Zonas de bajas emisiones: pegatinas para ricos, castigos para el resto

La posición del Partido Verde Andaluz sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) parte de una cuestión de puro sentido común: es imprescindible mejorar la salud pública y la convivencia urbana, reduciendo la contaminación y el ruido, pero montar zonas de bajas emisiones en las ciudades sin alternativas reales de movilidad supone una prohibición regresiva. Le reduce las opciones precisamente a quien ya tiene menos margen. Cuando una familia depende de un coche antiguo porque no puede permitirse otro, la ZBE funciona en la práctica como una multa diferida y de facto supone una expulsión del centro de la ciudad. Lo que produce no es transición ecológica, sino una segmentación social del derecho a moverse, a trabajar, a cuidar y a vivir la ciudad.

Defendemos una ecología política que no se construya contra la gente corriente, sino con una infraestructura pública que haga innecesario el coche. Por eso, una ZBE solo es legítima cuando el transporte público compite y gana: cuando te lleva antes, pasa con más frecuencia, cuesta menos en el conjunto de la vida diaria, es más seguro, más limpio y, sobre todo, es más cómodo y más conveniente. La transición no puede consistir en pedir sacrificios individuales dentro de un mercado amañado donde el coche ofrece libertad y el autobús impone esperas, incertidumbre y hacinamiento. La transición consiste en crear un sistema de movilidad pública que mejore de verdad la vida cotidiana y permita cumplir la finalidad básica de las ZBE: menos emisiones locales, menos humos y menos enfermedades derivadas de la mala calidad del aire. Cuando el transporte público no ofrece una experiencia mejor que el coche para la mayoría social, la ZBE pierde su función de política útil y se convierte en un mecanismo clasista: castiga a quien no puede cambiar de vehículo, mientras quien tiene renta alta compra la etiqueta adecuada y sigue entrando.

En términos sociales, la contaminación no se distribuye por “barrios más sucios” como si fuera una cuestión moral. Se distribuye por desigualdad. Los barrios y familias con menos renta tienden a sostener su movilidad con vehículos más antiguos, no por capricho, sino por necesidad. Una política pública que convierte esa necesidad en sanción está desplazando el coste de una obligación ambiental a los mismos de siempre, aunque el objetivo sanitario de reducir la contaminación sea legítimo y necesario. La cuestión política central no es la “pegatina”, sino la estructura: o se cambia el sistema de movilidad o se monta un sistema de castigos para quienes ya viven precariamente, con menos dinero y menos opciones.

La posición del Partido Verde en Andalucía es contundente: estamos a favor de las zonas de bajas emisiones como herramienta de salud y de ordenación urbana, pero solo cuando llegan al final de un cambio previo y profundo de la movilidad

El Partido Verde Andaluz no está “en contra” de la reducción de emisiones. Estamos en contra de cómo se están montando las ZBE: reducen emisiones y mejoran la calidad del aire, sí, pero lo hacen cargando el coste sobre quien menos margen tiene. La mayoría social quiere aire limpio y calles habitables. Lo que no acepta es que ese objetivo se pague con sanciones encubiertas a quien no puede cambiar de coche. La cuestión no es el fin, sino el diseño: una ZBE justa necesita alternativas reales antes de restringir. Que nos pongamos a la altura de nuestro objetivo porque no se puede prohibir sin invertir. La Unión Europea ha empujado marcos que priorizan el cumplimiento normativo en nombre de la calidad del aire, pero sin imponer con la misma fuerza la inversión material que hace posible cumplir sin castigo social. Y las administraciones responsables en nuestro país están aplicando la norma automáticamente para cubrir el expediente, sin transformar de verdad la movilidad urbana. El resultado es una medida percibida como ajena y punitiva, diseñada desde una burbuja social, por una casta política que nunca se ha montado en autobús, que no hace transbordos, que no calcula si llega tarde al trabajo por una frecuencia insuficiente.

En este sentido, la posición del Partido Verde en Andalucía es contundente: estamos a favor de las zonas de bajas emisiones como herramienta de salud y de ordenación urbana, pero solo cuando llegan al final de un cambio previo y profundo de la movilidad. Primero, un transporte público de calidad que sea claramente mejor que el coche privado en tiempo, frecuencia, seguridad y comodidad. Segundo, cuando no nos compense ir en coche, cuando se convierta en un capricho absurdo, entonces, sí tendrán sentido las zonas de bajas emisiones y podrán cumplir su función sin castigar a quien menos tiene.

Las zonas de bajas emisiones son necesarias y urgentes, pero con todo lo que comportan. Porque estamos hablando de dignidad. El Partido Verde no acepta el marco del “transporte público para pobres”. La movilidad pública debe ser un servicio de alta calidad: donde montarte no te humille ni te desgaste, y donde elegirlo sea la opción más lógica, no el último recurso. No queremos un transporte público para quien no tiene alternativa, sino para cualquiera que quiera moverse bien. Cuando en el ecologismo político hablamos de transición ecológica justa, hablamos de esto: la salud y el aire limpio no pueden depender de tu renta, ni tampoco de una cadena de renuncias impuesta a quienes ya viven con lo justo.

Por eso, insistimos: si la transición ecológica no es justa, no será.