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El Parlamento andaluz inicia el trámite para indultar los regadíos ilegales junto a Doñana con la abstención del PSOE

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, interviene en el primer Pleno de 2022, junto al vicepresidente Juan Marín.

Daniel Cela


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El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la toma en consideración de la propuesta de ley de PP, Ciudadanos y Vox para legalizar 1.461 hectáreas de la corona norte de Doñana donde, desde hace años, un grupo de agricultores sustrae agua ilegal del subsuelo del Parque Nacional. Los terrenos se ubican en los municipios onubenses de Moguer, Rociana, Almonte y Bonares.

Algunos de sus alcaldes, portavoces municipales y agricultores afectados -junto con representantes de las organizaciones Asaja, COAG, UPA y UGT- han seguido el debate desde la tribuna de invitados. La iniciativa ha salido adelante con el voto de los tres grupos proponentes, que forman parte y sostienen al Gobierno de Juan Manuel Moreno, y con la abstención del PSOE, que se abre a “dialogar y negociar la iniciativa”. La posición de los socialistas se ha mantenido en secreto hasta el último momento. Había división en el grupo y algunos diputados no han sido informados del sentido del voto hasta el último minuto.

El acercamiento del PSOE de Juan Espadas a la iniciativa de PP, Cs y Vox -condicionado por la precampaña electoral y el temor de perder votos en el condado onubense- le aleja de la postura crítica del Gobierno de Pedro Sánchez, que este mismo miércoles ha pedido por carta a Moreno que “desista” de la propuesta de ampliar regadíos, advirtiendo del riesgo que corre España ante las autoridades europeas si ésta prospera.

De nada han servido las advertencias por escrito de la Comisión Europea, la Unesco, el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y un nutrido grupo de ecologistas, que condenan la medida como un “atentado medioambiental”, por esquilmar un acuífero que ya está “sobradamente explotado”. “No hay más disponibilidad de agua que la que hay”, había avisado el Gobierno central. Sólo los 17 diputados de los grupos a la izquierda del PSOE -Unidas Podemos y los no adscritos- han votado en contra.

Hace décadas que este conflicto del condado de Huelva está enquistado y bajo vigilancia de la Unesco y el Tribunal de Justicia de la UE, que reprocha a España no estar haciendo lo suficiente para solucionar el problema de los pozos ilegales de Doñana. Pero el problema no es sólo mediombiental. Los frutos rojos de Huelva que se exportan en los mercados europeos presumen de criterios de sostenibilidad, de respetar el equilibrio entre medioambiente y agricultura, pero los más escépticos creen que esta iniciativa “pone bajo sospecha la trazabilidad de los productos andaluces”, arriesgando el sello de calidad de la marca Andalucía y millones de euros.

Los grupos proponentes han puesto mucho énfasis para explicar que la iniciativa “no habla de agua, sino de suelo”. “No se quita un metro cúbico de agua a Doñana. Se legalizan terrenos de regadío, pero luego será la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir quien tendrá que autorizarles el uso el agua”, ha advertido el diputado popular, Manuel Andrés González, para subrayar que la ley “quiere resarcir el daño causado durante años a un grupo de agricultores”.

El portavoz de Cs Julio Díaz ha desviado el foco de responsabilidad hacia el Gobierno central, al que ha reclamado “el prometido trasvase y el desdoble del túnel de San Silvestre que garantice el agua” para los regadíos de la zona. El diputado de Vox, Rafael Segovia, ha acusado a los ecologistas y a los grupos de izquierdas de “mentir”, y les ha tildado de “nuevos caciques de la tierra”. “Les recuerdo una letra que cantan mucho, el himno de Andalucía, que dice: Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad. Pues es lo que están haciendo ellos”, ha dicho, señalando a los agricultores presentes, que han jaleado al diputado. Segovia ha cerrado su turno reprochando al presidente Moreno que en los últimos días “se haya arrugado”. “Como si esto no fuera suyo, como repartiendo culpas a los grupos...”.

La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, se ha dirigido directamente a los agricultores presentes. “Les están mintiendo, les crean faltas expectativas. El suelo del que hablamos es un humedal, no se puede hablar de suelo sin hablar de agua, y el problema es que no hay agua, porque el acuífero próximo a Doñana ya está sobreexplotado. Y eso no lo solucionan ni trasvases ni nada”, ha dicho.

El diputado del PSOE-A, Mario Jiménez, ha afeado al Gobierno de Moreno que no se haya sentado a negociar con “todas las autoridades hidráulicas con competencias en Doñana”, y que no pida informes jurídicos y técnicos sobre la iniciativa. “Ha engañado a los agricultores. No lo van a hacer, lo van a aprobar sólo para la campaña electoral”, aseguró. Sin embargo, Jiménez ha cerrado su turno ofreciendo “diálogo y acuerdo” para “hacer las cosas bien”, porque a lo mejor, ha reconocido, no se ajustó bien el mapa de hectáreas con permisos de riego junto a Doñana, en el llamado Plan de la Fresa, aprobado por anteriores gobiernos del PSOE. Tras la votación, el portavoz socialista se ha unido a los grupos proponentes en una foto de celebración junto a los agricultores presentes, frente al salón de Plenos de la Cámara.

