitos relacionados con los bosques?

Desde luego que sí, no he hecho nada malo. No puedo rendirme. Quiero que se haga justicia. No soy culpable, y tengo que dar ejemplo”, contestó.

Mi meta sigue siendo la misma: democracia y respeto por los derechos humanos en Camboya. Mi caso se ha convertido en un símbolo de unidad para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Camboya”.

Y tiene intención de seguir dirigiendo Beehive Radio y la Asociación de Demócratas.

En Camboya hay grandes problemas, problemas muy graves. Para resolverlos es fundamental la concienciación sobre la democracia y los derechos humanos.”

Hacia el final de nuestro encuentro le pregunté si cambiaría alguna cosa, si volviera a pasar por lo mismo.

¡Por supuesto! La vida no vale la pena si no estás dispuesto a sacrificarla por los demás. Tengo que mantenerme firme para que otras personas no sufran la misma tragedia.”

Efectivamente, aunque la puesta en libertad de Mam Sonando es un paso en la dirección correcta hacia la libertad de expresión en Camboya, otras personas sufren tragedias similares en el país.
Yorm Bopha, 29, fue detenida en septiembre de 2012. Ha destacado en su defensa de los derechos de la comunidad del Lago Boeung Kak en Camboya © Jenny Holligan

Yorm Bopha, 29, fue detenida en septiembre de 2012. Ha destacado en su defensa de los derechos de la comunidad del Lago Boeung Kak en Camboya © Jenny Holligan


Yorm Bopha, activista que defiende el derecho a la vivienda, cumple una condena de tres años de prisión. El 27 de diciembre de 2012 fue declarada culpable de cargos falsos de “violencia deliberada”. Y Born Samnang y Sok Sam Oeun cumplen condenas de 20 años de cárcel tras convertirse en cabezas de turco por el asesinato del destacado líder sindicalista Chea Vichea en 2004; los verdaderos asesinos nunca han comparecido ante la justicia.

Amnistía Internacional trabaja para conseguir también su puesta en libertad.

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La revolución en Egipto ha mostrado lo fuertes que son las mujeres

Protesta contra los ataques sexuales a mujeres en El Cairo, 12 de febrero de 2013 © Bora S. Kamel

No me siento más débil que los demás. La fuerza no tiene que ver con el género, nace en el interior de la persona.” Así se expresa Azza Hilal Ahmad Suleiman, que en diciembre de 2011 sufrió una fractura craneal tras ser golpeada por soldados del ejército egipcio cuando participaba en una protesta en El Cairo. Pasó una semana en coma y los médicos advirtieron a su familia que se preparara para lo peor. Tras recuperarse, Azza Hilal Ahmad Suleiman, que había crecido en una familia de militares y había llevado una vida bastante convencional, se ha convertido en una valiente activista decidida a obtener justicia.

La “Revolución del 25 de enero” que en 2011 derrocó al presidente Hosni Mubarak generó grandes expectativas de mejora en la vida de la población egipcia, especialmente de las mujeres, que habían desempeñado un papel muy relevante en el levantamiento. Sin embargo, las expectativas se han incumplido en su mayor parte y no se han vinculado a las reivindicaciones de las mujeres, que piden igualdad de derechos y no sufrir violencia ni acoso sexual.

La igualdad es un principio básico para el disfrute de los derechos humanos, pero las autoridades egipcias han ignorado su obligación de luchar contra la discriminación: las mujeres han sido excluidas de la vida pública, por ejemplo en los cargos en el gobierno, el parlamento y el poder judicial.

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India tiene un lado oscuro

Taj Mahal en Agra, India. Copy: By Yann, via Wikimedia Commons

Siempre he querido viajar a la India. Conocer Agra y el imponente Taj Mahal, visitar la región de Rajasthan y su ciudad rosa de Jaipur, bañarme en las playas de Goa o caminar por la cordillera más alta del mundo, el Himalaya. Pero además de estas maravillas naturales y arquitectónicas, India tiene más motivos para recorrer miles de kilómetros hasta allí. La India es una de las civilizaciones más antiguas de la tierra; para algunos historiadores, la más antigua. Y como tal, guarda tradiciones milenarias, tradiciones que han pasado de generación en generación. Algunas se han ido perdiendo en el tiempo y en la memoria de los más mayores. Otras, aún siguen vigentes a día de hoy.

