Guerra abierta entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta por los pisos turísticos: “Se alinean con la especulación”
A mediados de septiembre se aprobó en un Pleno Extraordinario una nueva normativa para frenar la turistificación de Cádiz. El Ayuntamiento gaditano apostó por la modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad.
La idea era que ya no se puedan inscribir nuevas viviendas con fines turísticos (VFT) en el casco antiguo, aunque podrán seguir operando con este uso las que lo hacen en la actualidad. Con esta nueva normativa se limitaría la construcción de hoteles y apartamentos turísticos a fincas con un grado de protección 0 y 1 debido a los problemas que existen para destinar estos inmuebles a uso residencial por las restricciones a la hora de realizar su rehabilitación.
El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) publicó un mes después la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Cádiz. Pero ahora corre peligro después de que la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, haya enviado un escrito planteando un posible recurso a ese cambio de norma turística.
La Agencia considera que “desde el punto de vista de garantizar la competencia efectiva, se considera que el Ayuntamiento de Cádiz, como poder público con capacidad normativa para regular la planificación urbanística, mediante la modificación del PGOU que nos ocupa, establece graves restricciones al acceso y ejercicio de la actividad del alojamiento turístico, al imponer barreras a la entrada o requisitos de ejercicio a los operadores, con una especial incidencia sobre las VFT, que pueden entrañar un cierre del mercado”.
“Limitaciones desproporcionadas” para la Junta
El escrito, firmado por José Félix Riscos, director del Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación Económica, concluye diciendo que limitaciones que establece el Ayuntamiento de Cádiz “no están justificadas en una razón de interés general; son desproporcionadas, al no estar acreditada que las medidas son adecuadas a los objetivos que se pretenden salvaguardar y, además, son discriminatorias. En definitiva, estas medidas perjudican no solo a los operadores económicos, sino también a las personas consumidoras y usuarias de estos servicios, que verán limitada la oferta de alojamientos turísticos, la diversidad de servicios en el mercado y, consecuentemente, al resto de actividades económicas conexas o complementarias con este modelo de actividad turística”.
El Equipo de Gobierno ha respondido avisando al Gobierno andaluz del PP que irá “a los tribunales o donde haga falta” en defensa del interés general y de un turismo de convivencia frente a un turismo “descontrolado o de masas”, con la tranquilidad, además, de que “hay sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian a favor de las limitaciones municipales a las viviendas turísticas”.
Desde el Ayuntamiento de Cádiz se considera que el informe de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía y su intención de presentar un recurso a la modificación del PGOU es “surrealista porque hasta tres consejerías de la Junta de Andalucía han informado favorablemente la modificación en el trámite de información pública”.
Para el Consistorio gaditano, lo que se consigue con la modificación del PGOU es “equilibrar el derecho a vivir en Cádiz con la economía” y limitar la actividad para que la ciudad no se convierta “en un parque temático”. Lo que busca la iniciativa es “eliminar la presión turística de gran parte del suelo residencial” y “proteger a los vecinos y vecinas de Cádiz de una especulación sin control que los expulse de sus barrios”.
Lorena Garrón, portavoz del Ayuntamiento, ha lamentado este “nuevo golpe que el PP y la Junta de Andalucía quieren asestar al municipalismo y a la autonomía local”, criticando que prefieran “alinearse con la especulación que ponerse del lado de la gente”.
La denuncia que provoca el recurso
El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, asegura que el recurso que se plantea realizar la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía a la modificación del PGOU procede de una denuncia que ha presentado la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía.
“No se pueden tomar medidas desproporcionadas, con estudios de parte, con sectarismo y una ideología contraria al turismo. Nosotros defendemos la convivencia entre vecinos y turismo, buscamos el equilibrio y la proporcionalidad entre la actividad económica y los vecinos. No estamos de acuerdo con la prohibición total”, explica Bruno García, que pide diálogo entre el Ayuntamiento y la Junta.
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