Mirando al futuro. Andalucía, por una solución federal

Las Autonomías fueron un avance histórico, pero el modelo debe continuar avanzando.

El Estado de las Autonomías supuso un avance histórico en el reconocimiento constitucional de la pluralidad nacional de España, pero ese marco institucional da muestras ya de claro agotamiento. La aplicación del 155 a la Comunidad Autónoma de Cataluña, la desigualdad territorial, la falta de funcionalidad federal del Senado o la asimetría del peso político ejercido como bisagra por las Comunidades Autónomas con nacionalismos fuertes son quizá los signos más evidentes de la necesidad de un cambio estructural. Tenemos un modelo de competencias descentralizadas comparable a cualquier estado federal, pero sin los mecanismos institucionales de representación y resolución democrática de conflictos y desequilibrios propios de este tipo de estados.

Autogobierno y  una definición clara en cuanto a su naturaleza estatal.

Los estados federales tienen dos componentes, por una parte, el autogobierno. En España, las Comunidades Autónomas tienen amplias competencias, pero no tienen una definición clara en cuanto a su naturaleza estatal, una de las características básicas de los Estados federales, como es el caso de la República Federal de Alemania, ni hemos asumido competencias para resolver los nuevos retos que se plantean en el siglo XXI.

Establecer cauces para participar en las decisiones legislativas y de planificación del Estado.

El segundo componente es la articulación federal que debería establecer los cauces para la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones legislativas y planificadoras del Estado central que afecten al conjunto de los territorios. La ausencia de estos mecanismos de articulación ha impedido las dinámicas de cohesión y alianza y ha provocado, en cambio, una dinámica política centrífuga en aquellos territorios donde había partidos nacionalistas con fuerte representación, como en País vasco y Cataluña, acompañada de una dinámica centrípeta en el resto, agudizando la polaridad en la opinión pública entre el independentismo y el centralismo.

Distribuir de forma equitativa las inversiones y  conseguir una financiación justa.

El resultado concreto de estas dos dinámicas es una creciente desigualdad económica entre territorios y por tanto situaciones muy distintas en el bienestar ciudadano. El territorio del Estado se ha dividido entre las Comunidades con una renta superior a la media, como Cataluña y especialmente País Vasco y Navarra (que cuentan con una

Red de Municipalismo en común de Andalucía financiación diferenciada), con fuerte representación nacionalista, y Madrid (que ha sido muy beneficiada por el efecto sede o capitalidad que le ha proporcionado ser la capital del Estado), y por otro las Comunidades que partíamos de una estructura industrial muy precaria como resultado de los efectos acumulados de dos siglos de profunda desigualdad territorial. En plata, la ausencia de mecanismos representativos de articulación federal ha impedido que se distribuyan de forma equitativa las inversiones, al mismo tiempo que hemos sufrido una injusta financiación autonómica.

Evolucionar hacia un estado federal y plurinacional.

Desde Andalucía defendemos el fin de esta dinámica perversa y proponemos una solución federal y plurinacional como el punto de llegada lógico en la evolución del Estado de las Autonomías. No vamos a consentir la imposición de soluciones asimétricas ni privilegios territoriales. Andalucía posee un legítimo patrimonio constitucional cuando, tras las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977, hace ahora 40 años, y del 4 de diciembre de 1979, conquistó la autonomía plena en el referéndum del 28 de febrero de 1980 por la vía del artículo 151 de la Constitución, y nuestra consideración como nacionalidad a la que en ningún caso vamos a renunciar.

Generar capacidad para superar la brecha industrial, financiera y tecnológica, y la dependencia de energías fósiles.

Nuestros principales problemas son el paro y la desigualdad, los bajos salarios y rentas y los altos niveles de pobreza porque no hay suficiente flujo de inversiones ni públicas (el Fondo de Compensación Interterritorial ha casi desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado y la inversión directa territorializada del Estado no solo no se plantea la convergencia sino que es muy inferior al porcentaje por habitantes) ni privadas, pero sí hay fuga de recursos materiales, humanos y financieros y depredación de nuestro patrimonio ambiental (incluso en parques nacionales como en Doñana), por lo que no tenemos suficiente capacidad para superar la brecha industrial, financiera y tecnológica ni la dependencia energética de energías fósiles.

Defender una posición jurídica de igualdad para la cohesión territorial.

Desde Andalucía defendemos una solución al conflicto territorial basado en el federalismo, es decir, más autogobierno y más gobierno compartido, donde los territorios tengan una posición jurídica de igualdad para la cohesión territorial, y en el reconocimiento de la realidad plurinacional en el Estado como expresión de la diversidad de sentimientos nacionales y de la pluralidad territorial y cultural de los pueblos en España.

Un Senado con capacidad legislativa real, compuesto por representantes de los Parlamentos Autonómicos  en situación de igualdad.

Por ello, los andaluces y las andaluzas reclamamos un Senado con capacidad legislativa real, compuesto por representantes de los Parlamentos o Gobiernos de las Comunidades Autónomas en situación de igualdad, que decida sobre las leyes y Red de Municipalismo en común de Andalucía planes del Estado central que afectan a todos los territorios. Y reclamamos las competencias que en el siglo XXI hacen realidad el autogobierno. En particular en Andalucía aspiramos a gobernar de manera soberana, nuestros ricos recursos energéticos, renovables y alimentarios y así aseguraremos que nunca más se imponen impuestos al sol; aspiramos a gestionar nuestras infraestructuras, para conectar de una vez por todas el puerto más importante del Mediterráneo, el puerto andaluz de Algeciras, a Europa, para vertebrar nuestras ciudades medias y capitales, devolviéndoles el ferrocarril que se les ha arrebatado; aspiramos a gestionar nuestros recursos hídricos, nuestro río Guadalquivir, para que nunca más se decida sobre nuestra tierra y su agua, desde la Glorieta de Carlos V de Madrid, en la ignorancia de la distancia; aspiramos a gestionar nuestro empleo público, para cubrir las necesidades de la ciudadanía andaluza, sin esperar permisos de Madrid para cubrir nuestros servicios públicos con la calidad que se merecen.

Una Andalucia federal con plena autonomía Municipal. Igualmente reivindicamos la plena autonomía municipal.

Los municipios han sido uno de los principales agredidos por la ola recentralizadora del Partido Popular. La “ley Montoro”, la regla del gasto, las limitaciones a la reposición de los empleados públicos, son solo algunos ejemplos de esta agresión a la autonomía municipal. Andalucía no se entiende sin sus municipios y la Andalucía Federal deberá tener entre sus prioridades la defensa de su capacidad financiera y su autonomía para la eficaz prestación de los servicios públicos que le competen, así como la propia igualdad territorial en esa prestación.

Una España justa de soberanías compartidas, que compense las desigualdades históricas.

Finalmente, pero no menos importante, la España federal, la España justa de las soberanías compartidas no puede olvidar la necesidad de corregir las desigualdades de hoy, fruto de la desigual desde hace siglos en distribución del trabajo y la producción. Un Estado Federal, con haciendas autónomas, tiene que ser complementado con un riguroso proceso de compensación histórica frente a la marginación a la que las alianzas de las élites del pasado situaron a Andalucía en beneficio de la industrialización de otros territorios más próximo a los circuitos de comercialización europeos.