Carta al presidente andaluz sobre la nueva Política Agrícola Común

Estimado Presidente:

La firma el pasado lunes y posterior atención a medios para presentar la “Declaración Institucional para reclamar una Política Agrícola Común fuerte solidaria y cohesionadora” en la que se recoge el mensaje de que deben mantenerse los criterios de asignación de los fondos europeos para que Andalucía no salga perjudicada nos está haciendo reflexionar mucho. ¿De verdad a Andalucía le va también que lo que más nos interesa es que no cambie nada?

Tenemos que valorar, ante todo, que no estamos ante una revisión del programa europeo sino ante una nueva definición de la PAC. Porque estamos en un nuevo escenario. La salida de Reino Unido, aportante neto de recursos obliga a replantear los presupuestos. La especialización de los territorios, los nuevos acuerdos de libre mercado, el despoblamiento de las zonas rurales, el cambio climático, son variables tan poderosas que obligan a replantear las bases de trabajo.

La Unión Europea ya lo está haciendo. Las estrategias dadas a conocer esta primavera: “Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para 2030: Traer la naturaleza de vuelta a nuestras vidas”, y “Estrategia de la Granja a la Mesa en pro de un sistema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente; nos parecen necesarios, oportunos y que contribuyen de manera valiente a la protección de la naturaleza, revertir la degradación de los sistemas, a mejorar la viabilidad a medio y largo plazo de nuestro sector primario y con ello la dignidad de los agricultores y ganaderos. ¿Por qué no se lidera desde Andalucía tan importantes y necesarios objetivos? Tenemos esa oportunidad, resultaría extraordinariamente positivo que Andalucía, una región agraria de referencia en la UE se visualizase que los fondos disponibles de la PAC van a servir de manera clara para mejorar el sector primario, pero también para que se conviertan en beneficios para toda la sociedad.

Puede ser muy relevante recordar ahora las principales medidas incluidas en el ámbito estrictamente agrario como:

• Reducir en un 50% el uso y el riesgo de fitosanitarios químicos.

• Reducir en un 50% el uso de los pesticidas más peligrosos.

• Reducir al menos en un 50% la pérdida de nutrientes, garantizando que no se produce un deterioro de la fertilidad del suelo, lo que supone una reducción de un mínimo del 20% del uso de fertilizantes.

• Reducir en un 50% las ventas de antibióticos para el ganado y la acuicultura.

• Desarrollar la agricultura ecológica con el fin de que el 25% de la superficie agrícola sea ecológica para el año 2030.

• Mejorar el etiquetado de los alimentos para animar a los consumidores a optar por productos más saludables y más sostenibles.

• Fijar objetivos obligatorios de reducción del desperdicio alimentario para 2023.

• Proteger al menos el 30% de las tierras de la UE. La protección será más estricta en el caso de algunos bosques, para los que se fijarán objetivos obligatorios de restauración en 2021. También estarán protegidas al menos el 30% de las aguas marítimas.

• Al menos el 10% de la superficie agrícola se destinará a usos medioambiental productivos y que favorezcan la biodiversidad, como bandas tampón, barbechos, setos, estanques,…

• Se restaurarán al menos 25.000 kilómetros de ríos y se plantarán 3.000 millones de árboles.

• Destinar cada año 20.000 millones de euros a la biodiversidad a través de diversas fuentes (fondos de la UE, nacionales y privados).

Analizando los objetivos hacia los que se dirige la UE y viendo los planteamientos que se están defendiendo desde la Junta de Andalucía, tiene todo el sentido plantearse, ¿Somos realmente conscientes de la situación en la que estamos? Porque en Andalucía, en lugar de entenderlo, asumirlo y colaborar con tan importantes objetivos de futuro, parece que queremos perpetuar un sistema que beneficia a unos pocos.

En un estudio realizado por nuestra Fundación Savia hemos comprobado cómo, la distribución de los fondos que se han venido realizado puede no ser el más adecuado y justo. En el año 2018, las grandes ciudades contaban con el 2,73% de las explotaciones beneficiarias de la PAC, los municipios intermedios, el 13,75% y los pequeños pueblos el 83,52% de las explotaciones. Pero si atendemos al domicilio de los beneficiarios, en las grandes ciudades se encontraban el 13,82%, en los municipios de tamaño intermedio el 33,78% y en los pequeños pueblos el 52,41%. Como puede comprobar las proporciones varían sensiblemente. Pero, es más, si nos fijamos en el importe de los fondos, a las grandes ciudades se destinó el 20,15%, a los municipios intermedios el 31% y a los pequeños pueblos el 48,85% (En el cuadro siguiente se pueden estudiar los datos). Se evidencia con ello una asignación de fondos a las grandes ciudades de grandes importes en relación con las explotaciones existentes en detrimento de los pequeños pueblos. Cabría preguntarse aquí se es razonable que los fondos agrarios tengan como destino final las ciudades.

Esa es la realidad de la antigua definición de la PAC, que necesita replantearse para asignar los fondos de manera más justa. Porque la PAC que ahora termina es injusta con ciertos sectores productivos muy importantes, como son la ganadería extensiva, la dehesa o el olivar de secano y montaña, por ejemplo. Es injusta en tanto que asigna menos recursos a los territorios más pobres, paradójicamente, los que más necesitan del respaldo público. El verdadero reto en el aspecto económico de la nueva PAC pasa por pensar cómo repartir el dinero disponible de forma más justa, esto es, que reciban más aquellos que más lo necesiten, aquellos cuya permanencia en el territorio y actividad sean más necesarios, atendiendo también a criterios sociales, ambientales, de generación de bienes públicos, esos que son complicados de recoger en el PIB pero fundamentales de considerar desde la acción de gobierno.

