“Siempre me pregunto: ¿habrá tenido hoy comida suficiente? ¿Estará herido? Pero quizás nada de esto importe. Quizás esté muerto”. Puedo ponerme en la piel de esta madre cuyo hijo desapareció en en 2011. No importa el país, no importa cuándo se cometió esa desaparición forzada, con los relatos de los familiares se podría construir una sola historia.
Puedo sentir la tristeza de María Guadalupe Fernández cuando entra en el dormitorio de su hijo. Impecablemente limpio, intacto desde la tarde de enero en la que los relojes se pararon en esos pocos metros cuadrados. Una llamada en la puerta de su casa le trajo la terrible noticia. José Antonio Robledo Fernández, su único hijo de 32 años, había sido secuestrado por un grupo de hombres armados en Monclova, a 1000 kilómetros de México D.F. Intactos siguen sus DVD, sus CD, sus fotos de graduación y de viajes.
Lo peor es seguir sin saber qué le sucedió. Lo peor para ella y para las familias de las 32.096 personas que se hallan en paradero desconocido en México, según datos del propio Gobierno hasta junio de 2017. El Ejecutivo mexicano no especifica cuántas son víctimas de desaparición forzada.
Noura Ghazi no era optimista con la suerte que su marido, Bassel Khartabil, hubiera podido correr en prisión. La última vez que pudo hablar con él, el 3 de octubre de 2015, el propio Bassel le contó que le trasladaban a un lugar desconocido. Llevaban viéndose tres veces al mes desde 2012, cuando fue encarcelado. Incluso se casaron cuando él estaba en prisión. A partir de esa llamada, Bassel se convirtió en una de las más de 78.000 personas desaparecidas en Siria desde 2011 hasta junio de 2017, según datos de la Red Siria de Derechos Humanos.
Noura había oído rumores de que podría haber sido condenado a muerte y las informaciones que llegaban de las cárceles sirias no eran alentadoras. Sólo en la prisión de Saydnaya entre 2011 y 2015 hasta 13.000 personas habrían sido ahorcadas después de juicios sin garantías que les condenaron a muerte.
“Pero pensar en la posibilidad de pudiera estar vivo me animaba a seguir denunciando lo que pasa en las cárceles sirias”. El pasado 1 de agosto, la familia de Bassel anunciaba su muerte. Dos largos años han pasado desde que en 2015 fuera “juzgado”, “condenado a muerte” y ejecutado. Dos años para dar una noticia. El cuerpo no se ha entregado a la familia todavía.
“Nunca me olvidaré de él, pero las cosas serían diferentes si al menos tuviera un lugar donde presentarle mis respetos”, cuenta María Guadalupe.
Un lugar donde puedan descansar juntos es lo que quiere Antonio Narváez para sus padres. “Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena (Sevilla). Hoy sigue enterrado en una fosa”. La madre de Antonio no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y además de querer darles un entierro digno, como María Guadalupe o como Noura también quiere justicia.
En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. Es un delito de derecho internacional. Muchas de estas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas.
La desaparición forzada no es un hecho puntual, en la medida en la que las familias no tienen respuesta sigue prolongándose en el tiempo. No importa que sean recientes como en el caso de Siria o México, o se hayan producido hace décadas como en España; en todos los casos hay un denominador común: sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica. Tienen que enfrentarse a extorsiones a cambio de información, a amenazas por seguir buscando la verdad, o a una situación económica complicada porque tienen que presentar un certificado de defunción para poder optar a ayudas o pensiones económicas.
Nuestras vidas no habían sido iguales si nuestra madre, nuestro abuelo o nuestra tía no hubieran existido, si nunca les hubiéramos conocido. Por eso, este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanza la campaña: Nada es igual si alguien desaparece. Se trata de una acción digital, en la que a través de series de televisión preguntamos: ¿qué pasaría en tu serie favorita si uno de los personajes claves no hubiera formado parte de ella?
Con esta acción queremos recordar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y a sus familias, casos que siguen estando vigentes. Con esta campaña pedimos al Gobierno español que se realicen las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de estas personas.
Cuando un familiar, un amigo, alguien cercano desaparece, nos afecta para toda la vida, especialmente si no hay respuesta de que pasó. Así que párate por un momento a pensar como habría sido la tuya si alguna persona cercana a ti hubiera desaparecido de manera forzada. ¿Querrías saber?
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
