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Un juez ordena al alcalde de Punta Umbría que facilite información a ediles de la oposición

EUROPA PRESS

PUNTA UMBRÍA (HUELVA) —

El juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva ha estimado un recurso contencioso-administrativo interpuesto por concejales de la oposición y ordena al alcalde de Punta Umbría (Huelva), Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), a facilitar sin dilación el examen y consulta de la información sobre las ayudas sociales concedidas antes de las últimas elecciones municipales del pasado 22 de mayo.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha estimado el recurso contra la resolución emitida por el alcalde del Ayuntamiento puntaumbrieño denegando el acceso a los expedientes, al declarar vulnerado el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos de los recurrentes.

Uno de estos concejales y actual presidente del partido independiente UPU y portavoz municipal de la formación, José Carlos Hernández Cansino, ha asegurado que “tuvieron que llevar el asunto a los tribunales por la negativa reiterada a facilitar esa información a la oposición sobre las ayudas dadas durante la etapa preelectoral”.

Hernández Cansino, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, ha recordado que tras detectar que las ayudas sociales, inmediatamente anteriores a las elecciones municipales de 2011, “duplicaban las del mismo periodo del año anterior”, concejales de la oposición solicitaron los expedientes completos de las mismas y comprobaron que “entre el mes de abril y los primeros 20 días de mayo de 2011, se concedieron ayudas por valor superior a los 36.000 euros”, mientras que este montante descendió “hasta los 3.000 euros” después de las elecciones y en el resto del mes de mayo y junio.

Ante esta situación, ha señalado que los concejales de la oposición solicitaron la celebración de un pleno extraordinario al objeto de que se creara una comisión de investigación y pidieron toda la información relativa a esas ayudas, como los informes técnicos sociales, la situación económica y social de las familias, que “fue denegada al considerar desde el equipo de Gobierno que era información confidencial”. No obstante, ha remarcado que el propio secretario municipal “instó al traslado de los expedientes necesarios para confirmar ese posible uso electoral del dinero público”.

Por último, Hernández Cansino ha destacado una vez facilitada la información, será examinada y “si se confirma que esas ayudas fueron mal concedidas y con un uso electoral, no descartan seguir con otro tipo de acciones legales”.

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