Una de estas tradiciones a las que quiero referirme es la pena de muerte. Al igual que otras culturas, durante siglos la India ejecutó a personas por “tradición”. Cuando llegaron los británicos, allá por el siglo XVII, instauraron algo parecido a un Código Penal. Ese Código Penal se fue asentando y 200 años después, cuando la población de la India alcanzó la independencia, mantuvo la pena capital entre sus artículos; pena capital que solo se aplicaría “en los casos más excepcionales”.

Los años pasaron y el uso de la pena de muerte fue retrocediendo en India, al igual que en el resto del mundo. Hasta el año pasado. El 21 de noviembre Ajmal Kasab, un ciudadano paquistaní, fue ahorcado en la ciudad de Pune. En 2010, un tribunal especial le había declarado culpable de participar en los atentados de Mumbai, en los que murieron más de 150 personas y resultaron heridas más de 250. Ajmal Kasab cometió delitos horribles, muy graves, pero la pena de muerte nunca puede ser una opción. Durante años se han realizado estudios que demuestran que este castigo cruel, inhumano y degradante no es disuasorio, se aplica de manera arbitraria y es tremendamente discriminatorio. No todos somos iguales frente a la pena de muerte.

Esta ejecución rompía con ocho años en los que el país había renunciado a llevar a cabo ejecuciones. Para Amnistía Internacional, un país que permanece 10 años sin recurrir a la pena de muerte, es un país abolicionista en la práctica. India estaba cerca, pero desafortunadamente no se sumó a los 140 países que, bien en la ley, bien en la práctica, han renunciado a la pena capital, una violación de derechos humanos básicos, como el derecho a la vida.

La petición de indulto de Ajmal Kasab fue rechazada por el presidente Pranab Mukherjee a primeros de noviembre. Ni el abogado de Ajmal Kasab ni la familia de éste, que vivían por entonces en Pakistán, fueron informados de la ejecución inminente, lo que vulnera las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Y lo que es más preocupante, el ministro del Interior indio declaró públicamente que se había hecho así para evitar la intervención de los activistas de derechos humanos. La rapidez y secretismo que rodearon esta ejecución despertaron el peor de los presagios: la pena de muerte estaba de vuelta en India.

Carteles de Amnistía Internacional contra la pena de muerte en India. Copy: AI

Carteles de Amnistía Internacional contra la pena de muerte en India. Copy: AI


Poco más de tres meses después, a las 8.00 horas del 9 de febrero de 2013, las autoridades indias ejecutaron en la horca a Mohammad Afzal Guru en la cárcel de Tihar, Nueva Delhi. Esta ejecución se convertía en la segunda en India tras un paréntesis de ocho años. Su condena a muerte fue ratificada por el Tribunal Supremo de India en 2005. Su última posibilidad de apelación, un indulto del Presidente, fue rechazado solo tres días antes de que fuera ejecutado. Aún no sabemos  con exactitud si Afzal Guru tuvo oportunidad de solicitar una revisión judicial de la decisión de rechazar su petición de indulto, una práctica habitual en otros casos. Lo único que sabemos con certeza es que existían graves dudas sobre las garantías que tuvo el juicio. Afzal Guru no contó con representación letrada de su elección ni tuvo un abogado con experiencia adecuada durante el juicio, algo fundamental en estos casos. Tras ser ahorcado, se conoció que su familia, en Cachemira, afirmaba que no se les informó de su inminente ejecución, violando con ello las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Tampoco les devolvieron el cadáver para las honras fúnebres, en incumplimiento de las normas internacionales.

Desde noviembre de 2012 han sido dos las personas ejecutadas en India, pero son decenas las que están en riesgo de ejecución inminente. El pasado mes de marzo el presidente Mukherjee rechazó las peticiones de indulto de al menos siete personas, que podrían ser ejecutadas en cualquier momento, de nuevo entre el oscurantismo y el secretismo.
Activistas de Amnistía Internacional en Tailandia protestan contra la pena de muerte. Copy: AI

Activistas de Amnistía Internacional en Tailandia protestan contra la pena de muerte. Copy: AI


Sigo deseando viajar a la India, soñando con bañarme en las playas de Goa y en recorrer a pie el Himalaya. Pero desde noviembre del año pasado, hay un oscuro lado de la India que no quiero conocer. Esa oscuridad podría dejar paso a la luz si las autoridades de la India se alejaran de este acto inhumano que es la pena de muerte. Para ello, qué mejor manera que establecer una suspensión oficial de las ejecuciones, conmutar todas las condenas a muerte y, en última instancia, abolir la pena capital para todos los delitos.

