Estrasburgo y la herencia revisable

Habló Estrasburgo y calló el silencio… es el problema que tiene la Justicia al moverse por irrealidades antitéticas que niegan la realidad.

Quizás en los tiempos del blanco y negro las cosas “eran o no eran”, pero la complejidad de una sociedad moderna no encaja en las casillas jurídicas que el Derecho coloca sobre la repisa de nuestra mirada. La Justicia, a la postre, sólo cuenta con un lenguaje binario de síes y noes que se traducen en decisiones como “inocente o culpable”, “ajustado a Derecho o no ajustado a Derecho”, “libertad o prisión”… aunque luego existan matices que traten de difuminar los limites y su contraste, y calmar algunas de las emociones que las acompañan. A pesar de todo ello, con frecuencia queda la sensación de que la “verdad judicial” no es del todo cierta.

Y si es un problema para la Justicia partir de esa limitación, más grave es el error de una sociedad que intenta reducir la complejidad de la realidad a lo que es una resolución judicial sobre unos hechos determinados. Las resoluciones judiciales definen más realidades verificadas que verdades absolutas, y lo hacen desde el límite siempre rígido y estrecho de la ley, no desde la abstracción y la imaginación.

Cuando los asesinos y asesinas de ETA fueron condenados a miles de años todo el mundo sabía que no pasarían más de 30 años en la cárcel, hasta el punto de que la propia Justicia tuvo que cambiar de caballo a mitad de la carrera para interpretar la ley de manera diferente, y aplicar los beneficios penitenciarios de forma distinta a como se venía haciendo hasta ese momento (2006), y de ese modo intentar conseguir que estuvieran el mayor tiempo posible en prisión sin sobrepasar ese límite infranqueable de los 30 años.

Ahora el Tribunal de Estrasburgo le dice a Estado español que no se puede hacer ese cambio, y que no se puede hacer porque nuestra propia ley lo impide. Es la forma de hablar de la Justicia, o sí o no, y en este caso ha sido no.

El dolor de las víctimas es comprensible, pero su dolor no debe ser instrumentalizado para justificar determinadas propuestas o para alcanzar conclusiones interesadas que lo único que hacen es minar la Democracia y sus valores. El Tribunal de Estrasburgo no ha dicho nada sobre que los etarras condenados no sean unos viles asesinos, ni que la condena impuesta en su día fuera injusta o inmerecida, ni que deben salir de prisión por una cuestión de Derechos Humanos… Estrasburgo lo único que ha sentenciado es que no se puede aplicar la ley con carácter retroactivo, aunque la consecuencia de dicha decisión genere dolor y tristeza.

Por eso sorprende la cantidad de interpretaciones “extrañas” que se están haciendo sobre el significado de dicha resolución, y por eso debe preocupar que se recurra a palabras ya escuchadas en otros contextos y ambientes como argumento de lo sucedido y como justificación de otras iniciativas. Una de ellas ha sido la idea de que todo es consecuencia de la “herencia” de Gobiernos anteriores, y la otra se refiere a una de las estrellas del Código Penal que prepara el Ministro Gallardón bajo la idea de “revisable”.

La medida de 'prisión permanente revisable' que ha propuesto el Ministro Gallardón ha quedado desvelada en su verdadero sentido en las reacciones que se han producido respecto a la denominada 'doctrina Parot'. Cuando se dice que en estos casos debería haberse aplicado una 'prisión permanente revisable', lo que en verdad se está diciendo es que en la práctica no habrá revisión, y que si la hay, ésta se utilizará para justificar que la prisión será permanente hasta la eternidad. En el fondo se trata de una jugada parecida a lo que se hizo con la 'doctrina Parot' para justificar por la vía del subterfugio lo que no se atreve a plantear de manera directa. Si lo que se busca es una pena de 'cadena perpetua', así debería recogerse en la ley, de lo contrario dentro de unos años nos encontraremos con otra sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que de nuevo hará callar al silencio bajo los argumentos más extraños.

En una Democracia, el Gobierno y la sociedad debemos ser coherentes con lo que se propone en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados, o creemos en los valores que nos identifican como tal Estado Democrático de Derecho, o buscamos una especie de venganza fuera de toda proporcionalidad creyendo que el sufrimiento de otros calmará el nuestro.

El dolor de las víctimas es comprensible desde el sufrimiento del daño propio o por la pérdida de seres queridos, pero si se pierde la ley y lo que representa, quien sufrirá será el Estado democrático, y con él toda la sociedad.