Desprecio al Parlamento

¿Puede un miembro del Gobierno andaluz acudir al Parlamento y no informar de lo que se le pregunta? Ni puede ni debe, pero ocurre y además muy a menudo. Para muchos gobernantes acudir al Parlamento a dar explicaciones, informar y someterse al control de los grupos de la Cámara es como un mal trago que tienen que soportar. A algunos ya les queda menos, tanto si su partido no gana, como si no repiten en el Gobierno. Pero si además han ocultado información, estaríamos como mínimo ante un grave caso de desprecio a la Cámara que la oposición no debería dejar pasar. Si tienes un muerto en el armario y ocultas la noticia del fallecimiento la situación sólo puede empeorar.

El pasado 12 de junio, el excelentísimo señor consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, compareció en comisión parlamentaria para informar, a petición de los grupos de Podemos, Ciudadanos y Popular, sobre el uso de tarjetas de crédito en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Y Carnero ocultó, tapó, omitió, enmudeció y silenció a la Cámara una información que conocía desde al menos 12 días antes. La del uso de una tarjeta bancaria asociada a la Faffe para cargar 15 pagos en seis horas por un importe total de 14.737 euros en Don Ángelo, un prostíbulo de Sevilla. La Guía de Ocio lo describe como un local “erótico” para tomar “una copa con sensualidad” desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la madrugada.

Ese gasto se realizó hace ocho años, el 22 de marzo de 2010, y esa información fue remitida por los servicios jurídicos de la Junta al juzgado que investiga a la Faffe el pasado 1 de junio. Empleo tuvo conocimiento de la información días antes a esa fecha porque solicitó los extractos de gasto de la tarjeta a la entidad bancaria y una vez recabada la documentación la envió al gabinete jurídico de la Junta. Empleo ni informó a la prensa, ni el consejero pidió comparecer a petición propia ante el Parlamento, que es el encargado de controlar al Gobierno.

Aseguran desde el Gobierno andaluz que ni un euro público se ha gastado en “copas con sensualidad”, porque al día siguiente de la fiesta, que se celebró el mismo día que destituyeron a Antonio Fernández, acusado en el caso de los ERE, como consejero de Empleo y jefe político de la Faffe, alguien anuló los pagos y abonó en efectivo los 14.737 euros. Esa tarjeta estaba en poder de Fernando Villén, directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.

En su comparecencia del 12 de junio, el consejero de Empleo omitió toda esta información, pese a que la Junta de Andalucía está personada en el caso como acusación particular, al igual que el Partido Popular, que ya sospechaba del uso putañero de la tarjeta. Carnero no puede escudarse en el débil argumento de que los grupos parlamentarios no le pidieron esa información, porque sí se la exigió el Partido Popular expresamente. 

Esto dijo la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero: “Mire, señor consejero, le quiero preguntar ¿cuántas tarjetas había realmente en la Faffe? Estaba la del señor Villén, pero había otras tarjetas, que dicen que son para gasolina. ¿Puede especificar cuántas tarjetas había? ¿Quiénes eran los titulares? ¿Y cuánto se gastó? Y yo creo que también aquí, es buen momento, en aras de la transparencia, que diga cuánto es realmente lo que se gastó el señor Guillén en sus tarjetas en comilonas, en fiestas, en whisky, en los clubes de alterne y en lo que se lo haya gastado. Yo creo que es el momento que usted tiene que dar esas explicaciones”.

En ninguna de sus dos intervenciones en esa comparecencia, Carnero facilitó al Parlamento la información remitida al juzgado el día 1, aunque sí da cuenta de otras comunicaciones enviadas los días 24 y 29 de mayo a la sede judicial.

Empleo emitió este miércoles un comunicado en el que se remite “a la ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que las diligencias del sumario tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”. También niega que ocultara datos a la Cámara andaluza, a la que “se ha dado cuenta de la información que podía trasladarse en cada momento”. Es decir, de lo que consideraban oportuno.

En San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, consideran que Empleo ha cometido “un error gravísimo” que le puede salir caro a Carnero, quien este jueves tiene otra comparecencia parlamentaria. Ruiz–Sillero no descarta pedir su dimisión o su reprobación. 

Eso es lo que haría el profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías. “Da la impresión de que ha ocultado deliberadamente información al Parlamento. Leyendo su intervención uno diría que ha omitido a propósito referirse a ese gasto en concreto. Tendría sentido que a raíz de esto el Parlamento pida la dimisión o se presente al menos una iniciativa para reprobar al consejero por ocultar deliberadamente información relevante en su comparecencia”.

Ambas cosas son improbables que ocurran, entre otros motivos, porque el Parlamento andaluz celebrará la semana próxima su último pleno del actual periodo de sesiones y probablemente de la legislatura si, como apuestan muchos dirigentes del PSOE, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, convoca elecciones a la vuelta del verano.