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El movimiento republicano andaluz demandará a la Junta por la tumba de Queipo de Llano en la Macarena

La coordinadora andaluza de organizaciones republicanas presentará una demanda judicial por vía contencioso-administrativa contra el Gobierno autonómico por su "reiterado incumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica y Democrática

Tumba del "genocida" Queipo en la Basílica de la Macarena. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Tumba de Queipo de Lano en la basílica de la Macarena de Sevilla JUAN MIGUEL BAQUERO

Los caminos del dictador Francisco Franco y de uno de sus ejecutores, el general Gonzalo Queipo de Llano, vuelven a cruzarse. Si este miércoles el juez que obstaculizó la exhumación del dictador tramitaba su recusación y suspendía temporalmente el caso, la vía judicial emprendida en Sevilla para sacar los restos del general golpista de la basílica de la Macarena se reabre y finalmente habrá demanda judicial contra la Junta de Andalucía "por su reiterado incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía".

Durate el 'III Encuentro Andaluz por la República' celebrado el pasado 16 de marzo en Sevilla, organizaciones y personas republicanas acordaron "continuar con las movilizaciones en exigencia de la salida de los restos del genocida Queipo de Llano de la basílica de la Macarena de Sevilla", anunciando la interposición de "una demanda judicial por vía contencioso-administrativa" contra la Junta de Andalucía, según ha podido saber este periódico.

El asunto se había quedado en punto muerto ante el nuevo escenario político andaluz surgido de las elecciones del 2 de diciembre pasado, pero la coordinadora andaluza de organizaciones republicanas ha decidido seguir adelante con la vía judicial, anunciada el pasado julio pero que no llegó a culminar por la tramitación de la documentación y que se vio finalmente interrumpida por la convocatoria electoral y los nuevos gobernantes.

El PP derogará la ley andaluza

En los mismos días en que Pedro Sánchez anunciaba la exhumación del dictador español, la Junta anunció un decreto para desarrollar la ley andaluza y la creación de un comité de expertos que decidiría sobre los restos del genocida de la basílica. El comité se constituyó a mediados de octubre y, paralelamente, la administración andaluza no ha respondido en este tiempo al requerimiento enviado por la coordinadora.

La idea primaria del movimiento republicano era querellarse contra la entonces presidenta, Susana Díaz, por no hacer cumplir la ley andaluza. Ahora será el nuevo gobierno de coalición de PP y Ciudadanos el que deberá hacer frente a la demanda judicial, si bien los populares acaban de admitir por primera vez que derogará la Ley andaluza de Memoria para calmar a sus socios de Vox. En todo caso, todos los grupos del Parlamento andaluz han aislado este juves a Vox y han garantizado el desarrollo de la Ley de Memoria mientras siga en vigor.

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