La tragedia de derechos humanos acompaña a casi medio siglo de conflicto armado interno en Colombia. Y la población civil ha sido la víctima principal. Algunas comunidades se han unido y han puesto en marcha mecanismos de resistencia civil para exigir a todas las partes enfrentadas (paramilitares, fuerzas de seguridad y grupos de guerrilla) que respeten su derecho como civiles a no tomar partido y su derecho a la vida. Estas comunidades – campesinas, indígenas y afrodescendientes- se conocen con distintos nombres como comunidades de paz o zonas humanitarias.
¿Qué es una comunidad de paz?
Eso me preguntaba yo el día que conocí a Brígida en su visita a Burgos. En un momento del acto público, se puso en pie, mostró el colorido anagrama de su camiseta y nos contó los principios de su comunidad. Hace veinte años, Brígida y sus vecinos de varias aldeas del municipio de Apartadó, hartos de las devastadoras consecuencias del enfrentamiento armado en sus vidas, se declararon comunidad de paz, comprometiéndose a no participar ni dejarse involucrar en el conflicto. Así nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la zona noroeste de Colombia. Desde entonces sus miembros se niegan a llevar armas, o a facilitar información o apoyo logístico a cualquiera de los bandos. A cambio les piden que no rebasen los límites de sus comunidades y respeten su derecho a la vida, su condición de civiles y su decisión de no intervenir ni colaborar con ninguno de ellos.
El elevado coste de la paz
Desde que se creó la Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, más de 200 de sus miembros han muerto de forma violenta o han sido víctimas de desaparición forzada, y otros han sido amenazados o agredidos sexualmente. La mayoría de quienes perdieron la vida fueron víctimas de paramilitares, que a menudo han actuado con el apoyo y el beneplácito de los miembros de las fuerzas armadas en la zona. Las fuerzas de guerrilla también han matado a miembros de la Comunidad de Paz.
Uno de los ataques más infames tuvo lugar el 21 de febrero de 2005. Ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas y sus cadáveres mutilados. A pesar de que las fuerzas de seguridad y los paramilitares se esforzaron desde el primer momento en atribuir la matanza a las FARC, las investigaciones judiciales confirmaron que los homicidios los cometieron las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
Una historia de impunidad
En estos veinte años han sido escasos los avances en las investigaciones sobre los abusos cometidos contra los miembros de la Comunidad, tachados de subversivos y de falta de colaboración en las investigaciones por unos, y de estar del lado contrario por otros.
El gobierno acusa a la Comunidad de Paz de no colaborar en las investigaciones judiciales sobre los homicidios, pese a que ésta ha pedido reiteradamente a las autoridades colombianas que se creen las condiciones necesarias que permitan avanzar en las indagaciones sobre las violaciones de derechos humanos y para garantizar la seguridad de los testigos.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han expresado reiteradamente al gobierno colombiano su preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad y de otros civiles que viven en la zona, recordándoles el derecho de la población civil a no verse arrastrada por el conflicto armado y la obligación de cumplir con sus compromisos, y emprender acciones inmediatas para disolver los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, y pese a su supuesta desmovilización hace una década, los paramilitares han seguido actuando en diversas partes del país y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se ha librado. En los últimos meses, decenas de hombres fuertemente armados, algunos vistiendo uniforme militar e identificándose como integrantes del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), han entrado y acampado intermitentemente en diversas partes de la Comunidad, informando sus miembros de nuevas amenazas hacia ellos, en algunos casos de muerte, y de una agresión sexual a una joven.
En estos días en que la Comunidad celebra su 20 aniversario, es necesario recordar las palabras de Eduar Lanchero, acompañante y fundador de la Comunidad fallecido en 2012: “Convertir el dolor en esparanza”. Con esta frase se podría resumir el lema de la comunidad, que veinte años después mantiene intacta su declaración de principios.
Brígida, Gildardo, Jesús Emilio, Noelia, Berta, Arley, Julio, Germán y todos los demás integrantes de la Comunidad sólo reivindican su derecho a vivir en paz.
“Es nuestro caminar en medio de todo esto que pasa, la lucha y resistencia por la vida y la dignidad lo que hace que continuemos”, aseguraba Germán Graciano, responsable legal del consejo interno de la Comunidad.
Sobre este blog
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