El grito de Doñana

Se han desoído todas las recomendaciones. Se mantiene la amenaza en mi tierra al Parque Nacional de Doñana. Desde el Parlamento Europeo no podemos más que sorprendernos ante el inicio de la tramitación en el Parlamento de Andalucía para la ampliación de suelo agrícola regable en Doñana, o lo que es lo mismo, regular las ilegales extracciones de agua y regadíos en la Reserva de la Biosfera. La iniciativa del PP, que han secundado Ciudadanos y Vox, ahora ha recibido un apoyo silencioso por parte del PSOE que con su abstención solo hace que la amenaza sea más patente y que se agrave con la sequía que estamos viviendo.

Recordemos que la Comisión Europea, a través de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, ha enviado al embajador permanente de España ante la Unión Europea una carta donde le transmite la honda preocupación de las autoridades europeas por las posibles repercusiones que tendrá esta iniciativa. La Unesco también ha exigido el cierre de fincas ilegales de fresas y sus pozos clandestinos en el entorno del parque y ha solicitado un informe sobre el daño que podría provocar en la reserva la legalización que demanda la derecha. Esta legalización pone en peligro la declaración como Patrimonio Mundial de Doñana.

Las derechas de PP, Ciudadanos y Vox sobre la gestión de Doñana se enfrentan totalmente a la orientación basada en datos de instituciones tan prestigiosas como la Unesco o a sentencias del Tribunal Europeo

Además, en junio de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió la denuncia de la Comisión por el deterioro del espacio natural de Doñana. Se nos condenó por incumplir nuestras obligaciones en la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats, porque no se tuvieron en cuenta las captaciones ilegales de agua y por no haber protegido los hábitats del parque. Por lo tanto, se obligaba a las instituciones españolas a iniciar una serie de medidas para poner fin a los incumplimientos “a la mayor brevedad”. Esta despreocupación por nuestra tierra nos enfrenta a una más que probable segunda denuncia de la Comisión ante el TJUE y la imposición de duras sanciones económicas.

Al Parlamento Europeo también se ha recurrido para pedir ayuda. Recientemente se aprobó retomar los debates sobre Doñana a través de la Comisión de Peticiones (PETI) en el Parlamento y será en abril cuando se abordarán las cuatro peticiones ciudadanas que denuncian distintas amenazas que se ciernen sobre el Parque Natural.

Por ello, por todas estas evidencias que secundan la amenaza a la que se enfrenta Doñana, nuestra obligación es recuperar su buen estado ecológico. Debemos mantener la batalla contra la legalización que defienden PP, Ciudadanos y Vox, que parecen incapaces de percibir la responsabilidad que tenemos con Doñana, con nuestra tierra, con el futuro.

Las derechas de PP, Ciudadanos y Vox sobre la gestión de Doñana se enfrentan totalmente a la orientación basada en datos de instituciones tan prestigiosas como la Unesco, a sentencias del Tribunal Europeo o a normativas tan asentadas como las Directivas Europeas, la Ley de Aguas Estatal y de Andalucía, o el propio Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

El mercado europeo al cual están destinados los frutos rojos es un mercado cada vez más sensible y preocupado por la sostenibilidad y trazabilidad de las producciones a las que acceden

Esta amenaza sitúa en el aire el futuro de un patrimonio como el de Doñana, dejando en suspenso las necesarias medidas para asegurar la preservación del valor universal y excepcional que esté bien protegido representa. Se hace en un momento en el que diversas instituciones y la propia Unión Europea reclamaban, de manera decidida, el cumplimiento de todas las medidas recogidas en el Plan de la Fresa para proteger y recuperar el buen estado ecológico del espacio y sus recursos.

El mercado europeo al cual están destinados los frutos rojos es un mercado cada vez más sensible y preocupado por la sostenibilidad y trazabilidad de las producciones a las que acceden. Con esta normativa se pone en solfa esta industria agrícola ante Europa, restándole toda la credibilidad que pueda tener ante consumidores y distribuidores. Por ejemplo, lo vimos con la decisión de cadenas de supermercados alemanes al dejar de comercializar productos procedentes del Mar Menor en Murcia ante las dudas sobre el papel de esta actividad en la situación de dicho enclave.

 A la falta de seguridad jurídica, de futuro y garantías que ofrece la norma que ha impulsado el PP se suma la guerra por el agua que ha propiciado entre agricultores en el territorio o el disparadero europeo en el que ha puesto al mercado de los frutos rojos.

Debemos tener en cuenta el momento tan crucial en el que se encuentra nuestro planeta con la crisis climática y las limitaciones, cada vez más acuciantes, de recursos vitales como el agua. La gestión de este tipo de enclaves tan excepcionales, cuyos valores trascienden el ámbito en el que se sitúan, es de una importancia vital para el futuro.

Ante las generaciones que vienen tenemos el deber de legar la riqueza y biodiversidad presentes para que puedan seguir viviendo y disfrutando de este patrimonio en las mejores condiciones posibles. Lo contrario es trabajar contra la humanidad, ni más ni menos. Por eso hoy hay que hablar claro y decirle a quien impulsa este tipo de modificaciones, que Doñana no se muere: la están matando y no lo vamos a permitir.