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La retórica y la realidad de los derechos de las personas de la comunidad gitana

En julio de 2011 las autoridades locales de Baia Mare, en Rumanía, construyeron un muro de 3 metros de alto por 100 de largo para separar las viviendas sociales ocupadas mayoritariamente por personas gitanas del resto de la población, al otro lado de la calle. En noviembre de 2011 las autoridades locales fueron multadas por este hecho por un órgano superior y se ordenó la demolición del muro por ser discriminatorio. Supuso una gran victoria para la comunidad gitana de esta zona.© Mugur Vărzariu

Lo único que queremos es que nos traten como seres humanos, vivimos así, y así deben tratarnos [...]; nunca antes nos habían hecho sentir con tanta claridad que somos diferentes. Ahora lo sentimos de verdad”. Pareja de ancianos de la comunidad gitana, en Avas, Hungría, octubre de 2012

Mientras celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril, una de las mayores minorías étnicas de Europa sufre una discriminación cada vez más generalizada, la violencia por motivos raciales, desalojos forzosos y la segregación. Más de diez años después de la adopción de las leyes de la Unión Europea (UE) contra la discriminación, los Estados miembros no aplican dichas leyes para combatirla.

La Directiva de Igualdad Racial de 2000 de la UE prohíbe claramente la discriminación por razones de raza y etnia en diversas áreas, como el acceso a bienes y servicios, la protección social, la salud, la vivienda, el empleo y la educación. Sin embargo, como señala un nuevo informe de Amnistía Internacional —Aquí y ahora: derechos humanos, derechos de los romaníes. Llamada de atención a la Unión Europea—, las políticas y prácticas discriminatorias hacia las personas de etnia gitana en todas estas áreas siguen siendo habituales en los Estados de la UE y, hasta la fecha, la Comisión Europea no las ha cuestionado efectivamente.

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A la tercera va la vencida

Campaña Armas Bajo Control. Petición Un millón de rostros. 5 junio 2006. © AI/ Joyce Vlaming

Fue un momento especial que nunca olvidaré. Cuando el miércoles 27 de marzo por la mañana caminaba hacia la funcionaria de la ONU que estaba repartiendo copias del texto del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), contuve el aliento mientras me preguntaba cómo se había reflejado finalmente en el tratado el principio de la Regla de Oro “Ni un arma para cometer atrocidades”.

Sabíamos que iba a estar en el tratado de alguna manera, pero fue un momento lleno de intriga. Así que le eché un rápido vistazo a los artículos relativos al preámbulo, al alcance y a la aplicación y me fui rápidamente a leer con detenimiento los artículos 6 y 7 que abarcan la Regla de Oro. Volví a leerlos, por si me había perdido algo. Luego eché un vistazo a las disposiciones sobre presentación de informes, desvío y cómo se podía cambiar el tratado en el futuro. Respiré profundamente y me dije: “Bien hecho, Amnistía, hemos conseguido incluir la Regla de Oro”.

Tras haber trabajado casi 20 años en este tema, me sentí aliviado, pero la batalla no había terminado.

Tengo bonitos recuerdos de este largo proceso, pero uno en especial me vino a la memoria cuando tuve el texto en mis manos. Recordé cuando caminaba sobre el mar helado en el invierno de 2001 al salir de una reunión muy fructífera del Ministerio de Asuntos Exteriores con mi amigo Frank Johansson, Director de AI Finlandia.

Por supuesto, fue Brian Wood, Director del Equipo de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales del Secretariado Internacional de AI, quién hace 20 años acuñó el concepto del TCA, sentado en una pequeña sala con colegas de Saferworld, BASIC y el World Development Movement, y ha sido fundamental para traernos hasta aquí.

