Pilas 'castiga' a los bancos con 500 euros al año por tener cajeros en la calle
El Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) ha aprobado sus nuevas ordenanzas fiscales, en las que se incluye una tasa que grava a las entidades bancarias con el pago de 500 euros anuales por el uso del dominio público local con los cajeros automáticos.
La medida –que salió adelante en pleno con el voto favorable del Partido Socialista (PSOE) y las abstenciones de Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU)– no está recogida en la normativa de la mayoría de consistorios y servirá, según el alcalde, el socialista Jesús María Sánchez, “para paliar los abusos que cometen los bancos con los ciudadanos”.
La ordenanza aprobada en Pilas, sin llegar a ser pionera, si resulta llamativa por regular el uso que las entidades financieras hacen de la vía pública, de las calles, cuando los usuarios se acercan al cajero. Aunque no afectará por tanto a los dispositivos que queden en el interior de las oficinas de crédito.
Existen normas similares adoptadas por los ayuntamientos de Barcelona (entre 133 y 668 euros al año por cajero), donde fue apoyada por el PP, que exigió que lo recaudado se destine “a políticas sociales”; Plasencia, en Cáceres (recibe unos 5.000 euros al año); Barakaldo (Vizcaya), Vigo (Pontevedra) o Nerja (Málaga). En la localidad sevillana se aplicaría sobre tres o cuatro cajeros, en espera de que los técnicos municipales determinen la cantidad exacta, lo que supondría un ingreso de entre 1.500 y 2.000 euros anuales.
Abusos de los bancos
El primer edil pileño –que gobierna en minoría tras romperse el pacto con IU en marzo pasado– la califica como una “medida novedosa que nos permitirá recaudar fondos a los bancos que hasta ahora no habían tributado por este concepto, mientras los establecimientos y bares de nuestro pueblo sí lo hacían”. Y añade Jesús María Sánchez que seguirán “trabajando en adoptar todas las medidas que estén en nuestras manos, y que nos permita la ley, para paliar los abusos que cometen los bancos con los ciudadanos”. Estiman además desde el Gobierno local que el impuesto, “probablemente, tenga repercusión en otras localidades”.
La atípica composición del plenario –PP con ocho concejales, PSOE siete e IU, dos– casi paraliza la reforma impositiva, aunque los populares pasaron de anunciar su voto contrario a abstenerse tras negociar con el Gobierno local la 2paralización“ de otras tasas relativas al deporte y la cultura, que volverán a negociarse. Su portavoz, José Leocadio Ortega, califica de ”anécdota“ la medida contra los bancos por la repercusión final que tendrá en las arcas municipales, aunque la ve ”bien“ y entiende que cualquier cantidad económica ”que se use hoy para fines sociales, es poco“.
IU coincide con el PP en criticar el aumento “de otras tasas fundamentales para los ciudadanos”“, en lo ”anecdótico“ del caso y en que también se abstuvo en la votación. Aunque con un matiz. La portavoz local de la federación de izquierdas, Marisol Suárez, entiende que la cantidad que se cobrará a los bancos es ”insuficiente, muy poco“. Propone que se incremente hasta los ”2.000 euros al año por cajero como mínimo, que es lo que hablamos cuando gobernábamos“ junto al PSOE, y que se determine de manera explícita en la nueva normativa que el dinero ingresado ”se destine a gasto social“.
Habrá que reparar por tanto en el recorrido de una medida que comenzará a aplicarse en verano –cuando se publiquen las ordenanzas fiscales y pase el periodo de alegaciones–, y que pretende 'rascar' el bolsillo de los bancos. Y ver, también, si el nuevo impuesto “contra los abusos bancarios” se contagia a otros ayuntamientos.
