Los presupuestos de la Junta de Andalucía crecerán un 5,6% en 2016
En total 31.285 millones de euros suma el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2016, un 5,6% más que el presente ejercicio -cifra que eleva notablemente ese “más del 3%” del que se hablaba hasta la fecha- y es “fruto de la mejora de la economía, la eficiencia de la gestión y mayor recaudación por la lucha contra el fraude fiscal”, en palabras de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha celebrado que se pueda contar con un documento que “garantiza el blindaje de los servicios públicos” -todas estas partidas crecen- y que se haya podido casar con una “rebaja fiscal”, pese a que la comunidad autónoma siga estando “mal financiada” por el Gobierno de la Nación.
La consejera ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo de Gobierno tras cerrar el PSOE-A un acuerdo con C's que garantiza su tramitación en las próximas semanas. Estas cuentas, que superan la barrera psicológica de los 30.000 millones de euros que había tumbado la crisis, se han elaborado sobre una previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,6%, por encima de la media de los países del euro y que es el más elevado desde 2007. La estimación de crecimiento del empleo, cifra que no se suele ofrecer, la ha fijado en 190.000 puestos de trabajo entre 2015 y 2016, o sea, en torno a un 2,7%. Precisamente, entre lo más destacado de la propuesta del Gobierno de Andalucía, se prevé un total de 2.037 millones de euros (un 22% más que en 2015) para políticas dirigidas a luchar contra el desempleo.
La apuesta por los otros pilares, que son los servicios públicos, se ve en el incremento del presupuesto en las consejerías de Salud (4,8%), Educación (4,1%) e Igualdad y Políticas Sociales (4,5%). En el caso de las dos primeras se debe básicamente a un incremento de las plantillas (360 profesores y 218 sanitarios más) y a la subida de salarios (1% para todos los empleados públicos) junto a que van a cobrar el 25% de las pagas extras que no percibieron en 2012. Eso, unido a que se les subirá el sueldo un 10% los interinos a los que se les rebajó y se procederá a la recuperación del 100% de la jornada laboral en el caso de los no sanitarios que todavía esperaban. En total, 447 millones de euros más en la partida de personal para la recuperación de derechos laborales.
Por otra parte, la consejera ha resaltado un incremento de la inversión del 9,5%, con 306 millones de euros más hasta llegar a los 3.523, destinados sobre todo a políticas de rehabilitación de edificios e infraestructuras y transportes. Ha explicado que el presupuesto se ha diseñado bajo parámetros distintos a ejercicios anteriores. “Estamos en una nueva etapa del ciclo económico donde la política fiscal tiene que permitir el blindaje de los servicios públicos (…) pero también contribuir a un crecimiento de la economía” ha subrayado para justificar la rebaja de los impuestos. En concreto, ha recordado la rebaja del tramo autonómico del IRPF en dos puntos para las rentas por debajo de 60.000 euros (que supondrá 120 millones de euros menos en ingresos para las arcas públicas) y la devolución del 100% del tramo autonómico sobre el impuesto de hidrocarburos a los transportistas (unos 8 millones de euros de merma).
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es la que más crece
Junto a las citadas, crece el presupuesto para todas las consejerías, a excepción de una leve bajada en la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (-1.8%). La que verá más engordadas sus cuentas, con diferencia, es la de Empleo, Empresa y Comercio (30%) especialmente por los entorno a 100 millones de euros más para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para ejecutar las sentencias de los ALPE (asesores laborales de promoción de empleo) y orientadores laborales que la Junta de Andalucía deberá reincorporar. Por el contrario, también se reducen los presupuestos para el Consejo Audiovisual de Andalucía (-02%) y para pensiones asistenciales (-4,4%), esto último explicado por la propia evolución de la demografía. Pese a ello, las pensiones asistenciales experimentarán en su conjunto una revalorización del 2%.
La consejera ha reiterado que la Junta de Andalucía ha aplicado su propia regla de gasto para los 1.712 millones de euros extra del Gobierno de la Nación, lo que le permitirá disponer de 875,8 sin limitaciones, y una vez descontado, entre otros, lo destinado a cumplir el déficit o devolver el dinero de la liquidación negativa (porque el ejercicio previo recibió más de lo que le correspondía según cálculos del Gobierno de la Nación). Cree que esta decisión, tras no haber tenido respuesta a su propuesta por parte del Gobierno de la Nación, no va a suponer ningún problema. “Ha tenido tiempo de contestar, por lo que no veo problema (…). Máxime después de que ha quedado desautorizado con su metodología por haber sido reprendido por la Comisión Europea por los Presupuestos Generales del Estado”, ha puntualizado.
Esta semana se registrará en el anteproyecto de ley en el Parlamento de Andalucía, lo que permitirá adelantar su discusión en previsión de la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre, si bien la votación será tras las mismas, como es habitual. “Se pretende que no se vea contaminado por la campaña y el Parlamento de Andalucía se concentre en el bienestar de los ciudadanos”, ha justificado la consejera. En todo caso, ha dicho que ésta es una primera presentación de las grandes cifras y que en los próximos días se hará por consejería y por provincias.
Finalmente, otro dato de las cuentas que siempre despierta interés: la Junta de Andalucía prevé destinar 2.997 millones de euros a pagar deuda en 2016, lo que supondrá un 13,4% más debido sobre todo a los plazos de amortización que se han fijado. De todas maneras, María Jesús Montero ha recordado que “la carga financiera de Andalucía es muy inferior a las demás comunidades autónomas”, por estar en torno a un 15% cuando la media es del 20%. En este contexto, la consejera ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo de financiación en el convencimiento de la Junta de Andalucía de que esta comunidad autónoma sale “claramente perjudicada” por la aplicación del actual sistema.