Andalucía ha sido pionera, es referente en el modelo de producción ecológica, el que mejor responde a los grandes retos globales de gestión del territorio, despoblamiento, cambio climático. ¿No sería más adecuado y coherente trabajar encarecidamente para ser el gran referente europeo y mundial? Tenemos el clima, los medios, la experiencia, el empresariado, la formación. Sólo falta decisión política.

Nuestros mayores siempre han mirado al futuro. Desde su sabiduría y experiencia, los manejos tradicionales piensan en la viabilidad de las explotaciones, el manejo del suelo fértil, la disponibilidad de los recursos hídricos considerando el impacto que su actividad va a tener, más que en sus hijos, en sus nietos. Una persona que siembra una encina sabe que nunca podrá ponerse bajo su sombra, aún así, siente la obligación moral de sembrarla, por sus nietos. Hagamos propia esta regla básica en las políticas de gestión agraria de Andalucía.

Tenemos que trabajar en lo que nos une, porque saldremos reforzados, podremos hacer valer sinergias de estado. No entendemos como en este caso, nos convertimos en valedores de segmentaciones, parcelaciones, defensores de unos derechos históricos que se han evidenciado como un lastre para el conjunto del territorio y el sector. ¿Es realista, es útil esa lucha? Debe ser el Plan Estratégico Nacional la referencia, el principal instrumento de impulso, innovación, sostenibilidad. Y permítanos que lo reiteremos, de justicia. La división territorial de las regiones agrarias en España, los derechos históricos, son un caso único en la UE. Quizás pudieron tener su razón de ser en su momento, pero es el momento de superarlo porque su vigencia provoca injusticias intolerables. ¿Pueden seguir los ganaderos de extensivo cobrando de media por hectárea admisible una ayuda de la renta 260% inferior a lo que cobran de media los agricultores? ¿Pueden seguir siendo discriminados a la hora de hacer el reparto de los Derechos de Pago Básico asignándoles, como hasta ahora, sólo el 21% de los mismos cuando sus hermanos agricultores están en posesión del 79% de estos derechos?

Una enseñanza muy poderosa de la crisis sanitaria provocada por el COVID19 es la necesidad de tener un sector primario sólido, eficiente, versátil, y también que nos proporcione gobernanza, autonomía. Estamos en un momento de emergencia socioeconómica y climática, quizás el mayor reto al que nos hemos enfrentado en décadas. Su solución no es fácil, requiere la colaboración y compromiso de todos, y también longitud de miras. Nos parece que la estrategia de inmovilismo que plantea su gobierno ante la nueva PAC en este nuevo escenario global, europeo y andaluz no es el que va a conseguir que Andalucía salga del vagón de cola de las regiones europeas.

Los criterios y directrices que nos llegan desde la UE que van a definir la nueva PAC pensamos que son ambiciosos y beneficiosos para el territorio, para el sector primario, para el futuro. No debemos ponernos a la defensiva y verlos como una amenaza porque en verdad son una oportunidad. La nueva PAC, si somos capaces de mirar al futuro puede ser la gran oportunidad para deshacernos de errores históricos, ineficiencias, injusticias. Debemos trabajar por ello con el sector, para, en un tiempo prudencial, hacer un proceso de actualización, modernización, reconversión. Y debemos trabajar con la sociedad civil, con los consumidores, con las andaluzas y los andaluces, generando una corriente de opinión pública en la que se visualice, se valore la producción agraria propia en su justa medida, que se reconozca por todos como imprescindible.

Es muy importante que se mejore la conciencia de los consumidores, que valoren adecuadamente la salud, la propia y la del territorio. Que entiendan que va de la mano una alimentación saludable porque los alimentos son de cercanía, de temporada, ecológicos, con menor impacto en el medio ambiente derivado del uso de fertilizantes, transporte, frío, etc. y que eso a la vez es la salud del territorio, porque es imprescindible proteger nuestro suelo fértil, nuestros acuíferos, nuestras variedades locales, nuestra cultura y sabiduría. Ello mejoraría sustancialmente la sensibilidad de destinar fondos públicos al sector agrario y romper el discurso reiterado y nocivo de la continua restricción de presupuestos.

En la Fundación Savia estamos por una PAC que apueste firmemente por la incorporación de los jóvenes, por la formación, por la innovación, y también porque las políticas públicas europeas, tan importantes para nosotros, distingan y estimulen los sistemas productivos que persigan la calidad del producto, la conservación del medio ambiente, que aporten valor añadido que se quede en el territorio, que posibiliten un medio rural vivo, la mejor garantía de futuro de nuestro modelo social y de convivencia.

Rogamos considere estas reflexiones y propuestas con el sentido y espíritu con el que las hemos formulado. La Fundación Savia es miembro de la sociedad civil que tiene como misión aportar en positivo para poner en valor lo rural.

Sonrisa,

Francisco Casero Rodríguez

Presidente Fundación Savia