La Junta alega en el Constitucional por la recuperación de las 35 horas para los funcionarios andaluces
La Junta de Andalucía ha esperado hasta el último momento para mover ficha en defensa de la jornada laboral de las 35 horas para los empleados públicos andaluces. El decreto por el cual el Gobierno andaluz estableció la recuperación de esta medida fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 24 de julio tras el recurso que el Gobierno central interpuso en el último día que tenía para ello.
Este viernes expiraba el plazo para que la Junta argumentara ante el alto tribunal los motivos por los que defiende la jornada laboral de las 35 horas para los funcionarios, como hizo el Parlamento andaluz hace apenas un par de semanas. Fuentes de la Junta indican a este periódico que “por respeto” no han querido hacer públicas las alegaciones enviadas este mismo viernes, pero indican que lo argumentos son los mismos que han venido sosteniendo en lo relativo a que Andalucía tiene “competencia normativa” para ello, así como “capacidad económica”.
“La medida de 37,5 horas -recuerdan fuentes de la Junta- se tomó en los PGE de 2012 con un motivo claramente económico de reducción del gasto público. No era un tema competencial”. “Muchas de las medidas de carácter laboral que se tomaron en esa Ley de Presupuestos se llevaron al Estatuto Básico del Empleado Público, pero la de la jornada laboral no porque era una medida económica y que no tenía carácter básico”, añaden.
Las fuentes añaden que “nunca hubo jornada única en el conjunto de las administraciones públicas. En Andalucía había 35 horas, no en otras comunidades. En otros sitios, se prefirió subir salario u otras condiciones, y no reducir jornada. Es más, en la Administración General del Estado nunca hubo 35 horas, por lo que no se puede recuperar para ellos un derecho que no tuvieron, pero sí en aquellas administraciones que tuvieron 35 horas y que se amplió por la crisis y para recortar gasto”.
“Andalucía cumple déficit y deuda”
Por tanto, según concluyen las fuentes, “una vez que se han recuperado los ingresos, y que Andalucía cumple déficit y deuda, y que hemos pactado con los sindicatos, podemos volver a las 35 horas, porque es una medida laboral de carácter económico, no un tema competencial”.
Si no hay acuerdo para levantar la suspensión cautelar, los empleados públicos de Andalucía deberán volver a las 37,5 horas, que fueron implantadas nuevamente por el Gobierno de España en 2012, para propiciar el ahorro en personal en los peores momentos de la crisis y acabando con ello con un derecho conquistado en 1999.
Después de que intentos similares en las comunidades autónomas de Castilla la Mancha -ya tumbado- y Euskadi -a la espera de resolución- fueran igualmente impugnados, y también en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de España decidió que no establecería “ninguna diferencia” con Andalucía. Sin embargo, tras unas iniciales contradicciones entre los propios ministros, se abrió la puerta a un reestablecimiento de las 35 horas en el conjunto del país a partir de 2018 y por fases, lo que permitió a la Junta de Andalucía alimentar la esperanza de que pese a ese recurso no se suspendiera cautelarmente la medida.
Esta situación llevó a que incluso el PP de Andalucía, por boca de su líder Juan Manuel Moreno, intentara no descolgarse de la medida y por eso pidió expresamente a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administración Públicas, Cristóbal Montoro, que con la presentación del recurso no se pidiera la suspensión cautelar, para que mientras se decidía qué hacer con el conjunto de los funcionarios del país, por lo menos en Andalucía no hubiera cambios que luego iban a ser anulados de nuevo si había cambios desde el Gobierno de España para 2018.
