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Memorialistas aprovechan el día oficial de las víctimas del franquismo para insistir: "¡fuera Queipo de la Macarena!"

La Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del Franquismo exige "que se retire la tumba del general golpista y responsable de masivas violaciones de derechos humanos Queipo de Llano de un lugar de acceso público"

El 14 de junio está reconocido por la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía como el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista

Las asociaciones rechazan "rotundamente" la promulgación de una Ley de Concordia que sustituya a la actual Ley de Memoria en Andalucía como recoge el acuerdo de investidura de PP y Vox

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Parte del cartel anunciador de la movilización junto a la basílica de la Macarena

La conmemoración del segundo 'Día de la Memoria' de la historia de Andalucía (el primero se celebró el 14 de junio de 2018) viene con las habituales reivindicaciones relativas al cumplimento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía pero con la reiteración en una reivindicación histórica: "que se retire la tumba del general golpista y responsable de masivas violaciones de derechos humanos Queipo de Llano de un lugar de acceso público como es la Basílica de la Macarena".

La "exigencia", tal y como se contempla en el manifiesto de las organizaciones memorialistas y de víctimas integradas en la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del Franquismo, obedece a la no aplicación del artículo 32 de la citada ley, motivo por el cual también solicitan "la eliminación inmediata en los espacios de uso público de cualquier símbolo o mención honorífica que exalte instituciones o personas vinculadas al franquismo".

Como ya informó este periódico, la reivindicación para sacar los restos del general golpista de la basílica de la Macarena está a punto de iniciar el camino judicial. Aún no se ha interpuesto la demanda por vía contencioso-administrativa anunciada por la coordinadora andaluza de organizaciones republicanas contra el Gobierno autonómico por su "reiterado incumplimiento" de la Ley de Memoria.

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La vía judicial se había quedado en punto muerto ante el nuevo escenario político andaluz surgido de las elecciones del 2 de diciembre pasado. El anuncio del pasado julio no llegó a culminar por la tramitación de la documentación y se vio finalmente interrumpido por la convocatoria electoral y el nuevo Gobierno de la Junta. La idea primaria del movimiento republicano era querellarse contra la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz, pero será el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos el que deberá hacer frente a la demanda judicial.

Para este 14 de junio, reconocido por la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía como el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista (la fecha conmemora la primera exhumación pública de una fosa del franquismo en suelo andaluz: la búsqueda de Aniceto Góngora en el año 2003), la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y de Víctimas del franquismo denuncia "la paralización y la involución que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está llevando a cabo en las políticas públicas de Memoria Democrática, que están ya suponiendo en la práctica un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición de las víctimas del franquismo".

Más en concreto exigen "el mantenimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, elaborada con la participación de todas las Asociaciones memorialistas y aprobada en el Parlamento Andaluz sin ningún voto en contra" y "la paralización de posibles medidas o propuestas que promuevan la equidistancia entre víctimas y verdugos o el negacionismo de los delitos de lesa humanidad cometidos por el franquismo". En ese sentido rechazan "rotundamente la anunciada promulgación de una Ley de Concordia, que sustituiría a la actual Ley de Memoria en Andalucía".

También instan al "impulso con financiación adecuada del Plan Andaluz de exhumaciones, actualmente paralizado". "Tal y como prescribe la Ley de Memoria andaluza en su artículo 10, estas deben incluir una denuncia en el juzgado puesto que podemos encontrarnos ante imprescriptibles crímenes contra la humanidad", recuerda la asociación.

Por último, consideran que el Gobierno andaluz "debe avanzar en las vías y posibilidades jurídicas y políticas que permitan el reconocimiento moral y la restitución material para todos los andaluces que sufrieron las consecuencias de las ilegítimas sentencias dictadas por el Tribunal de responsabilidades políticas, tal y como ocurrió con Blas Infante, por sentencia de 4 de mayo de 1940, cuatro años después de su asesinato".

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