El centro de internamiento de extranjeros de Algeciras está ubicado en lo que fue la antigua cárcel de la ciudad, un inmueble cuyo deterioro objetivo lo hace difícilmente habitable, y que plantea carencias que desde todo punto de vista aconsejan su cierre desde hace años. Esta es la opinión unánime de fuerzas políticas, organizaciones no gubernamentales, el sindicato unificado de policía, instancias judiciales e institucionales. Así consta en bonitos acuerdos, discursos y actas de sesiones municipales, resoluciones parlamentarias y memorias de actividades de multitud de colectivos sociales. Pero lo cierto es que el CIE sigue abierto.
Resulta doloroso el cinismo con el que nos dejamos conducir ante este flagrante atentado contra los derechos humanos. Hemos normalizado la convivencia con un centro en el que todo es eufemístico. No es una cárcel, aunque de allí no se puede salir, las personas ubicadas en él no están detenidas sino “retenidas”, y la ausencia de unas condiciones y servicios adecuados son alarmantes pero no tanto como para clausurarlo antes de contar con otro edificio construido donde seguir “reteniendo” personas sin documentación.
La razón por la que esta situación se prolonga en el tiempo es el escaso impacto social del problema que padecen las personas internadas. Salvo honrosas excepciones protagonizadas por un puñado de organizaciones sociales y políticas entre las que está a la que pertenezco, Izquierda Unida, la sociedad civil no está por la labor de erradicar discriminaciones establecidas por el lugar de procedencia de las personas, y mucho menos por respaldar políticas de cooperación y desarrollo que consoliden condiciones dignas de vida y trabajo en todo el mundo.
Nuestro país está siendo arrasado por políticas neoliberales cuyas consecuencias socioeconómicas y culturales aún no estamos en disposición de calibrar en toda su magnitud. Desmantelamiento de los servicios públicos, precariedad salvaje en el mercado laboral, corrupción descarada, exclusión social y pobreza infantil… Sin embargo, su aplicación no hubiera sido posible en una sociedad que no estuviese padeciendo una crisis de valores previa de mayor gravedad y calado que la crisis económica en nombre de la cual se han abierto paso las medidas que el capitalismo salvaje nos quiere hacer asimilar como las únicas posibles.
Todo parece poder revisarse a la baja, salvo el intervencionismo institucional de las grandes corporaciones económicas y la retirada de facto de soberanía y control democrático de los pueblos. En realidad, hablar de derechos humanos en general y de inmigración en particular, es algo muy incómodo en términos electorales, algo que hace la cuestión de los centros de internamiento de extranjeros perfectamente suprimible en los debates públicos de quienes quieren alcanzar o afianzar posiciones relevantes en el escenario político. Echar a pelear a pobres con pobres da resultados. Hacer creer que los problemas vienen en pateras y no en limusinas es pan comido, a tenor de los resultados obtenidos por quienes han aprobado otorgar el permiso de residencia por dos años a personas extranjeras que adquieran una vivienda de más de 500.000 euros, y que son los mismos que recluyen en los CIEs a personas sin papeles.
Aunque espero de corazón equivocarme, Algeciras tendrá CIE por largo tiempo. Un pequeño grupo de activistas nos seguiremos concentrando en su puerta periódicamente, y algunas seguiremos defendiendo que ninguna persona puede ser privada de libertad sin cometer un delito en toda institución o foro en que podamos hacernos oír. Pero mientras no seamos capaces de dar visibilidad a esta injusticia, y de sensibilizar en torno a ella a una mayoría que castigue en las urnas políticas migratorias como las consolidadas en Europa, seguiremos como hasta ahora: horror televisivo cuando naufragan embarcaciones atestadas de personas desesperadas para, inmediatamente después, asumir con total normalidad que encierren a los y las que toquen tierra.
Sobre este blog
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