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El exedil de Urbanismo de Granada niega confabulación con los promotores del 'Palacio de Hielo'

Luis García Royo está imputado junto a funcionarios y promotores, a quienes el fiscal los acusa de ponerse de acuerdo para recalificar ilegalmente 38000 metros cuadrados que pertenecían a Fomento.

El juicio decide si el Ayuntamiento de Granada vendió terrenos estatales como si fuesen suyos.

Uno de los promotores denunció el caso por no estar de acuerdo con lo que debía pagar al Ayuntamiento.

Exedil de Urbanismo acusado en el caso Palacio de Hielo niega "trama" y defiende su actuación

El exedil de Urbanismo de Granada ha defendido su actuación ante la Justicia / EP.

El juicio del 'caso Palacio de Hielo que se celebra desde este miércoles en Granada decidirá si el Ayuntamiento de la ciudad se apropió a sabiendas de terrenos que pertenecían al Estado en el convenio para la construcción dicho 'palacio' además de un centro comercial y viviendas. La denuncia la puso, precisamente, uno de los promotores sentados en el banquillo, que comparte con altos cargos de Urbanismo y el ex concejal del ramo, Luis García Royo (PP).

En la primera sesión han declarado el propio García Royo, que ejerció entre 2003 y 2007, durante el primer mandato de José Torres Hurtado; el ex gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, y otro funcionario. Los tres han negado la presunta confabulación en la que habrían participado con los promotores, y en concreto los dos últimos que los metros pertenecientes a Fomento se incluyesen a sabiendas de que no era legal atribuírselos al Ayuntamiento.

Lorente, de hecho, insistió en que los fallos en la extensión de las parcelas se deben a que había un fallo en la ficha pero que en los documentos del Plan Parcial estaban bien. Añadió que el Ministerio de Fomento no había registrado sus fincas en el Registro de la Propiedad y que fue finalmente el que las incluyó en este posteriormente a nombre del Estado.

En cuanto a García Royo, el edil insistió en que sus conocimientos de Urbanismo "no le permitían descender al nivel" de controlar los detalles de todos lo que se hacía alrededor del convenio. Ha recordado que si se aumentaron los aprovechamientos a nombre del Ayuntamiento en la reparcelación de la zona fue a partir de 2007, cuando él ya no era concejal, y ha negado que se sentase en ningún momento a negociar con los promotores más que en una ocasión, en la que se buscaron inversores para el futuro centro comercial y en la que también estuvo el alcalde.

Según la Fiscalía, García Royo intentaba aumentar los ingresos del Ayuntamiento

El presunto delito se encontraría en el trazado de las parcelas, ya que se incluyeron hasta tres que no pertenecían al Ayuntamiento, sino al Estado. En concreto, al Ministerio de Fomento: dos de Demarcación de Carreteras y una tercera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si el Ayuntamiento pretendía recalificarlas, debería haberlos tratado como un propietario más e incluirlos en la Junta de Compensación, algo que nunca se produjo. Según Fiscalía, el edil de Urbanismo intentaba aumentar los ingresos del Ayuntamiento, ya que los promotores le comprarían terrenos más amplios, y estos últimos aumentar el área edificable y, por tanto, sus futuros beneficios.

El caso llegó a lo Penal tras la denuncia de uno de los acusados, el conocido empresario granadino José Julián Romero, acusado de connivencia con García Royo aunque los abogados de ambos insisten en que entre ellos existe mala relación, ya que de hecho el concejal denunció por injurias al promotor y ganó cuando aquél lo acusó de "fabricar" los metros.

Romero, que llegó a ser embargado por el Ayuntamiento en 2009 por valor de 4 millones de euros por no pagar las cantidades debidas al convenio del Palacio, ha acusado en repetidas ocasiones de ser responsables de las operaciones tanto al alcalde José Torres Hurtado como a la sucesora de García Royo, Isabel Nieto, que ejerce desde 2007.

El regidor ya fue denunciado por los ediles del PSOE en el Ayuntamiento granadino al perdonar la deuda a Romero y al otro promotor imputado, de 8,2 millones de euros, por una finca, la del convenio, que luego pretendió vender por menos dinero, en una operación que nunca se produjo. En cualquier caso, el juez archivó dicha querella considerando que los socialistas tergiversaron los hechos para hacerlos parecer delictivos, y de momento el alcalde permanece libre de toda sospecha en este caso.

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