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Sobre este blog

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.

Cómo no gestionar una pandemia: 10 de las peores respuestas gubernamentales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de medios sobre la crisis de la COVID-19 // REUTERS/Joshua Roberts
Amnistía Internacional —

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1. Sellar herméticamente un edificio con habitantes dentro

En abril, al volver del trabajo, el vecindario de un bloque de apartamentos de la ciudad de Ust-Kamenogorsk (Kazajistán), encontró herméticamente sellada la puerta de acceso a su edificio. Más tarde, se supo que una vecina del bloque había sido hospitalizada con síntomas de COVID-19, pero no se informó al resto de residentes, hasta el punto de que algunas personas no se percataron de estar presas hasta la mañana siguiente. Durante los 14 días que el edificio permaneció sellado, no pudieron recibir nada del exterior, excepto paquetes que la policía registraba previamente. Por fin, tras haber llegado las protestas a las redes sociales, la puerta fue abierta. Según informes, en varias partes de Kazajistán y del vecino Kirguistán, se han cerrado herméticamente otros edificios.

2. Dejar sin hogar a la población

Las autoridades de Adís Abeba (Etiopía), dificultaron aún más la distancia de seguridad, al demoler decenas de viviendas pertenecientes a jornaleros y dejar así sin hogar, en medio de la pandemia, a un millar de personas, como mínimo. La mayoría de ellas, habían perdido hacía poco sus trabajos debido al cierre de las empresas, con lo que las demoliciones vinieron a empeorar una situación de por sí grave. En la actualidad, se refugian bajo lonas o láminas de plástico, y se ven obligadas a apiñarse para protegerse de las fuertes lluvias.

3. Castigar a quienes denuncian irregularidades

En China, se castigó con dureza al personal médico que trató de hacer sonar las alarmas durante los primeros días de la crisis. A finales de diciembre, el doctor Li Wenliang, empleado del hospital Central de Wuhan, alertó a otros profesionales de la salud en un chat privado. A continuación, fue detenido, acusado de “difundir rumores falsos” y obligado a firmar un documento en el que reconocía haber alterado el orden público. Desgraciadamente, el doctor Li murió de COVID-19 en febrero.

4. Organizar concentraciones masivas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha empeñado en despreciar las advertencias y pautas de los organismos internacionales con respecto a la COVID-19, y ha llegado a animar a la población a asistir a celebraciones religiosas y a actos al aire libre. El 14 de marzo, el gobierno organizó una marcha solidaria con las personas afectadas por el virus, bajo el lema “Amor en tiempos de COVID-19”.

Miles de personas ocuparon las calles, sin ninguna medida de distanciamiento. En el caso de Ortega, el apoyo a este tipo de concentraciones resulta especialmente sorprendente, ya que su gobierno lleva dos años impidiendo y reprimiendo toda forma de protesta social, a menudo con fuerza letal.

5. Promover peligrosas teorías sobre tratamientos

En Estados Unidos, en una conferencia de prensa celebrada en abril, el presidente, Donald Trump, sugirió a los profesionales médicos analizar si se podía matar al virus inyectando desinfectante a los pacientes o aplicándoles rayos ultravioletas.

Por su parte, el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko —que no ha introducido en el país ninguna medida de distanciamiento—, afirmó que el virus se podía curar yendo a la sauna, trabajando en el campo y bebiendo vodka.

6. Hacer como si no pasara nada

El presidente de Brasil, Jair Bolsanaro, ha restado importancia al virus, que ha calificado de “resfriadito” y ha participado en actos de protesta contra las medidas de confinamiento.

7. Matar a quienes violan el toque de queda

El 27 de marzo, el gobierno de Kenia impuso el toque de queda, desde el anochecer hasta el alba. Según Human Rights Watch, sólo durante los primeros días, la policía mató al menos a seis personas por haber violado el toque de queda.

En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte comunicó que había dado órdenes a la policía de “disparar a matar” contra cualquier persona que protestara o cuestionara la cuarentena.

8. Abrir fuego contra los presos en pánico

Las malas condiciones y el hacinamiento en las cárceles iraníes llevaron a las personas detenidas a protestar en abril. En lugar de tratar de mejorar esas condiciones, las autoridades respondieron con fuerza letal. En varias cárceles se utilizó munición real y gas lacrimógeno para reprimir las protestas, lo que causó la muerte a unos 35 presos y heridas a centenares más, según fuentes dignas de crédito. En al menos una prisión, las fuerzas de seguridad propinaron golpes a quienes participaban en la protesta, lo que, posiblemente, fue la causa de la muerte de un preso.

9. Restricciones de acceso a alimentos, agua y ayuda

En algunos campos de refugiados, en lo que los víveres y el agua se están agotando, las respuestas de los gobiernos no ayudan. Por ejemplo, el 20 de abril, las autoridades bosnias cortaron el suministro de agua al campo de Vucjak, con el fin de obligar a sus habitantes a trasladarse a otro lugar.

El campo de refugiados de Rukban, en la frontera siria con Jordania, alberga a unas 10.000 personas, en su mayoría desplazadas por el conflicto sirio Las condiciones del campo son lamentables, y sólo existe un rudimentario centro de salud, atendido por unos cuantos enfermeros y enfermeras, sin personal médico. En marzo, esgrimiendo su preocupación por la COVID-19, Jordania anunció que no permitiría que la ayuda humanitaria atravesara su territorio para facilitar asistencia y material médico al campo.

10. Censurar la información y encerrar a periodistas

Gobiernos de todo el mundo ha censurado y bloqueado información crucial sobre el virus.

En Venezuela, el periodista Darvinson Rojas paso 12 días detenido tras haber informado sobre la propagación del virus en el país, y fue acusado de “instigación al odio”.

En Egipto, las fuerzas de seguridad detuvieron a un periodista por haber puesto en duda las estadísticas oficiales en su perfil privado de Facebook. Pasó casi un mes recluido en un lugar desconocido, sin contacto con el exterior, y luego compareció ante la fiscalía acusado de “difundir noticias falsas” y “participación en organización terrorista.”

Asimismo, en Bangladesh, miembros del partido en el poder han intimidado, agredido u hostigado, al menos, a 20 periodistas, en algunos casos, por haber informado sobre hurtos, corrupción y ausencia de rendición de cuentas en la distribución de ayuda humanitaria durante el confinamiento.

La pandemia no es excusa para violar los derechos humanos. Encontrarán información diaria sobre las respuestas de los gobiernos y recomendaciones a los Estados en la página de Amnistía Internacional dedicada a la COVID-19.

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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.

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