Clemente Navarro: “La reforma local erosiona la capacidad de ofrecer oportunidades a la gente”
La renta real son los recursos con que cuenta cada ciudadano. No es sólo lo que ingresa, también influye cuánto le cuesta acceder a los servicios que necesita. Parece algo alejado de la reforma local. Sin embargo, Clemente Navarro -investigador del Observatorio de Gobierno Local en Andalucía del Centro de Estudios Andaluces y profesor de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide- , sostiene que “una legislación que reduce la capacidad de provisión de servicios de los municipios, que son los agentes de provisión en el territorio, lo que hace es aumentar la desigualdad de renta real”.
El ejemplo que pone es simple. Dos familias con una renta idéntica y un par de hijos tienen una situación desigual si una cuenta con una guardería pública en su municipio y la otra no. “Si tienes más servicios, eso influye más en tu vida cotidiana porque los costes no son sólo económicos, también de tiempo, de conciliación…, y cuando echas cuentas, la renta real es muy diferente”.
Esos son los servicios de bienestar social que suelen prestar las administraciones locales. Por eso la reforma local, que recorta su margen de acción en función de las capacidades económicas de los ayuntamientos, “va más por el camino de prestar menos servicios de bienestar, en el marco general de la reforma del Estado, que por aumentar las capacidades de los municipios en la prestación de servicios de bienestar”.
Lo importante no es sólo el tamaño
Navarro, que ha participado en unas jornadas sobre la reforma local organizadas por la Diputación de Jaén, ha explicado que tanto la actual legislación como la normativa redactada por el gobierno establecen como criterio prioritario, a la hora de asignar las transferencias, el tamaño. “El problema no es tanto de tamaño sino de condiciones socioeconómicas del entorno donde actúa el municipio”, señala el investigador. Como ejemplo compara dos municipios de 10.000 habitantes ubicados, respectivamente, en la costa y en una sierra del interior. El primero tiene mayor capacidad recaudatoria, por lo que sus posibilidades de prestación de servicios son mayores.
El profesor Navarro considera que ese sistema “produce mayor descohesión, mayor desigualdad territorial”. Lo que propone es lo que se denomina “ecualización fiscal”. Así se atenderían “las desigualdades territoriales: a municipios que tienen más necesidades y menor capacidad fiscal se le transfiere más, y eso produce mayor cohesión social”. La fórmula no es derivar fondos de unos municipios a otros sino “juntar esfuerzos”. En esa tarea considera fundamental el trabajo de diputaciones y mancomunidades. De hecho, entiende que cuando se sugiere la supresión de estos organismos “puede influir en un aumento de la desigualdad de la renta real”, porque son los que articulan el apoyo a los municipios con menos recursos.
Desde su perspectiva cualquier reforma de la administración local debe acometerse “atendiendo a esa diversidad” que la caracteriza y pensando en las consecuencias que pueda tener sobre la población. “La reforma intenta que sean otras unidades de gobierno las que actúen como provisoras de servicios de bienestar en España”. Pero al estar más alejadas de la ciudadanía, “lo que la reforma induce, probablemente, es a un proceso de privatización de servicios y el problema, en los estudios que hemos venido desarrollando, es que la externalización y la privatización siempre es menos eficiente en la prestación de los servicios públicos”.
Según Navarro eso no es sólo una suposición porque “en las grandes ciudades andaluzas ya se está produciendo una externalización en los servicios urbanos básicos (de alumbrado, basura, etcétera) y la evidencia muestra que ese proceso que induce hace que sean menos eficientes, es decir, más coste para menos servicios o menos calidad del servicio”.
Navarro entiende que es un error considerar la administración local como una parte separada del Estado. “Lo que hay que pensar es que encaje tiene en el marco general” para definir sus competencias y su forma de financiación. En esa línea entiende que “el municipio en España ha sido un instrumento vital para conceder oportunidades a sus habitantes. Y la reforma, en principio, va a erosionar la capacidad que tiene un municipio para ofrecer a sus habitantes esas oportunidades vitales”.
¿Podría eso reducir la población en el entorno rural? Su respuesta es contundente: “Los efectos no son de un año o dos, pero a medio y largo plazo, sin lugar a dudas”, sentencia. Eso podría modificar el aspecto de un Estado en el que el 95 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes; el 85 por ciento, en el caso de Andalucía.
