La cooperación internacional no es el problema

Defender la cooperación en un país roto por la crisis conlleva un ejercicio de honestidad política poco frecuente en estos días. Las palabras del diputado del PP andaluz Alberto Fernández sorprenden a las ONGD andaluzas por dos motivos:

Primero porque abundan en esa lógica maniquea que intenta enfrentar a pobres contra pobres (“Valderas lleva un año sin partirse la cara por los andaluces y sí por Bolivia y Venezuela”), por la cual pareciera que el objetivo de detraer fondos de la cooperación internacional fuera abordar ambiciosas políticas de lucha contra la exclusión social y la desigualdad aquí. Lo cierto es que en 2013 la comunidad autónoma destinará tan solo 1,70 euros de cada 1.000 de su presupuesto a cooperar con países empobrecidos, siendo la cooperación internacional una de las partidas que mayor retroceso ha sufrido respecto a 2012 (un 29% frente al 11% de media). Si se decidiera borrarla del mapa, como el PP ha hecho en muchas de las comunidades que gobierna, tampoco podrían resolverse los problemas que afectan a los andaluces y las andaluzas.

Segundo, porque provienen de una formación política que no ha tenido reparos de conciencia en provocar graves retrocesos en los derechos sociales de los españoles, entre ellos, fundamentalmente, la educación y la salud, ahondando en la brecha de desigualdad y pobreza en nuestro país.

Porque el problema no es la cooperación internacional: el problema es que uno de cada tres euros que ingresa el Estado español se dedica a pagar la deuda, que nos empobrecemos a ritmo vertiginoso y que aumenta exponencialmente la desigualdad: dentro de cada barrio, de cada ciudad, de cada comunidad y de cada país.

El problema es que, con la excusa de la crisis y con la austeridad como bandera, se ha recortado indiscriminadamente en aquellas políticas que sustentan los derechos sociales de los españoles, derechos que en Andalucía hemos seguido defendiendo desde la convicción de que pertenecen a todas las personas por igual, independientemente de donde hayan nacido.

El verdadero problema es que, en aras del principio (desgraciadamente ahora de rango constitucional) de equilibrio presupuestario, se ha profundizado en un sistema impositivo profundamente regresivo, que vacía las arcas públicas, y que se sustenta sobre las rentas del trabajo, haciendo que los que más tienen cada vez contribuyan menos.

Las ONGD de la Coordinadora Andaluza de ONGD creemos en la Cooperación Internacional. Con mayúsculas. En la del Estado, la de las Comunidades Autónomas, la de los Ayuntamientos, la de las asociaciones y ONGD, y en la de otras entidades. Las políticas, programas y acciones de cooperación son un indicador de calidad democrática, además del resultado de décadas de lucha de los movimientos sociales en nuestro país en contra de la injusticia social, pero también una demostración de visión estratégica en un mundo necesariamente interdependiente. Sea cual sea el nivel de la administración, vengan de donde vengan los fondos, que un gestor decida defender ciertos valores y ciertos compromisos para hacer de este mundo un mundo mejor, nos parece necesario, lógico y encomiable. Y que una sociedad como la andaluza lo defienda solo habla a su favor: dice de ella que es una sociedad comprometida, justa y solidaria.

Cuando el señor Fernandez dice estar “totalmente de acuerdo en que hay que hacer cooperación internacional, pero en educación, salud y lucha contra la pobreza. Todo lo demás es evitable” para objetar la utilidad de 400 millones de euros en los últimos cinco años, parece ignorar que la cooperación internacional está recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que las estrategias de lucha contra la pobreza que tanto le preocupan fueron aprobadas, con el respaldo de su partido, en la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 (capítulo I, artículo 4, prioridades sectoriales), entendiendo que se lucha contra la pobreza tanto con actuaciones en salud, educación, vivienda o acceso al agua como con el refuerzo a las estructuras democráticas (especialmente las más cercanas a la ciudadanía), la protección del medio ambiente, la promoción de la cultura o la rehabilitación del patrimonio histórico.

En estos días, la CAONGD ha propuesto a la sociedad andaluza y los partidos políticos la firma del Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación, un compromiso para consolidar una política pública de cooperación internacional para el desarrollo integrada de forma coherente con el resto de políticas sociales, con el objeto de mantenerla vigente en las agendas y presente en los presupuestos de las administraciones públicas andaluzas. Es una oportunidad excepcional para que el PP se comprometa, desde el rigor y la comprensión profunda de las estrategias de lucha contra la pobreza, con la solidaridad y la cooperación internacional.