En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, celebrada en el año 2000, los mandatarios reunidos acordaron reducir a la mitad las personas que vivían en pobreza extrema y sin agua potable para este año 2015. Según el último informe de la FAO, el número total de personas en esas situaciones extremas se ha reducido hoy de 1.000 a 795 millones. Es un avance significativo, pero insuficiente, pues, además, el mismo informe advierte del crecimiento de la exclusión social en los países llamados desarrollados.
En Europa, por ejemploe, viven 123 millones de personas en situación de pobreza. Nuestro país ocupaba, en 2013, el sexto lugar por la cola en la UE, con el 27,3% de población pobre. Sin embargo, según la reciente Encuesta de Condiciones de Vida del INE, las cifras de pobreza y exclusión social en España han aumentado y afectan ya a un 29 % de la población, a casi 14 millones de personas. En Andalucía la situación es aún más grave, según el Informe de Pobreza y Desigualdad en Andalucía, con cerca del 40 % de población en situación precaria, tres millones y medio de personas.
Más alarmante aún es la pobreza infantil. Según UNICEF, en España ha crecido el número de menores en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, aproximándose a los 2.500.000. Y en Andalucía, casi la cuarta parte de los menores sufren privaciones básicas de alimento, vestido etc., y carecen de un ambiente familiar y social apto para crecer, educarse y desarrollarse.
Estos son los efectos más evidentes del aumento continuo de la pobreza, que genera crecientes desigualdades entre ricos y pobres: los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada día más pobres y no sólo por carecer de los bienes materiales primarios, sino también por verse privados de los derechos fundamentales de enseñanza, sanidad, trabajo etc., a que nos han conducido las políticas de recortes de los Gobiernos europeos y nacional del PSOE y PP. El Informe de la OCDE, de junio del año pasado, lo reconoce al admitir que la crisis no ha afectado por igual a todos, pues el 10% de las rentas más altas de España se ha librado de los efectos de la misma, aún más, ha aumentado su capacidad de gasto de lujo y suntuario. Como se ve, estamos lejos de que en este año se cumplan los Objetivos del Milenio, que han quedado reducidos a buenas intenciones y a papel mojado.
Son conocidas las políticas públicas llamadas de “protección social” o también “gasto social”, orientadas a paliar la pobreza, como todos los tipos de subsidios, ayudas y rentas mínimas, establecidas por el Gobierno central o los autonómicos. Desde muchos foros se sostiene que su ineficacia radica en su insuficiencia y reclaman consecuentemente que se aumenten las partidas, se amplíe el espectro de “beneficiarios” y se mejoren los controles. Es ésta justamente la reivindicación, ya secular, de los sindicatos “mayoritarios” y la promesa, también secular, de los partidos “con vocación de mayoría”.
Sin embargo, somos muchos los que estamos convencidos de que la ineficacia de estas medidas no radica principalmente en su cicatería presupuestaria –que es cierto- sino en la filosofía política que las inspira. Pues esta filosofía no persigue otra cosa que perpetuar la pobreza a pesar de que declaran perseguir lo contrario. Pues, al no ser estos subsidios acumulativos, las personas beneficiarias a quienes se les concede preferirán seguir percibiendo el subsidio, que es más seguro, y no se preocuparán de buscar un empleo, a no ser que éste tenga un salario superior al del subsidio, por lo que, como se dice, no evitarán nunca salir de la trampa de la pobreza.
Por todo ello, un número creciente de ciudadanos, ciudadanas y entidades autónomas defendemos, como remedio a esta situación, la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) o de ciudadanía, cuyas características son las siguientes: es un ingreso individual y universal, pagado a todos y a cada uno de los/as ciudadanos/as, sin importar con quien conviva; un ingreso incondicional, independiente de cualquier fuente de renta que disponga y, finalmente, suficiente e irrevocable, que supere el umbral de la pobreza. Actualmente este umbral se fija en España en 645,33 € mensuales. Afirmamos con rotundidad que esta RBU no es una medida en la línea de los subsidios, ayudas y rentas mínimas tan largamente ensayados, sino que se trata de otra propuesta completamente distinta, que remite a una concepción distinta del sujeto y que apunta a otra sociedad posible y asentada sobre ejes distintos a los que articulan a esta nuestra sociedad de esclavos jurídicamente libres.
Sencillamente, porque, en primer lugar, con la implantación de la RBU se erradicaría la pobreza, como es obvio, al recibir todos los/as ciudadanos/as esa asignación estatal por encima del umbral de la misma, sacando de la desesperación a muchas personas que viven en los países subdesarrollados con menos de 1 dólar al día y en los desarrollados con subsidios mucho más bajos que la RBU, con lo que con su implantación sí se cumpliría el primer Objetivo del Milenio.
Sin embargo, la implantación de la RBU no sólo serviría para erradicar la pobreza de cualquier tipo, sea normal o severa, sino que su objetivo principal apunta a afirmar la dignidad de todas las personas. Porque, en definitiva, no se trata únicamente del problema de desigualdad que genera la pobreza, sino que ésta constituye un problema de libertad. Uno de los fundamentos filosófico-políticos que hay detrás de la RBU es que si no se dispone de una situación social y política según la cual se garantice la existencia material a toda la población, aquellas personas que caigan fuera de esta situación no pueden ser libres, porque nadie lo es si tiene hambre o está por debajo del umbral de la pobreza, sino que dependerá de quien les dé de comer. Y sabemos además que las grandes desigualdades entre ricos y pobres comportan amenazas para la libertad de la inmensa mayoría de las personas, por lo que la implantación de la RBU favorecerá y fomentará la dignidad de las personas promoviendo su libertad.
Quitará el miedo al paro y aumentará el poder de negociación de la clase trabajadora, sobre todo tratándose de trabajos penosos; protegerá la igualdad de género dentro de la familia o pareja; permitirá elegir los trabajos que mejor se ajusten a las aptitudes personales y fomentará otros modos de vida más libres y gratificantes.
Por lo que, concluyendo, la implantación de una RBU o de ciudadanía no solo hará cumplir el primero de los Objetivos del Milenio, sino que también contribuirá a superarlos, lo que es más importante, construyendo los cimientos de una sociedad más justa.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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