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Un juzgado cita al concejal de Urbanismo de Almería por unas obras cuando era diputado provincial

Castellón achaca a un "error" que se le investigue judicialmente y dice que no intervino en la adjudicación

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Purchena ha llamado a declarar al actual concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería, el popular Miguel Ángel Castellón, por un contrato del Ayuntamiento de Olula del Río cuando era responsable de Fomento en la Diputación de Almería. Esto ha provocado que el PSOE pida que sea destituido por parte del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), mientras que C's, que sustenta su gobierno, ha pedido respeto a la presunción de inocencia y que se respeten los tiempos.

Miguel Ángel Castellón, que según el auto que cita la agencia Europa Press ha sido llamado como investigado, ha indicado que “en ningún momento intervino” en el proceso de adjudicación de la obra para la mejora de la eficiencia energética en el Ayuntamiento de Olula del Río y ha calificado de “error” que se le achaque la elaboración de un documento por el que ha sido citado a declarar en el marco de la investigación en torno a Antonio Martínez (PP), regidor del citado municipio.

or la adjudicación de un contrato por parte del Ayuntamiento de Olula del Río para la mejora de la eficiencia energética del municipio durante su etapa como responsable de Fomento en la Diputación Provincial

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“El documento al que hace referencia el auto nunca ha estado en mi poder, no lo he visto nunca y ni siquiera conozco de su existencia como del resto que componen ese expediente”, ha indicado Miguel Ángel Castellón, quien ha interpuesto recurso de reforma contra la resolución del juzgado para precisar que no ha participado en ningún trámite de este procedimiento.

Con estos datos, muchos ojos miran a C's. “Separar de inmediato, de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, reza el primer punto del pacto anticorrupción firmado el 3 de junio de 2015 entre C's y PP por el Ayuntamiento de Almería. “El documento es claro y no nos temblará el pulso para hacerlo cumplir llegado el momento”, ha subrayado el portavoz de C's en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ante los medios en referencia a este asunto.

En un comunicado, C's ha mostrado prudencia con el tema: “Creemos en la presunción de inocencia y tenemos absoluto y total respeto por los tiempos y decisiones judiciales [...] y no vamos a pedir hoy la dimisión porque aún no ha sido llamado a declarar”. Entre otras cosas, ha subrayado, porque “los tiempos judiciales no son los tiempos políticos”.

Desde el PSOE, Juan Carlos Navas, sostiene que tiene que ser destituido “cuatelarmente” por el alcalde. “No sólo tendrá que declarar por ese motivo, sino que también tendría que estar dando ya explicaciones públicas por otro de los asuntos que investiga el juzgado [...] sobre la inauguración de una rotonda en el mismo municipio de Olula de Río cuando resulta que las obras no se habían todavía adjudicado por parte del área de Fomento que dirigía Castellón en la Diputación de Almería”, ha resumido en declaraciones recogidas por Europa Press.

En concreto, el juzgado ha abierto causa penal contra el alcalde de Olula del Río para dirimir si incurrió en delito en su gestión al frente de la corporación y ha acordado citarlo a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos de prevaricación, fraude, exacciones ilegales y de tráfico de influencias. Resuelve la apertura de tres piezas separadas en el mismo procedimiento “a efectos de claridad procesal y agilidad en la tramitación de la instrucción”.

Por un lado, la ejecución de una rotonda con cargo a los planes de la Diputación de Almería por parte de la mercantil Olumafi SL “con carácter previo a la adjudicación de la obra”; la celebración de un contrato de arrendamiento por parte del regidor con un particular de un paraje de propiedad municipal “con dictámenes contrarios a tal actuación tanto del secretario como del interventor”; y la adjudicación de un contrato para la mejora de eficiencia energética con Obras y Servicios Públicos SA (Osepsa) “cuando previamente ésta pudo haber intervenido en la elaboración del proyecto o las condiciones técnicas”.

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