La Ley de Derechos para Personas con Discapacidad inicia el trámite parlamentario con críticas a su falta de concreción
El proyecto de Ley de Derechos para Personas con Discapacidad aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de agosto ha superado este miércoles el debate a la totalidad en el pleno del Parlamento de Andalucía, pero tras duras críticas de la oposición que ha rechazado la falta de compromiso del texto elaborado por la Junta de Andalucía para sustituir a una norma que data de 1999.
Por todo ello, la oposición ha avisado de que en el trámite parlamentario habrá que darle un buen repaso, que augura que el documento que finalmente sea aprobado se parecerá poco a lo registrado por el Gobierno de Andalucía.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha defendido la propuesta elaborada por su departamento para mejorar la protección de un colectivo que supera las 700.000 personas en Andalucía, o sea, prácticamente un 10% de la población. Tras asegurar que se quiere acompañar de un compromiso de inversión de 1.300 millones de euros por año, ha incidido en que con este proyecto de ley se acometen “reformas en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial”.
Las primeras críticas han llegado desde las filas de IU, que ha puesto énfasis en uno de los problemas más importantes que entiende que tiene esta norma, igual que el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que también ha aprobado la Junta de Andalucía y superó el debate a la totalidad el pasado mes de abril con su voto en contra, y es que “los derechos que reconoce están siempre sujetos a disponibilidad presupuestaria”.
En opinión de la diputada Marta Escrivá (C's), “más que una ley es un decálogo de buenas intenciones a la que falta concreción”, y ha rechazado que todo se deje a que luego se desarrollen normas para su cumplimiento porque no permite la misma participación. Ha mostrado también su desconfianza en la aplicación porque la Junta de Andalucía ha mostrado en muchas ocasiones que “del dicho al hecho a un buen trecho”.
Mientras, Podemos, por boca de Esperanza Gómez se ha expresado en términos parecidos: “Es una norma programa que no crea derechos”, ha enfatizado remitiéndose al informe del Consejo Económico y Social. Ha ido más lejos y ha calificado el texto de “falsa” por su “falta de compromisos”. De hecho, ha leído párrafos del proyecto de ley que sólo se limitan a “remitirse a futuros planes, protocolos, órdenes, decretos... que la Junta de Andalucía aprobará o no, como ya ha demostrado tantas veces”.
Desde el PP-A, el diputado Vicente Valero ha comenzado discrepando del “triunfal diagnóstico de la situación de la discapacidad en Andalucía” que ha hecho la consejera. Y ha puesto como ejemplo la falta de accesibilidad que todavía hay en el Parlamento de Andalucía y que padece en sus propias carnes, dado que tiene movilidad reducida. “Ha pasado el tiempo de presumir de política social y de igualdad”, ha recriminado a los socialistas. Igual que el resto de la oposición ha desconfiando de que esta “ley de palabrería” se acompañe de inversiones: “Enunciar y enumerar derechos no sirve de nada”.
“Le pese a quien le pese va a ser una legislatura de derechos sociales”, ha replicado por su parte la diputada del PSOE-A Soledad Pérez, molesta con los “mensajes cenizos” de la oposición. Ha aprovechado para enfatizar que “todos los derechos para personas con discapacidad en este país han sido aprobados con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”. Y se ha dirigido directamente a Vicente Valero: “Lo entiendo, le tiene que molestar que todas las leyes que le benefician las hayan hecho los socialistas”.
