Cristóbal Montoro convoca a la Junta de Andalucía por su “innecesario” decreto para blindar el municipalismo
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que convocará la comisión mixta con la Junta de Andalucía ante el “innecesario” decreto que el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes para la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y con el que pretende “blindar” competencias de los municipios, en virtud de lo contemplado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) y en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula). Es más, también se apoya, según la Junta de Andalucía, en la disposición adicional tercera de la propia Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, “que hace referencia expresa al respeto a las atribuciones exclusivas de las comunidades autónomas”.
El ministro ha señalado que este decreto “no hace ninguna falta” porque las competencias de las administraciones locales están definidas por la también conocida como Ley de Reforma Local. Es más, entiende que la lealtad del Gobierno de la Nación “no se ve correspondida” con la decisión: “No queremos conflictos donde no los hay”. La respuesta, pues, va a ser convocar la comisión mixta para resolver este conflicto de competencias y “explicar a la Junta de Andalucía que no hay problemas” en la materia. “La Junta de Andalucía tiene las competencias que tiene en el ámbito local, nadie las discute”, ha sentenciado Cristóbal Montoro.
Por su parte, el consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha explicado tras la aprobación del decreto que la convocatoria del ministro, que es “bienvenida”, “no cambia nada” en relación a una posible suspensión del mismo, y ha insistido en que el que tendrá que decir algo es el Tribunal Constitucional (TC), que debe pronunciarse sobre “los recursos presentados por una decena de autonomías contra una ley que nace en soledad”. Ha recordado también que el Gobierno de Andalucía lleva “más de 15 meses [la última en una carta el pasado 18 de marzo] pidiendo la convocatoria y ha dado la callada por respuesta”. Para insistir: “No es compentecia del ministro decidir sobre una cuestión del TC (...). Estaremos en todos los diálogos que sean necesarios, pero no puede suplantarlo”.
Sobre el posible frente que pueda abrirse ahora, ha reconocido que el Gobierno de la Nación podría recurrir el decreto, “dentro de su manía persecutoria”, pero ha insinuado que tendría que hacer lo mismo con los de otras regiones que ha adoptado medidas similares y ha citado Castilla y León, Galicia y País Vasco. Según él, este decreto tiene el “respaldo” del Consejo Andaluz de Concertación Local y también de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). ¿Lo ha votado entonces el PP? En este punto ha contestado que en el Consejo Andaluz de Concertación Local, los populares mantuvieron “una posición de distancia” pero que previamente en la comisión permanente [donde están presentes también el PSOE, IU y el PA], “hubo consenso”. En la FAMP no se ha votado, pero en su opinión, los municipios, “independientemente del color de cada uno” querrán “mantener su autonomía”, pese a lo que ha admitido que hay alcaldes del PP que le han transmitido su rechazo.
El también vicepresidente de Andalucía ha defendido el decreto de la Junta de Andalucía porque “acaba con las incertidumbres” en las administraciones locales, es “un paso más en defensa del municipalismo” y evita “cualquier tipo de duplicidades” sin que “haya retrocesos”. Ha recordado que la Junta de Andalucía “pasa” cada año 1.400 millones de euros a los consistorios y se trata de “garantizar que no se produce una merma en estos recursos”. En definitiva, que el decreto “es un dique de contensión contra los perjuicios” de la Ley de Reforma Local y un compromiso para mantener los empleos en los consistorios.
No ha querido entrar en el escenario de que haya consistorios que no quieran cumplir con este decreto porque entiende que están con la Junta de Andalucía, pero ha reconocido que puede haber alguno que decida “hacer caso omiso de sus responsabilidades”. Más allá del Ayuntamiento de Jaén con la Ley de la Dependencia no conoce otro que se haya negado a ejercer sus competencias. Sí ha dicho que hay municipios que están pidiendo información sobre qué pasa con las competencias relacionadas con el desarrollo económico y la formación. Es el caso por ejemplo del Ayuntamiento de Sevilla, que quiere desprenderse de las mismas. Diego Valderas ha aclarado que como se trata de compentencias ejercidas por convenio, sí podría renunciar.
Lo que dice el decreto
La Junta de Andalucía sostiene que su decreto aclara las incertidumbres jurídicas que plantea la aplicación de la Ley de Reforma Local y evita los vacíos competenciales que pueden producirse hasta el pronunciamiento del TC especialmente en servicios sociales, sanidad y educación. Estos son sus cinco principales puntos:
- En primer lugar, establece que las competencias de los municipios siguen siendo las 29 recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que desarolla la Laula.
- En segundo lugar, recoge que la duplicidad que intenta combatir la Ley de Reforma Local sólo se dará si las competencias que los municipios ejercen coinciden con las de la Junta de Andalucía en el mismo territorio y para la misma población, y si no “son complementarias”.
- Regula el mecanismo para ejercer las denominadas competencias impropias de los consistorios -por delegación- y la actualización de los convenios que la Junta de Andalucía mantiene con algunos para determinados servicios. No no necesitarán informe preceptivo si se vienen ejerciendo desde antes de aprobarse la Ley de Reforma Local, salvo que se detecte una prestación simultáneo del mismo servicio o el consistorio no tenga financiación para ello.
- El informe sobre inexistencia de duplicidades o de ejecución simultánea del mismo servicio lo emitirá la consejería competente en la materia de que se trate. Si es favorable, se remitirá a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que a su vez elaborará el dictamen sobre sostenibilidad financiera.
- Respecto a la adaptación de los convenios de cooperación y delegación de competencias, para los que la nueva ley exige también el filtro de la sostenibilidad financiera, el decreto de la Junta de Andalucía incluye una cláusula de garantía del cumplimiento de pago por su parte. En virtud de ella, se autorizará a la Administración General del Estado a aplicar retenciones en las transferencias que corresponden a la región por aplicación de su sistema de financiación.
