La Junta “blinda” a los ayuntamientos de la reforma local
El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar este martes un decreto para protegerse y “blindar” las competencias municipales frente a los efectos que la reforma local pueda tener los ayuntamientos andaluces. La Administración autonómica señala que esta decisión persigue garantizar los servicios más cercanos a la ciudadanía que pueden peligrar con la puesta en marcha de la reforma aprobada a finales del año pasado.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha indicado que el decreto quiere cumplir el objetivo “razonable, razonado y fundamentado” de que, mientras el Tribunal Constitucional no dirima sobre el conflicto de competencias, “prevalezcan las leyes del Estatuto de Autonomía y la normativa local que se ha ido impulsando en Andalucía”.
La Junta interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Reforma Local invade las competencias autonómicas al contradecir algunos aspectos del Estatuto de Autonomía para Andalucía, una ley orgánica superior a la que regula la reforma local. El Estatuto andaluz fue aprobado en 2007 y tres años más tarde, en 2010, se aprobó la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), donde se definen las competencias municipales que se intentan proteger con el nuevo decreto que la Junta aprueba este martes.
El Estatuto de Autonomía atribuye 29 competencias propias de los ayuntamientos, según el vicepresidente, que en la reforma local aparecen como impropias y podrían perderse en caso de que un ayuntamiento no cumpla los requisitos que la reforma le exige para administrarlas. Estas competencias las desarrolló la LAULA y abarcan cuestiones tan amplias como la ordenación urbanística o la recogida residuos, el suministro de agua, la señalización de caminos, la gestión de los cementeras, la prestación de los servicios sociales comunitario, las políticas de integración de inmigrantes o la protección de los consumidores.
Como en Castilla León, País Vasco o Galicia
Valderas ha señalado que Andalucía no es la única comunidad que ha decidido impulsar una normativa de estas características sino que hay precedentes en otras autonomías como Castilla y León, País Vasco o Galicia. En el caso andaluz ha advertido de que la decisión pretende “defender nuestro Estatuto, nuestra administración local y nuestros ayuntamientos y las competencias que tienen éstos atribuidas”.
En ese sentido, el vicepresidente ha considerado que la reforma de la Administración local planteada por el Gobierno central “había dejado terreno a la inseguridad y la incertidumbre”, que la Junta pretende solventar mientras se pronuncia el Constitucional que, según Valderas, dará “la razón” al Gobierno andaluz. El nuevo decreto cuenta con el respaldo del Consejo Andaluz de Concertación Local, un organismo consultivo paritario formado por la Junta andaluza y la Federación Andaluza de Municipios (FAMP).
Servicios Sociales
Uno de los aspectos que se intentan salvaguardar corresponde a los servicios sociales. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el decreto para frenar la aplicación de la reforma local “evitará que se alejen de la población” los servicios sociales comunitarios, los centros de información a la mujer o las competencias locales en salud.
Pero la consejera ha ido más lejos al cuantificar los efectos que la reforma local puede tener sobre el empleo si no se aplica el decreto. Ha dicho que hay más de 30.000 puestos de trabajo en Andalucía vinculados directamente a los servicios sociales, que se ponen en peligro con la aplicación de la reforma local, y también que son más de 100.000 los usuarios de estas prestaciones a los que protege el decreto.
La consejera ha insistido en que el decreto “blinda” las competencias que señalan “referentes legislativos autonómicos, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía”, frente a la “amenaza” que supone la reforma estatal para las competencias de los 772 municipios andaluces, pero especialmente para los de menos de 20.000 habitantes. “El Gobierno de España ya ha comunicado a Bruselas lo que se ahorrará con la aplicación de esta ley ¿y en qué se lo ahorra? En salarios, porque nada más que en servicios sociales supera los 33.000 empleos, que se perderían”, ha matizado.
