Parece que la sensación de urgencia está más presente en esta Semana por el Cambio Climático que culmina en una manifestación este viernes 27 de septiembre en ciudades de todo el mundo. Sin embargo, ya en 2014, casi una treintena de expertos y expertas en derechos humanos Naciones Unidas calificaron el cambio climático como uno de los mayores desafíos para los derechos humanos de nuestra época.
Y en julio de este año, fue el Relator Especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos quien alertaba de que estamos ante una emergencia sin precedentes que requiere una respuesta urgente y extraordinaria, así como un pensamiento audaz y creativo por parte de la comunidad de derechos humanos.
En estos momentos, no se puede negar que estamos ante una crisis climática. Unos días antes de la celebración de la Cumbre de acción climática de Naciones Unidas, el Grupo asesor de ciencias climáticas para esta cumbre presentó su informe en el que se detallaba cómo los últimos cinco años están en vías de ser los más cálidos de cualquier período equivalente jamás registrado; la pérdida de masa de glaciares en el período 2015-2019 es la más alta que en cualquier período de cinco años registrado; se ha producido un aumento general de 26% en la acidez del océano desde el comienzo de la era industrial y hemos llegado al récord de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En 2017, el promedio mundial de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, de metano y de óxido nitroso representó, respectivamente, un aumento de 146%, 257% y 122% en comparación con los niveles preindustriales (anteriores a 1750).
El presente y el futuro, en juegoNo hay duda ya de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos. Los efectos devastadores para la humanidad en el presente y el futuro del cambio climático son los que lo convierten en una cuestión de derechos humanos urgente. El cambio climático amenaza el pleno disfrute de una amplia gama de derechos. Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático impactará de manera severa en nuestro derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) predice que se espera que el cambio climático cause 250.000 muertes al año entre 2030 y 2050 debido a malaria, malnutrición, diarrea e insolación. El aumento de la temperatura mundial en 3ºC o 4ºC podría provocar el desplazamiento permanente o transitorio de 330 millones de personas a causa de las inundaciones y se calcula que en 2080 cerca de 600 millones más de personas estarán en riesgo de padecer hambruna si no se evita que el cambio climático llegue a niveles peligrosos.
Además, el cambio climático agravará y magnificará las desigualdades existentes, y sus efectos continuarán extendiéndose y acrecentándose con el tiempo. Las mujeres y las niñas se verán afectadas de forma desproporcionada debido a la discriminación que sufren previamente.
Al mismo tiempo, quienes se dedican a alertar sobre esta situación y a luchar para defender el la tierra y el medio ambiente, no solo no son reconocidos sino que se enfrentan a amenazas, persecución e incluso la muerte: en 2018 un total de 164 defensores y defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinados. En todo el mundo estas personas son objeto de amenazas, hostigamiento y violaciones de derechos humanos debido a su trabajo y su defensa de derechos.
Ante esta crisis, los Estados deben reaccionar. Deben proteger a las personas frente al daño medioambiental, anticipar y abordar los daños previsibles que traerá el cambio climático y fortalecer sus compromisos de mitigación. Esto supone que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas urgentes para mantener la temperatura global en no más de 1,5º C en relación a niveles preindustriales, reducir en un 50% las emisiones globales (hasta 2030) con respecto a los niveles de 2010 y a cero desde ahora hasta 2050, como máximo. Además, es necesario que se pongan fin a las subvenciones a las empresas de combustibles fósiles, que se adopte una normativa que exija a las empresas reducir al mínimo las emisiones -en especial diversificando sus carteras hacia la energía renovable- y que hagan pública la información pertinente sobre sus emisiones y sus iniciativas de mitigación.
A todo esto hay que añadir sus obligaciones para garantizar un entorno propicio y seguro, en el que las personas defensoras de los derechos humanos que protegen su tierra, su territorio y el medio ambiente puedan hacerlo sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidación.
La emergencia climática es ahora. Y no hay otra salida de este túnel. Como dicen los y las jóvenes estos días en las calles, “no hay Planeta B, y los que están en la cima no se enteran ni del clima”, así que hagamos que se enteren: hoy estaremos en las movilizaciones para exigir a los Estados alto y claro que deben actuar de manera proporcionada a la urgencia y magnitud de esta crisis.
Sobre este blog
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