Pero creo que un momento clave en esta larga lucha fue cuando Frank consiguió “vender” la idea a Erkki Tuomioja, Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia. Él fue nuestro primer campeón más allá de Costa Rica y quien consiguió el apoyo y la complicidad de otros gobiernos, incluido el de Reino Unido –cuyo apoyo ha sido clave y se consiguió a través de una fuerte campaña y un trabajo sostenido de captación de apoyos por parte de AI y otras organizaciones-, Australia, Japón y otros países, un grupo que se acabó llamando el de los “co-autores”. Ellos, junto a Kenia y Argentina, iniciaron el proceso del TCA en la ONU.

Pero no tenía tiempo que perder. Volví rápidamente a la oficina de AI ante la ONU para reunirme con nuestros expertos técnicos y jurídicos para analizar el texto. Allí lo analizamos exhaustivamente, porque el intríngulis está en los detalles, pero el sentimiento global fue: “Sí, nos gusta”.

Un combatiente del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, grupo rebelde, observa armas capturadas durante combates con el ejército congoleño en Rumangabo. 17 de octubre 2008. © REUTERS/ James Akena

Un combatiente del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, grupo rebelde, observa armas capturadas durante combates con el ejército congoleño en Rumangabo. 17 de octubre 2008. © REUTERS/ James Akena



Por supuesto que podría ser mejor, pero el enorme trabajo realizado por alrededor de 25 lobbistas de AI de todo el mundo durante las últimas dos semanas parece que ha dado sus frutos. Nada de esto podría haberse hecho realidad sin el apoyo de los responsables de campañas, captación de apoyos y medios de comunicación en las capitales, y tampoco sin el de los miembros de AI, incluidos los activistas de los Grupos Locales. De eso estamos seguros.

Aunque el texto definitivo del TCA tiene algunas deficiencias, en Amnistía creemos que incluye normas enérgicas que ayudan a proteger los derechos humanos.

El Artículo 6 incluye prohibiciones enérgicas sobre transferencias que alimentan el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, lo que no deja espacio a los Estados para que sigan enviado armas para cometer atrocidades.

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Balas no perdidas: por qué el Tratado sobre el Comercio de Armas debe regular la munición

Marianne -nombre ficticio- vende pescado para ganarse la vida en una aldea de Costa de Marfil. En marzo de 2011 la milicia de los dozo -paramilitares- atacaron su pueblo, violándola y matando a su hijo. Copyright: Amnistía Internacional

Ninguna madre debería tener que pronunciar jamás una frase tan escalofriante sobre su hijo. Pero en Costa de Marfil, una mujer contó recientemente a nuestros investigadores la desgarradora historia de cómo su hija de 12 años sobrevivió a un ataque mortal en su localidad, situada al oeste del país, durante la oleada de violencia que se desencadenó tras las elecciones celebradas a principios de 2011.

Las armas y la munición empleadas por las milicias dozo se incluyen entre las que entran ilegalmente en el país a través de Burkina Faso, incumpliendo el embargo de armas impuesto por la ONU y vigente desde 2004. Desde antes del embargo, se enviaban de manera irresponsable armas y munición a los dos bandos del conflicto armado de Costa de Marfil.

Casi dos años después de ese salvaje ataque, la pequeña sigue padeciendo hemorragias nasales y cefaleas, por no mencionar el trauma psicológico que tanto ella como su familia deben soportar. Además de los disparos que la niña recibió, la familia también perdió a un hijo de cuatro años en la oleada de violencia, y la madre fue violada por hombres armados.

Ellos y otros habitantes viven con el temor de que los grupos armados que todavía merodean por la zona cometan nuevos ataques.

Esta historia parece increíble, pero lamentablemente no es infrecuente en Costa de Marfil. En el último decenio, el comercio ilegal e irresponsable de armas y munición ha provocado que cientos de marfileños hayan perdido la vida, las mujeres y las niñas hayan sido violadas y miles de personas se hayan visto obligadas a huir de sus hogares, todo ello bajo la amenaza de la violencia armada.

Ojalá esta mujer pudiese acudir esta semana a las Naciones Unidas para compartir su mensaje con diplomáticos de todo el mundo que están ultimando el texto definitivo de un tratado histórico que regule el comercio mundial de armas convencionales.