La proposición de ley de PP, Cs y Vox se ha aprobado por el trámite de urgencia, que acorta a la mitad los plazos de debate, comparecencia de los agentes sociales y enmiendas. El calendario más optimista, según fuentes parlamentarias, permitiría aprobar la iniciativa en el plazo de dos meses, antes de que el presidente Moreno disuelva el Parlamento en marzo y convoque elecciones para el mes de junio, como sopesó el pasado diciembre. El antecedente más próximo es la Ley andaluza del Suelo, la llamada LISTA. El Consejo de Gobierno la aprobó el 21 de julio del año pasado y la envió al Parlamento, pero en agosto se suspendió la actividad de la Cámara. La tramitación arrancó en septiembre y fue aprobada por unanimidad dos meses después, el 24 de noviembre.

Pero el debate sobre la amnistía de los regadíos ilegales en Doñana que empieza ahora en comisión parlamentaria se antoja mucho más difícil que aquella, con un ambiente más enconado entre las distintas fuerzas políticas. No hay consenso entre los agricultores -con regadíos legales y con regadíos ilegales- y la posición de los ecologistas, del Gobierno central, de la Unesco y de Bruselas es de rechazo frontal, precaución o escepticismo absoluto. No se trata de un proyecto de ley del Ejecutivo andaluz, sino de una proposición que nace de los grupos que sostienen a ese Ejecutivo: PP, Cs y Vox. Esta fórmula ha permitido a la Junta esquivar procedimientos que son obligatorios para un proyecto de ley, como someter la norma al Consejo de Participación de Doñana, donde están representadas todas las administraciones y agentes implicados. La Junta tampoco ha solicitado un informe a su gabinete jurídico -algo que no es preceptivo ni obligatorio-, aunque la propia Comisión Europea ha arrojado dudas jurídicas sobre la viabilidad del proyecto.

El debate sobre la amnistía de los regadíos ilegales junto a Doñana ha inaugurado el último periodo de sesiones, sometido a la electricidad estática de las próximas elecciones. La Cámara dividida en dos bloques, el conservador y el progresista, bajo la amenaza de multas millonarias de la Unión Europea, que ha advertido al Gobierno de España de que acudirá a los tribunales si esta iniciativa prospera. Un debate enterrado en intervenciones gruesas de marcado perfil electoral. La tensión era tan palpable, que por la mañana ni siquiera el vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín, supo atinar al definir la posición de su grupo.

Al Parlamento han llegado dos proposiciones de ley idénticas sobre Doñana, una firmada por PP y Vox y otra por PP y Cs. Se han tramitado y defendido juntas, pero se han votado por separado. Las dos han entrado por el trámite de urgencia, pero Marín ha defendido por la mañana que no usarían ese procedimiento, que su propio grupo había registrado hace un mes. La presidenta de su grupo, Teresa Pardo, tampoco ha sabido corregirle, y finalmente la votación ha demostrado que el apoyo de PP, Cs y Vox era idéntico.

Sobreexplotación del acuífero

La doble proposición de ley de PP, Cs y Vox plantea modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana aprobado por el Gobierno socialista en 2014 -conocido como Plan de la Fresa- para poner coto a la sobreexplotación del acuífero del Parque Nacional con pozos ilegales. La norma determinó entonces que era “suelo agrícola regable” todo el que tenía esa consideración en 2004, ya que en la década que transcurrió entre ambas fechas hubo suelo forestal (sobre todo antiguas zonas de eucaliptos) que se reconvirtió a agrícola.

En esta situación se encuentran las 1.461 hectáreas de regadío contempladas en la proposición de ley, de las que destacan 335 sobre suelo forestal con la máxima protección ambiental. La vía para darles acceso al derecho a recibir agua es tan simple como borrar una década de un plumazo y fijar el punto de partida en 2014, cuando la Junta aprobó el Plan de la Fresa con Susana Díaz como presidenta. Para ello también hay que modificar la Ley Forestal andaluza, ya que PP, Cs y Vox consideran que se hizo una “aplicación restrictiva” de la norma estatal, lo que redujo la cifra de explotaciones que podían regularizarse y, a su juicio, provocó la “indefensión” de los agricultores afectados.

En esas hectáreas ubicadas en la Corona Norte de Doñana -a 20 kilómetros del espacio protegido- habría agricultores con documentación que acredita que el suelo que poseen es de cultivo, y por tanto la norma regularizaría su derecho a regar, y otros que carecen de permiso alguno y que han accedido al acuífero de Doñana “pegándole una patada a una verja”. Los alcaldes de los municipios onubenses donde se ubican estos regadíos, muchos de ellos del PSOE, calculan que son unas 500 hectáreas las que están en condiciones de regularizar. La organización ecologista WWF eleva la superficie amnistiable hasta las 1.903,7 hectáreas, un 30% más de su cálculo que estima la proposición de ley.

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