El 'tarifazo eléctrico' pone contra las cuerdas al regadío con subidas de un 1000 por cien

Las distintas organizaciones del sector agrario andaluz se han unido para convocar movilizaciones contra el llamado 'tarifazo eléctrico'. El 26 de febrero tomarán las calles de las capitales de todas las comunidades autónomas para exigir al gobierno medidas que reduzcan el impacto de la subida de la factura eléctrica en las comunidades de regantes.

Frente a otros sectores que han encontrado una compensación en el consumo o en la rebaja de impuestos para aminorar el aumento de la factura de electricidad, el campo ha visto como su gasto se duplicaba sin aumentar el consumo. El incremento se ha producido en la potencia contratada, de forma que se ha elevado, en muchos casos, en torno al mil por cien de su precio. Hasta 1.500 por cien en algunos de ellos, según los datos que maneja la Federación de Comunidades de Regantes (Feragua).

En Andalucía hay 1.100.000 hectáreas de cultivos de regadío, que suponen aproximadamente un tercio de la superficie cultivable de la comunidad. En los últimos años, aproximadamente 7 de cada 10 explotaciones andaluzas han introducido sistemas de riego eficientes que ahorran en el consumo de luz y agua. De hecho, el coste eléctrico se limita al suministro de los equipos para elevar el agua desde el río o el sondeo. El traslado se hace por gravedad.

La revisión tarifaria de agosto afectó al componente fijo, la potencia contratada para abastecer a esos equipos. En enero la subida ha sido lineal y asociada al consumo lo que ha complicado más las cosas. “El coste eléctrico ha venido a convertirse en el 40 por ciento del coste del agua, hasta el 70 en algunos sistemas que demandan más energía para elevar el agua”, señala Pedro Parias, secretario general de Feragua.

Más de 20.000 euros al mes más consumo y canon

Carmen Lara es gerente de la comunidad Nuestra Señora de los Dolores, de Arjona (Jaén). Agrupa 1.300 comuneros que trabajan 4.500 hectáreas de diversos cultivos (olivos, cereales, algodón y hortalizas, sobre todo). En 2003 esta comunidad pagaba 1.227 euros mensuales de potencia contratada. En 2008, cuando se eliminaron las cuotas especiales para regadío, la potencia contratada se situó en 5.816 euros mensuales. Las sucesivas subidas situaron esa tarifa fija en 10.191, en 2012. Ese precio era todavía “asumible”, según Lara. En agosto pasado, sus costes en electricidad se han situado en 21.158 euros al mes. Aparte tienen que pagar el consumo y el canon que abonan a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Con esa factura, el gasto eléctrico anual de cada comunero es 200 euros a los que debe sumar otro fijo, 120 por canon y gastos de la comunidad. Así que sin regar, ya tiene un gasto asegurado de 320 euros. “La forma de abaratar costes para el agricultor ha sido regar menos, cuando lo que incrementa la producción es regar”. Cristóbal Gallego, de la asociación de regantes de La Loma (Jaén) añade que “eliminar el riego es bajar la producción, pero no sólo eso, también los jornales y los ingresos sociales en la comunidad”. En Andalucía, el 70% de la mano de obra que se genera en agricultura está asociada al regadío. En términos absolutos son 220.000 empleos los que sufrirán los recortes a los que obligue el 'tarifazo'.

De momento las comunidades sobreviven “por inercia”, explica Lara, “no se toman decisiones drásticas porque no hay otra opción, esto no es un hobby o un concepto de la renta familiar, es la renta”. Por eso no se abandonan las explotaciones, pero sí los cultivos.

Juan Otero es el gerente de la comunidad El Villar integrada por 510 comuneros, los propietarios de 2.726 hectáreas de cultivos repartidos en los términos municipales de Fuente Palmera (Córdoba) y Écija (Sevilla). Dos tercios de su superficie están dedicados al cereal y al algodón, pero también hay otros cultivos como olivar, maíz, leguminosas u hortalizas.

Otero hace un cálculo sencillo. La potencia eléctrica contratada hasta agosto les costaba anualmente 62.576 euros. Desde agosto, su tarifa anual fija es de 88.383 euros. El gasto por consumo también ha subido. De 6.160 euros anuales a 7.826. Sus estimaciones dicen que para cualquier de sus comuneros los gastos fijos anuales rondan los 600 euros, contando sólo la potencia contratada, el canon para la CHG y los gastos de comunidad. Así que buscan cultivos que sumen el menor número de gastos adicionales.

Sistemas tarifarios de temporada

“Han dejado de ser rentables cultivos que antes lo eran” y el agricultor cambia de producción. “Por ejemplo, como el precio del maíz esté bajo no planto maíz porque el gasto de agua es tan grande como el de abonado”, ya que sólo pueden reducir gastos en la parte variable de la factura, el consumo. Además, tienen en contra las condiciones del mercado que no apuntan un aumento en la rentabilidad de sus producciones.

El 26 de febrero todos están llamados a la movilización. Las reivindicaciones son claras. Piden sistemas tarifarios de temporadas, que no les obliguen a pagar los máximos de potencia contratada todo el año. También, la posibilidad de cambiar de tarifa dos veces en el año, para reducir la tarifa fija en los meses que sólo necesitan mantener las instalaciones. Además, quieren que se favorezca el uso de energías renovables generadas en la comunidad, un IVA reducido como el que se aplica a otros sectores productivos y una rebaja fiscal en el impuesto asociado al consumo de energía, que también se realiza en otros sectores. Las respuestas a sus demandas las tiene el Gobierno.

Mientras tanto, Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que inste a Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a crear una línea de apoyo para agricultores, ganaderos, comunidades de regantes y agroindustria. Unas ayudas orientadas a la eficiencia y el ahorro energético, con el fin de rebajar costes. La coalición señala que el aumento de los inputs unido a los bajos precios, hacen que el margen de beneficio de los productores sea “más estrecho que nunca”. Según sus datos, la factura eléctrica de los regantes andaluces en 2013 podría haber alcanzado los 165 millones de euros, un 124 por ciento más que en 2004 y un 53 por ciento más que en 2008.