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57 días después empieza lo más importante

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, camina hacia su escaño tras una de sus intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados en la primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

José Antonio Jiménez Ramos

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Todo el proceso que estamos viviendo desde el 10 de noviembre es el preámbulo de todo lo que va a ocurrir a partir del 7 de enero. Hemos presenciado una especie de ensayo general con público de lo que nos viene ahora. Los partidos de derecha y de extrema derecha han sacado la patita por debajo de la puerta de la política, ya no se esconden, lo tienen claro, van a hacer todo lo posible y lo imposible para impedir que la voluntad popular se imponga en forma de un gobierno de coalición progresista. De momento no lo han conseguido, con mucho esfuerzo y diálogo, ese gobierno tomará posesión de manera inmediata tras la investidura de Pedro Sánchez.

Otra característica de este periodo es el papel que han mantenido los medios apegados a los núcleos financieros y más recalcitrantes de la actual sociedad española. El lenguaje empleado, así como las desinformaciones y las deformaciones de la realidad que han mostrado durante estos 57 días, es solo un botón de muestra de lo que se avecina. Estos medios, por razones que podemos adivinar y que jamás confesarán, van a procurar dinamitar cualquier acción de gobierno que consideren inadecuada, van a ser los portavoces “sociales” de los intereses más contrarios a las necesidades de las personas. Su labor se prevé furibunda y a saco a favor del derrocamiento del gobierno progresista, por el procedimiento que sea preciso.

Esos medios beben los vientos del “golpismo mediático” que caracteriza a los medios latinoamericanos que actúan de forma fría y calculada como han demostrado en las crisis ecuatoriana o boliviana por no ir más lejos en el tiempo. En este sector habría que hacer notar la relevancia que tiene que desde la organización de los empresarios se hayan permitido la insolencia de querer vetar a una posible ministra; ¿quiénes les han elegido para tener autoridad moral de vetar a una persona que ha sido elegida en su circunscripción electoral con todas la garantías de la democracia? Podrán opinar lo que les parezca oportuno, pero vetos ninguno, habrá que estar atentos a este tipo de actuaciones, lo intentarán cuántas veces se les permita.

Por si fuera poco nos queda una tercera pata de esta mesa sectaria, el poder judicial en su cúpula y diversos ámbitos jurisdiccionales de alto nivel que como ha quedado demostrado se decanta por una acción muy cercana a la prevaricación, sin ningún tipo de pudor. Deciden sobre lo que no les corresponde a sabiendas de que serán corregidos, pero el daño ya se hizo y es difícil de superar.

La movilización social

Los casos conocidos del #1O o las sentencias recientes de órganos administrativos que deciden sobre la continuidad o no de un presidente autonómico o, por qué no, la contaminación social que suponen las decisiones sospechosamente ideologizadas sobre la violencia de género y la presencia de magistrados o magistradas cercanos a ámbitos partidistas que deberían ser anulados de su participación en determinados juicios que dictaminan sobre políticos del mismo ámbito. En este caso estamos hablando de uno de los poderes del estado que siempre que puedan van a servir a los diversos recursos o acciones judiciales que pongan obstáculos a la acción gubernamental.

Pero frente a todo este poder hay otro poder que debe ser llamado a la movilización social de múltiples formas y en diversos momentos. La mayoría progresista del estado español debe tomar conciencia que lo alcanzado con el acuerdo de gobierno debe mantenerse en el tiempo y, sobre todo, debe ser sustentado desde el compromiso crítico de la gente. No se trata de dar carta blanca a todo lo que vaya a poner en marcha este gobierno histórico, se trata de apoyar a los principios que lo sustentan, un programa conocido, una participación diversa y amplia de una buena parte del arco político, donde la propia diversidad es un valor, una voluntad de avanzar en procesos cada vez abiertos y plurales, el diálogo político como otra de sus bases, algo muy necesario en una sociedad que se vuelve de espaldas a la realidad, un compromiso escrito por luchar contra el cambio climático con la fuerza de la razón y del sentido común, un gobierno comprometido con la equidad y las mujeres como eje central de la sociedad, unas medidas para mejorar más a los que menos tienen, un gobierno que debe mirar más por las personas frente a lo que hemos sufrido en los últimos años de pérdida de derechos por la acción u omisión de los que ahora claman por una libertad mercantil y financiera que ha ahogado a esos derechos. Un gobierno que habla de cultura en términos humanos y no tanto mercantilistas; un gobierno que necesita de un apoyo consistente para que las inversiones en servicios públicos aumenten mucho más de lo que prevé el propio acuerdo. Un gobierno progresista que debe avanzar en reformas más cercanas a las personas y a los pueblos que constituyen este estado.

El nacimiento de este gobierno progresista necesita de apoyos serios y contrastados, con criterios fuertes tanto en las reivindicaciones como en el sustento de las bases del propio gobierno. Por eso es necesario movilizarse desde el primer momento para uno y lo otro frente aquellos elementos que quieren pararlo todo para que nada funcione y se convierta en el gobierno del fracaso. Está en nuestras manos.

José Antonio Jiménez Ramos, portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz

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