Héctor Rangel Ortiz desapareció junto con Irene Hugo Hernández y Milton Aguilar Torres el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, estado de Coahuila. Los tres habían viajado a esa ciudad por negocios desde Querétaro. Héctor telefoneó a su familia para decirles que la policía municipal les había dado el alto y que iba a averiguar por qué la policía se había incautado de uno de sus automóviles. Fue la última vez que tuvieron noticias suyas.
En los días siguientes, su hermana y su hermano viajaron a Monclova para buscar a Héctor, pero la policía municipal y los fiscales del estado les advirtieron que no continuaran, diciéndoles que no anduvieran “levantando el polvo” o les sucedería lo mismo. Fueron objeto de seguimiento en repetidas ocasiones y huyeron de la ciudad al sentir miedo por sus vidas. Continuaron con su búsqueda, pero a pesar de los compromisos de investigar no se registraron avances. La familia continuó con sus propias indagaciones y ha sido víctima de amenazas de muerte, pero ha persistido en su búsqueda de la verdad y la justicia. Se cree que Héctor Rangel es víctima de desaparición forzada y sigue sin conocerse su paradero. “No descansaré hasta que encuentre a mi hermano. Esta búsqueda viene del corazón”, ha afirmado la hermana de Héctor Rangel, Brenda, durante una manifestación reciente de familiares de personas desaparecidas.
La lucha de las familias queda reflejada en historias como esta o como la de la madre de Israel Arenas Durán, que desapareció a manos de la policía de tránsito en el estado de Nuevo León, al norte del país, el 17 de junio de 2011. Cuando su madre acudió a la oficina del investigador que se ocupaba del caso para preguntar por el paradero de su hijo, el funcionario ordenó un vehículo policial para que la desalojasen de la oficina “porque no quería que solicitásemos una investigación”.
Pamela Leticia Portillo también continúa desaparecida. El 25 de julio de 2010, su madre habló por teléfono con ella por última vez. Tras denunciar su desaparición, algunos testigos confirmaron que Pamela y un oficial del ejército fueron secuestrados por hombres armados, posiblemente policías. Ante la ausencia de avances de la investigación oficial, la madre de Pamela prosiguió con sus propias indagaciones, pero comenzó a recibir amenazas contra ella y su familia. “Nunca pensé que me vería en esta situación. Siempre lo veía desde lejos. Pensaba: ‘pobre gente, no saben lo que les ha pasado a sus hijas, las desaparecidas de Ciudad Juárez’”.
Las desapariciones se han convertido en un fenómeno común en México, porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Así lo denuncia Amnistía en el informe “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México”. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados. Otras han sido privadas de su libertad por particulares o bandas delictivas. Otras simplemente se fueron de casa sin avisarle a nadie. Cualquiera puede ser víctima y los motivos muy variados (rescate, extorsión, robo, error de identidad, ajustes de cuentas entre bandas, represalia por no cooperar, interrogatorio y detención de personas con presuntos vínculos con bandas delictivas, reclutamiento forzado, trata de personas...), pero lo que se repite una y otra vez es la impunidad de estos crímenes sin castigo.
26.000 personas desaparecidas es una cifra inaceptable que pone de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos.
Familiares y organizaciones han llevado a cabo un esfuerzo titánico para encontrar a sus seres queridos e intentar conseguir justicia. Hasta ahora, se han conseguido algunos resultados, por ejemplo, el gobierno ha prometido crear una unidad especial destinada a buscar a personas desaparecidas. Sin embargo, los compromisos son solo palabras y los familiares de personas desaparecidas merecen más que promesas. El gobierno debe enfrentarse a esta pesadilla contando con la participación de víctimas y grupos de derechos humanos en la elaboración y aplicación de políticas públicas, que a su vez las autoridades federales y estatales deben hacer cumplir. Con el fin de encontrar y promover medidas para combatir estas desapariciones, se acaba de celebrar en la ciudad de Saltillo, a norte del país, un foro organizado por familiares de personas desaparecidas. Iniciativas como esta, así como la presión internacional, son clave para que el gobierno mexicano actúe de una vez por todas contra esta grave violación de derechos humanos.
Amnistía Internacional lanza una ciberacción
para pedir al presidente Peña Nieto
que tome medidas efectivas
para hacer frente a las desapariciones en México.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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