Unanimidad, sí pero cuando me conviene

Forma parte del argumentario político el afirmar que las leyes que afectan a las reglas de juego hay que aprobarlas o reformarlas por unanimidad. Tiene toda la lógica y sentido común aunque en política no priman, a veces, ni la una ni lo otro. La ley Electoral es, sobre todas las demás, la regla de juego mayor, porque fija las disposiciones para toda elección por sufragio universal directo, el número de diputados, la circunscripción territorial, el sistema de elección.

El Parlamento de Andalucía acordó este jueves el dictamen de un grupo de trabajo para la reforma de la ley Electoral en el que queda muy claro la resistencia y oposición de los dos grandes partidos, PSOE y PP, cada vez menos grandes, a tocar la proporcionalidad del sistema. Eso es justamente lo que piden los partidos pequeños (Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida) que reclaman que el porcentaje de votos se refleje con mayor exactitud en el número de escaños que obtiene cada formación. Para ello, proponen el aumento del número de diputados (el Estatuto de Autonomía marca “un mínimo” de 109, los que hay ahora) o reducir los escaños en las provincias que han perdido población y aumentar los de las que han crecido.

Los cinco grupos de la Cámara han elaborado dos centenares de folios con sus reflexiones y propuestas y el consenso se da en muy pocos aspectos, todos de rango menor. Después de más de un año de reuniones, el presidente del grupo de trabajo, el socialista Jacinto Viedma, ha concluido que hay “un alto grado de consenso” para regular los debates electorales en los medios de comunicación públicos, como mandata el Estatuto de Autonomía, pero ni siquiera en este aspecto los partidos se ponen de acuerdo. También hay concidencia en aumentar de 5 a 10 minutos el tiempo de los espacios gratuitos en esos medios públicos a los partidos sin representación parlamentaria. ¡Qué gran aportación y magnífico descubrimiento!

Si no fuera porque en ese grupo de trabajo han comparecido señoras y señores muy serios y preparados que han hecho el esfuerzo de presentar sus opiniones y sus análisis, se podría concluir que todo es un enorme paripé. Se quiere hacer creer que se va en serio hacia una reforma electoral en profundidad cuando en realidad, en el mejor de los casos, se introducirán retoques cosméticos que no supondrán lo que Podemos, Ciudadanos e IU piden: que el voto de los andaluces valga lo mismo y que el porcentaje de votos y de escaños se acerquen.

La reforma de la ley Electoral forma parte del acuerdo firmado por PSOE y Ciudadanos para investir presidenta a Susana Díaz. Es, por tanto, un compromiso, pero también lo fue en la anterior legislatura, cuando socialistas e Izquierda Unida gobernaron en coalición para hacer presidente a José Antonio Griñán en unas elecciones que ganó el PP. La promesa no vio la luz.

Los socialistas andaluces aseguran en sus documentos que “dada la trascendencia” de la reforma se debe alcanzar “la unanimidad de todos los grupos parlamentarios”. Pero no fue así en las dos últimas modificaciones. En 2005, el PSOE andaluz se propuso y logró introducir la obligatoriedad de que las candidaturas electorales fueran cremallera (presencia alterna de mujeres y hombres en la ordenación de la lista). No contó entonces con el apoyo del PP que además de abstenerse recurrió la reforma al Tribunal Constitucional, con el peregrino argumento de que la paridad electoral “ataca al pluralismo”. Los magistrados del alto tribunal avalaron la ley de la que destacó que “busca la igualdad real”.

En 2012, el PSOE de nuevo volvió a liderar el cambio de la ley para declarar incompatible a los diputados con los cargos de alcaldes y presidente de la Diputación. Y lo hizo a tan sólo cuatro meses de las elecciones autonómicas. El argumento que emplearon los socialistas entonces es que consideraban un “fraude el que se cobre un sueldo sin sumar la camiseta de parlamentario”. En realidad, el PSOE lo que buscaba era torpedear que los alcaldes del PP, que habían arrasado a sus adversarios en sus ciudades, ayudaran a la victoria del entonces candidato Javier Arenas en su cuarto intento por convertirse en presidente de la Junta. No hubo la unanimidad que ahora invoca el PSOE, el PP se opuso a la reforma y también la recurrió ante el Tribunal Constitucional que, de nuevo, avaló la ley que impide ser alcalde y diputado.

El PSOE parece pensar que el acuerdo por unanimidad sólo debe aplicarse cuando le conviene y es evidente que la reforma que defiende Ciudadanos, su sostén parlamentario, no le interesa. Según los propios cálculos de Ciudadanos la sustitución del método D'Hondt de reparto de escaños por el sistema Sainte-Lagüe supondría que con los resultados de las elecciones últimas, el PSOE perdería cinco escaños y dos el PP, mientras que IU ganaría tres, Podemos dos y Ciudadanos dos.

Tampoco a los socialistas (ni a los populares) les conviene impulsar la renovación de los órganos de extracción parlamentaria como la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Administración de la RTVA con una mayoría de miembros con el mandato caducado y bajas que no se han cubierto cuando solo queda un año de legislatura, siempre que no haya adelanto electoral. Que Podemos y Ciudadanos no estén presentes en esos órganos de control es un escándalo y un déficit democrático en el que debería tomar cartas en el asunto el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. Porque además de llamar a la tribuna a los diputados por sus dos apellidos ¿a qué se dedica Durán?