Cuando escucho lo que le sucedió a su familia, me pregunto cómo un país podría querer excluir la munición —como las dos balas alojadas en la cabeza de esta niña— del texto del proyecto de tratado.

Pero esta es precisamente la postura de Estados Unidos, el mayor exportador mundial de armas y municiones; y no es el único.

La milicia armada dozo del oeste de Costa de Marfil atacó a esta familia. Violaron a la madre, mataron al hijo de cuatro años y dispararon a la hija, que ahora tiene 12 años, y que sigue teniendo dos balas alojadas en la cabeza. © Amnesty International

La milicia armada dozo del oeste de Costa de Marfil atacó a esta familia. Violaron a la madre, mataron al hijo de cuatro años y dispararon a la hija, que ahora tiene 12 años, y que sigue teniendo dos balas alojadas en la cabeza. © Amnesty International


Durante una ronda anterior de negociaciones para la elaboración del tratado, celebrada en el mes de julio, un miembro del personal del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que la munición “es fungible, se puede consumir y recargar, y no se puede marcar de ninguna forma práctica que permita rastrearla o seguirle la pista. Cualquier propuesta práctica con respecto a la munición debería tener en cuenta las importantes dificultades asociadas a los permisos, autorizaciones y registro de la munición que se produce y transfiere en cantidades de miles de millones anuales.”

¿Pero qué hay de los millones de vidas afectadas anualmente por armas y munición que caen en las manos equivocadas? Sin duda estos seres humanos merecen el papeleo adicional.

Y en todo caso, al gobierno estadounidense ya se le exige regular su propia importación y exportación de munición, con lo que el argumento no se sostiene.

Por este motivo resulta alentadora la noticia de que el 19 de marzo —segundo día de la conferencia final de nueve días acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas que se celebra en la ONU— 69 Estados firmaron una declaración para exigir que el Tratado regule la munición.

Muchos eran países africanos y latinoamericanos cuyas sociedades sufren la lacra generalizada de la violencia provocada por las armas pequeñas y ligeras. En su opinión, para que el Tratado sirva para salvar vidas, es evidente que en el alcance se debe incluir no sólo la transferencia de armas, sino también la munición que se puede emplear para cometer atrocidades y abusos.

Delegados de Amnistía Internacional de cada región del mundo se encuentran en Nueva York hasta la finalización de la conferencia, y presionarán a todos los Estados al objeto de garantizar que balas como las dos alojadas en la cabeza de la niña de Costa de Marfil ya no se puedan comprar ni vender por todo el mundo sin que se hayan establecido los controles adecuados.

Ningún país debe tomar parte en el negocio de suministrar armas y munición a regímenes represivos o grupos armados en lugares donde existe un riesgo real de que se utilicen para cometer o favorecer la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

Espero que, tras estas dos semanas, nuestros investigadores puedan volver a esa pequeña población del oeste de Costa de Marfil con la noticia de que el mundo ha escuchado y ha tomado medidas para controlar el irresponsable comercio de armas transfronterizo  que tanto sufrimiento les ha causado.

En Amnistía Internacional seguimos trabajando para que

Estados Unidos apoye el Tratado Internacional que regule el Comercio de Armas. Actúa.

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Es el momento de apoyar un Tratado Internacional de Armas

Niños jugando con proyectiles lanzados por el ejército israelí sobre Gaza en 2002. Copyright: María del Pozo

Estuve en Gaza e Israel hace muchos años, pero algunas imágenes las tengo todavía muy presentes. Unos niños me perseguían para que les hiciera fotos, como en muchas otras partes del mundo. La diferencia es que, emocionados y orgullosos, me enseñaban sus “juguetes”. El viaje, entre otros motivos, tenía como objetivo investigar las muertes de niños y niñas como consecuencia del conflicto.

Cuando me vi delante de ellos y de las madres que lloraban la desaparición de sus seres mas queridos, me generó unos sentimientos de amargura que no he podido olvidar. Pero de la frustración hay que pasar a la acción.

Según Amnistía Internacional, cada minuto muere una persona como consecuencia de la violencia armada. Desde 1989, 131 conflictos han causado la muerte de al menos 250.000 personas al año. Siria, Mali o Sudán son ejemplos actuales de lugares en los que la población civil sigue sufriendo. Y detrás de cada muerte siempre hay un arma. Un arma que quizás no hubiera estado ahí si existiera una regulación para su comercio y distribución.

