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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Desalojo y derribo en Madrid

Poblado de Puerta de Hierro, Madrid

Marta Mendiola

Responsable de Derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional España —

Habíamos pensado plantarnos en la sede del Ayuntamiento de Madrid con una excavadora, las mismas que este Ayuntamiento ha utilizado para el derribo de hogares en el poblado de Puerta de Hierro; o en la Cañada Real; o la semana pasada en El Gallinero. Pero no pudo ser. Para que una excavadora estacione en la plaza de Cibeles hay que pedir permisos y los trámites son complicados. Así que al final llevamos un panel de 2 x 2 metros con el lema: “Los desalojos derriban vidas” y 75.000 firmas para que nos escuchen.

Son 75.000 las personas que exigen a las autoridades de Madrid que finalicen los desalojos forzosos en el poblado de Puerta de Hierro y que garanticen un alojamiento alternativo adecuado para quienes han perdido sus hogares. 75.000 firmas que consideran que las 54 familias que residen en ese poblado también tienen derechos.

Actualmente 300 personas pernoctan entre escombros, en furgonetas, en las dos viviendas que quedan en pie, en el lugar de culto que aún no han derribado o en la construcción que hace las veces de escuela. Las casas que empezaron a construir y habitar desde 1961 han desaparecido del mapa.

En 2010 el Ayuntamiento de Madrid inició los trámites para el desalojo de las viviendas y poco a poco se han ido quedando en la calle más personas. Sin ninguna garantía. Sin información previa. Sin consultarles. Sin un realojo adecuado. En la calle.

El caso de Shakira

Uno de los ejemplos más dramáticos es el de Shakira G. N., una niña de 7 años. Una de las 70 menores que actualmente viven en el poblado. Shakira ha vivido en año y medio dos desalojos forzosos. El primero fue el 19 de enero de 2011, cuando a las 04:30 de la mañana un operativo de funcionarios del Ayuntamiento y fuerzas de seguridad desalojaron la vivienda en la que vivía con su familia, sin tiempo para sacar sus pertenencias. El segundo fue el pasado 17 de julio, cuando el Ayuntamiento derribó la casa de sus abuelos, donde se habían refugiado. La situación se vio agravada poco después porque a Shakira le diagnosticaron un cáncer con pronóstico grave.

Hasta la fecha, la menor y su familia no han recibido ningún ofrecimiento de realojo adecuado; algo que al igual que a otros menores, el Ayuntamiento debería garantizarles.

Una violación de derechos humanos

Las autoridades dicen que actúan bien, que cumplen las normas urbanísticas y que las personas afectadas cuentan con procesos administrativos y judiciales para defenderse.

Sin embargo, enviar una notificación administrativa o judicial no es suficiente. Eso no basta para que las personas entiendan la situación en la que se encuentran. Eso no es garantizar una consulta efectiva con los afectados para encontrar soluciones alternativas a los desalojos. Además, las autoridades obvian que tienen unas obligaciones que van más allá.

Cumplir una normativa urbanística no puede tener como resultado violar derechos humanos. Los derechos de las personas a no ser desalojadas de manera forzosa están por encima de cualquier normativa interna de cualquier localidad.

No lo dice sólo Amnistía Internacional. Naciones Unidas, a través del Relator Especial para el derecho a una vivienda adecuada o el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, han instado a todas las autoridades españolas, incluidas las locales, a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos cuando emprenden un desalojo.

Así que no es algo opcional. Las autoridades deben informar con antelación a las personas que van a ser desalojadas para buscar una solución entre todas las alternativas posibles. Deben asegurarse de que ninguna persona queda sin hogar o expuesta a abusos contra sus derechos humanos a causa de un desalojo. Deben garantizar una vivienda alternativa adecuada a quienes no puedan conseguirla por sus propios medios.

Igualmente, tienen que realizar evaluaciones de los impactos que tienen los desalojos en los derechos de la gente. Quienes viven en el poblado de Puerta de Hierro lo tienen claro. Nos lo dijo una de las vecinas con la que hablamos:“Nos están quitando la casa, nos están quitando la vida”. Y es verdad. Los desalojos forzosos derriban vidas. Por eso es urgente que el Ayuntamiento de Madrid reaccione. Y para eso le hemos llevado 75.000 firmas a su puerta.

Sobre este blog

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

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