Un tema discutido a nivel nacional y europeo con motivo de esta sentencia es si la ley española requiere de modificaciones para ajustarse a lo establecido por el Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014). Se trata de una cuestión compleja, que pide un examen técnico, para el cual el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, había solicitado una Comisión cuyo cometido fuera estudiar la tipificación de los delitos de violencia sexual dentro del Código Penal. La ausencia absoluta de paridad en la constitución de dicha Comisión General de Codificación, denunciada por eminentes catedráticas de derecho, ha mantenido en suspenso este análisis, mientras se espera que finalmente se incorporen a ella mujeres expertas de forma permanente con las que poder abordar el problema desde una óptica más adecuada. La polémica se ha trasladado también a los debates recientes que la sentencia ha provocado en elParlamento Europeo.
¿Es necesario un cambio de la ley?
Lo que es seguro tras el juicio de “La Manada” es que más allá de posibles modificaciones legislativas, se ha de poner el acento en la capacitación para interpretar la realidad y las leyes vigentes (o futuras) por parte de los profesionales de la judicatura, la abogacía, así como de otros cuerpos de profesionales (personal sanitario, policía, docentes) implicados en la prevención, detección y asistencia de estas violencias. Se ha de educar la mirada para saber interpretar, “leer los hechos”, conforme a una perspectiva de género y de derechos humanos. Algo que claramente ha faltado en esta sentencia, que ha sido incluso criticada por Naciones Unidas, y que de forma estructural afecta a otros muchos casos y situaciones. Basta pensar en los estereotipos de género, los prejuicios y los mitos sobre las violencias sexuales que han alimentado la interpretación que se ha realizado de los acontecimientos sucedidos, así como de la propia conducta de la denunciante durante este juicio.
Por tanto, hay que acompañar los debates en torno a las transformaciones legislativas con los reclamos de políticas públicas integrales que incorporen otros aspectos de calado. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se aprobó en diciembre de 2017 apuntaba en esa dirección. Aunque conviene recordar que, como señaló Amnistía Internacional, precisamente entre sus carencias estaba la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual (de la que se adolece en España desde hace ya cuarenta años) y la falta de reconocimiento como víctimas de violencia de género a aquellas personas que hubieran sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o ex pareja (como por ejemplo la víctima de “La Manada”).
Sin embargo, en las 212 medidas planteadas en el Pacto se continuaba y ampliaba mucho de lo ya establecido en la Ley Integral de violencia de género de 2004, en relación a medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes. En este sentido, Amnistía Internacional valoró positivamente su aprobación, a la espera de ver cómo se implementaba.
La dotación económica prometida por el Gobierno para el Pacto en la partida de 2018 era en origen de 200 millones de euros. Una cifra ya ajustada para la envergadura de buena parte de las políticas diseñadas. Pero el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado el pasado 27 de marzo ha reducido sustancialmente esta cifra. Con ello, se prosigue y perpetúa la tendencia austera que dejó sin cumplimiento a la Ley Integral 1/2004 tanto por parte de la administración central, como de las administraciones autonómicas y locales.
Es imprescindible que el Gobierno cumpla con su compromiso y financie las medidas del Pacto de Estado en los Presupuestos Generales del Estado. Éste es el motivo por el que hoy muchas mujeres salimos de nuevo a manifestarnos a las calles. Las reivindicaciones que han elevado hoy los movimientos de mujeres en toda España son muy claras: sin financiación no puede haber verdaderos recursos especializados, y sin recursos especializados, no se puede acabar con la violencia de género.
El Gobierno ha de cumplir con sus obligaciones respecto a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia machista. Obligación que comienza a priori desde la misma prevención y tratamiento de esta violencia, no a posteriori, por la vía punitiva, de endurecimiento de las penas. Estar con las víctimas es, por tanto, dotar de presupuesto real al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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