Una de las nueve bombas de racismo fabricadas en Rusia lanzadas por las fuerzas gubernamentales sirias en Alepo el 1 de marzo de 2013. © Amnistía Internacional

Una de las nueve bombas de racismo fabricadas en Rusia lanzadas por las fuerzas gubernamentales sirias en Alepo el 1 de marzo de 2013. © Amnistía Internacional


Entre todas las víctimas, hay algunas que sufren un impacto desproporcioando. Son las niñas y las mujeres, que a  menudo se ven afectadas en aspectos invisibles y de los que apenas se habla, como la violencia sexual. Extremadamente preocupante, también, es el uso de niños y niñas soldado en países en conflicto tanto por parte de fuerzas gubernamentales como de grupos armados.

Por eso es urgente abordar de una vez por todas, con contundencia y visión a largo de plazo, la ausencia de normas mundiales para el control del comercio de armas entre países.

La buena noticia es que después de una década de campañas de diferentes ONG ya estamos en la recta final. Del 18 al 28 de marzo se celebra en Nueva York la Conferencia de Naciones Unidas en la que puede adoptarse por fin un Tratado Internacional que ponga límites, controles y transparencia a este comercio que genera tanta muerte y tanta violencia.

Eso si, después de tanto tiempo y con los años que hemos invertido hasta llegar aquí, no nos vale cualquier texto. Necesitamos un Tratado sólido que prohíba expresamente a los gobiernos autorizar exportaciones de armas, munición, material de defensa o doble uso cuando exista un riesgo sustancial de que puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Aunque todos los Estados participarán en la negociación del Tratado, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia– tienen una importancia especial.
Proyectiles utilizados por las fuerzas rebeldes en el sur de Burundi, 3 de febrero de 2005. Copyright: UN Photo/Martine Perret

Proyectiles utilizados por las fuerzas rebeldes en el sur de Burundi, 3 de febrero de 2005. Copyright: UN Photo/Martine Perret


Estos cinco países son responsables de más de la mitad del comercio mundial de armas convencionales, cuyo valor total anual ronda los casi 100.000 millones de dólares. Su papel es fundamental para decidir si se alcanza o no un Tratado efectivo basado en el respeto de los derechos humanos.

En España, la adopción de un Tratado de armas cuenta con muchos apoyos. Esta iniciativa ha sido respaldada por todos los partidos en el reciente Debate del Estado de la Nación y otras iniciativas en el Congreso de los Diputados. Lo ha pedido públicamente tanto el Presidente Mariano Rajoy como el Ministro José Manuel García-Margallo. Además, 13 Parlamentos Autonómicos han adoptado declaraciones institucionales así como más de 90 ayuntamientos.

En Amnistía Internacional somos conscientes que son muchos los intereses en juego y las presiones. Tampoco somos ingenuos, el Tratado no va a ser la panacea, pero estamos convencidos que es una parte esencial para la solución. Es fundamental que los líderes mundiales, y especialmente Barack Obama, asuman de una vez por todas este compromiso imprescindible.

La vida de millones de personas está en juego. Es el momento de apoyar un Tratado Internacional de Armas.

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Violencia contra las mujeres en Marruecos: víctimas por partida doble

Reunión en Marruecos de Naciones Unidas para conmemorar el día internacional de los derechos de la mujer, 8 de marzo de 2012. Copy: UN Women/Karim Selmaoui

En marzo de 2012, la joven marroquí Amina Filali, de 16 años, se suicidó ingiriendo un raticida, tras haber sido obligada a casarse con el hombre que según su testimonio la había violado. El caso suscitó una indignación general en la sociedad marroquí y llevó a las autoridades a promover un cambio en el Código Penal, que en la actualidad permite al violador eludir el enjuiciamiento si se casa con la víctima. Países como Argelia o Túnez disponen de normas similares.

En Marruecos, casos trágicos como el de Amina Filali no son insólitos. En respuesta a la reacción social ante estos hechos, el pasado mes de enero una Comisión de la Cámara Alta del Parlamento aprobó una propuesta de enmienda de este artículo, para terminar con la posibilidad de evitar la persecución judicial mediante el matrimonio. Se trata de un paso importante, pero la reforma debe ir más allá: como expone un reciente informe de Amnistía Internacional, es necesario modificar otros aspectos de la legislación y la práctica para proteger a las mujeres y las niñas de toda forma de violencia y discriminación.

En palabras de Khadija Ryadi, presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, “pedimos una reforma de todas las secciones de la ley que son perjudiciales para los derechos de las mujeres, como las que favorecen el honor de la familia a costa de la dignidad de las mujeres.”

El Código Penal de Marruecos incluye la violación entre los delitos contra el decoro o las buenas costumbres. Pone el énfasis en la “moralidad” y el estado civil de la víctima en vez de en el atentado contra su integridad corporal. De esta forma, se establecen penas de prisión superiores si la violación supone la pérdida de la virginidad de la víctima y se distinguen aquellos casos en los que ésta es una mujer casada. En la práctica, ello supone establecer distintas categorías de víctima. La reforma del Código Penal debería servir para que todas las víctimas reciban el mismo trato, con independencia de que sean vírgenes o de que estén casadas.

También es necesario incluir como delito la violación dentro del matrimonio, con penas que no deben ser menores que las estipuladas cuando el violador no está casado con la víctima. Más que centrarse en el “honor” o la “respetabilidad” de la mujer, se debe hacer hincapié en sus derechos como superviviente de la violencia.

La legislación en vigor sanciona a quienes oculten a una mujer casada con el fin de “eludir la autoridad a la que está sometida legalmente”, es decir la de su marido. Además de establecer una discriminación de la mujer al imponerle la autoridad de su marido, esto implica que las organizaciones que ofrecen protección a las mujeres víctimas de violencia pueden ser perseguidas.

Otro aspecto preocupante en el actual Código Penal es el hecho que se consideren delito las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo entre personas no casadas, que pueden ser castigadas con penas de hasta un año de prisión. Este tipo de sanción vulnera los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión. Además, puede disuadir a las víctimas de violación de presentar denuncias, al poder ser procesadas por haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

El derecho internacional ofrece fórmulas adecuadas para mejorar la legislación nacional. En este sentido, las autoridades marroquíes deberían inspirarse en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuya definición de violación va más allá de la que actualmente está vigente en Marruecos.  Según el Código Penal marroquí, una violación es el acto por el cual “un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer contra la voluntad de ésta”. La reforma legislativa debería servir para incorporar una definición neutral en cuanto a género, para proteger a todas las víctimas de violación, cualquiera sea su género, y debería tener en cuenta otras circunstancias coercitivas además de la violencia física, como la intimidación, la opresión psicológica o el abuso de poder.

Activistas de Amnistía Internacional Marruecos en una manifestación en Rabat el día internacional de los derechos de la mujer el 7 de marzo de 2008. www.resistingwomen.net/Ali Fkir

Activistas de Amnistía Internacional Marruecos en una manifestación en Rabat el día internacional de los derechos de la mujer el 7 de marzo de 2008. www.resistingwomen.net/Ali Fkir


En julio de 2011, Marruecos adoptó una nueva Constitución que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Pero más allá de las imprescindibles reformas legislativas, la lucha contra la discriminación y la violencia que afecta a las mujeres y las niñas en Marruecos debe abordar también los prejuicios y las actitudes sociales sobre las que se sustentan los comportamientos discriminatorios. Como establece la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), deben tomarse medidas que incidan sobre los patrones socioculturales de conducta. Ello incluye, entre otros, impartir formación a la policía y al poder judicial para tratar con sensibilidad a las víctimas y protegerlas, en base a sus derechos y no a su “honor” o a la “moralidad”.

Marruecos ratificó esta Convención en 1993, pero matizó su compromiso de eliminar la discriminación de las mujeres, indicando que ello no debería entrar en conflicto con la ley islámica. Como han recordado en distintas ocasiones los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, es necesario levantar estas reservas y modificar la legislación para asegurar la igualdad de la mujer en la ley y en la práctica. Sólo entonces las víctimas de violencia de género sabrán que la ley está para protegerlas y no para hacerlas víctimas por partida doble.

Accede aquí al trabajo de Amnistía Internacional sobre violencia contra las mujeres

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